El 1 de febrero inició formalmente el segundo período ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, donde resalta, por su enorme trascendencia para la vida nacional, la reforma constitucional en materia de educación, a partir de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un debate que se relaciona directamente con el proyecto de país y el tipo de sociedad que queremos construir.

En mi opinión, la iniciativa implica un cambio de fondo, que busca atender deudas sociales histórias, donde proliferan las carencias y la inequidad en el sistema educativo, donde se discrimina a niñas y niños de regiones en pobreza y se condena a la exclusión a millones de jóvenes. En México, solamente 38.4 por ciento de ellos pueden acceder a la educación superior.

Por ello, con un enfoque integral y humanista, la iniciativa pone en el centro el principio de inclusión y se propone alcanzar uno de los objetivos fundamentales para la reconstrucción del Estado de bienestar y para acceder a una sociedad menos desigual: universalizar el derecho a la educación.

Hoy es urgente enfrentar las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, que impactan directamente en el ejercicio o el no ejercicio de dicho derecho. La iniciativa se estructura a partir de esta realidad, y reconoce la educación como el medio para que las personas puedan ejercer todos sus demás derechos y como factor clave para la movilidad social, la equidad y la justicia social.

La reforma plantea edificar una política de Estado que sea incluyente, acorde con la diversidad cultural y étnica del país. Coloca en el centro el interés superior de las niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos. Promueve la transformación del sistema educativo nacional bajo los principios de gratuidad, laicidad, obligatoriedad, democracia, integralidad, equidad y excelencia. Propone asimismo rescatar el civismo, la formación de aptitudes para la vida, el pensamiento crítico, fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva integral e integradora.

 

Hoy es urgente enfrentar las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, que impactan directamente en el ejercicio o el no ejercicio de dicho derecho.

 

Cabe resaltar que esta iniciativa llega al Congreso con el antecedente de un proceso amplio de consultas y diálogo con los sectores involucrados, maestros, directivos, madres y padres de familia.
Una propuesta por demás acorde con una inversión histórica de recursos presupuestales, a través de la cual, el gobierno de la república inicia la construcción de 100 universidades en zonas rurales e indígenas, la asignación de 10 millones de becas y la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que abarca un componente estudiantil. Todo ello, en aras de posibilitar el ingreso y permanencia de niñas, niños y jóvenes en la educación.

Otro aspecto a destacar es que reconoce a las maestras y maestros de México su papel de la más alta trascendencia, quienes trabajan en condiciones casi siempre adversas. Es decir, marca el final de aquella campaña injusta de desprestigio auspiciada desde el gobierno anterior y que solo dañó la educación. Queda claro que no son las y los docentes responsables del problema educativo del país. Las causas deben buscarse en el abandono de las responsabilidades sociales y de la rectoría del Estado, en el modelo mercantilista e individualista impuesto en las últimas décadas, y desde luego, en los pactos obscuros y la antidemocracia, propios de aquel régimen autoritario.

En todo caso, deben mejorarse las condiciones de trabajo de maestras y maestros y garantizarse sus derechos, porque ello implica dignificar tal profesión, que es crucial, en el presente y el futuro del país.

Diputado
@ErnestoP_