El señor Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la ANUIES, no ha leído la Constitución, norma que nos rige a todos los mexicanos e incluso a los extranjeros que anden por el territorio nacional. Por supuesto, la carta magna también obliga a los organismos públicos, como son las universidades, pero don Jaime no lo sabe.

Hace unos días, en las audiencias públicas celebradas por la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma educativa, el señor Valls soltó de su ronco pecho algo que debería avergonzarlo. Dijo el egresado del ITAM con maestría por la Universidad de Essex, Inglaterra:

“El impacto financiero de la gratuidad es muy alto y afectaría los prepuestos de las instituciones públicas de educación superior… De eliminarse las cuotas estudiantiles sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios de apoyo a los propios estudiantes y se agravará la problemática financiera de las universidad e instituciones de educación superior”.

Obsérvese que el también exrector de la Universidad Autónoma de Chiapas no habló de eliminar los privilegios de la alta burocracia de nuestras universidades, donde los funcionarios de medio pelo para arriba disponen de automóvil, celular, secretarias, guaruras, choferes, gastos de representación y otros ingresos. No, para el señor Valls es mejor continuar con el viejo manoseo de la Constitución, convertida en letra muerta en lo que se refiere a la gratuidad de la enseñanza.

 

Ya hubo un caso en que la Suprema Corte dijo que el citado texto constitucional no decía lo que dice.

 

En la UNAM, la más prolongada huelga estudiantil, la de 1999-2000, fue ocasionada por el intento de aumentar las cuotas de inscripción y colegiatura a los alumnos. El rector que propuso tal desafuero fue Francisco Barnés de Castro, quien por supuesto contó con la acostumbrada mansedumbre del Consejo Universitario para aprobar cualquier barbaridad.

La UNAM ha cobrado tales cuotas desde su nacimiento en 1910 y en más de una ocasión eso fue motivo para despertar la justa rebeldía estudiantil. Sin embargo, desde hace varias décadas se tiene conciencia de que esos cobros violan lo dispuesto por el artículo tercero constitucional, que en el inciso d fracción IV a la letra dice: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Toda, aunque ya hubo un caso en que la Suprema Corte dijo que el citado texto constitucional no decía lo que dice. Pero la disposición ahí está y ni los gobiernos neoliberales pudieron modificarla, entre otras razones porque beneficia a la sociedad en su conjunto y garantiza el desarrollo de México. ¿No es suficiente?