CONTRAPESO
La labor de la razón tiene como exigencia el orden. En política, este orden se llama derecho,
que es la supresión de la arbitrariedad y la regulación de las relaciones interindividuales de manera que
en ningún caso se realicen en términos desventajosos para nadie.
Carlos Castillo Peraza
Por Juan Carlos Romero Hicks
Uno de los preceptos básicos para que funcione una sociedad, un gobierno o un país es la correcta aplicación de la ley. Esto quiere decir que sin ambigüedad alguna se respete el Estado de derecho por gobernantes y gobernados, sin tener la posibilidad de exceptuar la norma por nada ni por nadie.
Desgraciadamente, hoy se mide diferente lo “bueno de lo malo” y sin tomar en cuenta ley o norma alguna, parece que la voluntad del presidente basta para definir qué es legal y qué es ilegal.
En lo personal, considero totalmente anacrónico que exista en la ley la prohibición de que ciertos cargos del gobierno no puedan ser ocupados por mexicanos naturalizados. Esto es absurdo y es contrario a la tendencia globalizadora, sin embargo, es mejor tener una ley anacrónica que una que haya sido modificada para que específicamente una persona pueda ocupar un cargo, y ese fue el caso de la llamada “ley Taibo”. Otro ejemplo de la arbitrariedad es el caso de Ana Gabriela Guevara que, sin demeritar su experiencia en el tema, simplemente no cumplía con el perfil académico para estar al frente de la Conade, y se exceptuó la norma. El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado o donde no cumple el perfil, y no es solo Taibo o Guevara, son decenas de casos comprobables que caen es dicho supuesto.
También está el caso de las famosas pipas para transportar combustibles que fueron adquiridas en Estados Unidos sin licitación. La respuesta del presidente ante el cuestionamiento sobre la licitación fue que no era necesario porque “no son corruptos” y suponiendo que no lo fuesen, entonces son totalmente incompetentes porque adquirieron bienes que no cumplían con la Norma Oficial Mexicana y la solución que encontraron fue modificar la norma.
La actitud autoritaria no solo ha sido notoria en los casos que benefician a personas afines al gobierno de Morena, también ha sido una constante cuando buscan atacar y calumniar a alguien.
El caso más reciente es el de Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que ha sido acusado, sin pruebas aún, de conflictos de intereses y de corrupción por López Obrador y su equipo.
Lo que aquí no se ha dimensionado es que lo acusó el pesidente de la república y que los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera se prestaron a presentarse en la conferencia de prensa de López Obrador para amenazar al titular de la CRE con frases como “podría haber conflictos” o “no estamos afirmando nada”.
No se puede permitir la arbitrariedad en la autoridad; la democracia y el Estado de derecho son opuestos a ello y el presidente debería de ser el primero en reconocer el imperio de la ley, ya que no es lo mismo hacer una acusación como un político opositor que como titular de la Presidencia de la República.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.