En una reunión que tuvo lugar hace unos días en el edificio sede de la Cancillería, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, instó a los embajadores y cónsules de nuestro país a que no sigan defendiendo lo indefendible en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”. De manera vehemente les solicitó que no acojan más la “verdad histórica” urdida por el gobierno de Peña Nieto y que difundan la tesis de que aún no hay verdad objetiva alguna, pues ello será fruto del desempeño de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Tal acontecimiento, absolutamente inédito a la luz de los severos protocolos diplomáticos, evidenció la enorme importancia política, humanitaria y jurídica que tiene esta comisión. Ello no es gratuito ya que su creación obedeció al compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de desentrañar la verdad sobre los trágicos hechos acaecidos en la ciudad de Iguala durante la aciaga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Pese a esa indiscutible trascendencia, algunos juristas ortodoxos, genuinos puristas del derecho, han hecho sentir su opinión en el sentido de que las acciones que habrá de desplegar ese órgano sui generis no conducirán a nada concreto, entre otras razones, porque sus resultados carecerán de validez jurídica y no podrán ser utilizados a lo largo de la ruta crítica del nuevo sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial.

 

Se trata, ni más ni menos, de abrir la caja de Pandora y encarar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas décadas.

 

Aseveraciones de esa índole acusan severas deficiencias argumentativas. La más grave de ellas consiste en pasar por alto que saber la verdad es un derecho humano y por ende forma parte del llamado “Bloque Constitucional”, emanado de la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos vigente a partir del 11 de junio del 2011. Así pues, la comisión tiene plena legitimidad jurídica en virtud de que a través suyo se hará efectiva una prerrogativa fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de ser tales y sus logros, en consecuencia, estarán investidos de total juridicidad.

El enfoque en entredicho igualmente ostenta un criticable anquilosamiento retórico ya que es contrario a los notables avances en la materia existentes en el campo del derecho internacional. En el Protocolo de Minnesota, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, se previene que en tratándose de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes es pertinente dar curso a comisiones de investigación. En igual sentido, en la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Anzualdo Castro vs. Perú se estableció que echar mano de figuras novedosas como las comisiones de la verdad es el medio idóneo para propiciar las condiciones objetivas que posibiliten el cumplimiento de las cinco obligaciones que son consustanciales a los Estados: verdad, justicia, reparaciones integrales a las víctimas, otorgamiento de garantías de no repetición de los ataques y preservación de la memoria histórica.

Más aún, el funcionamiento del instrumento excepcional en cita constituye la respuesta precisa del Estado mexicano a los fuertes señalamientos formulados en su momento por diversas instancias de carácter internacional, a saber: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa.

La esperanza ciudadana en que la luz de la verdad brillará en toda su intensidad en el caso Ayotzinapa no debe ser defraudada. Los integrantes de la Comisión tienen una colosal responsabilidad. Lo que está en juego va más allá de la tragedia de Iguala. Se trata, ni más ni menos, de abrir la caja de Pandora y encarar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas décadas.