Las últimas semanas se ha agudizado el conflicto social en Venezuela y trascendido al ámbito internacional el diferendo social que enfrenta a buena parte de la población con su gobierno. El desencuentro viene de lejos, quizá desde los días finales del presidente Hugo Chávez. Instaurador primero de la revolución bolivariana y luego de la república del mismo nombre.
Llegado al poder por la vía electoral luego de un fallido golpe de Estado y haber sobrevivido a otro en su contra, el gobierno de Hugo Chávez modifico la Constitución de ese país hermano y solo abandonó el poder con su muerte. El actual presidente Nicolás Maduro, menos, mucho menos carismático y llegado al gobierno con el desgaste natural del ejercicio del poder del chavismo, recurrió al mismo expediente de realizar modificaciones al orden jurídico para mantenerse en el poder.
El caso es que, hoy, Nicolás Maduro se mantiene en el gobierno tras un nuevo constituyente y un proceso electoral que terminó de ahondar la división del pueblo venezolano, todo esto en el contexto de una profunda crisis económica y desde luego una crisis política que escala día con día. Muy recientemente tras un mitin, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Legislativa, desconoció a Maduro y se autoproclamó presidente de Venezuela, apoyado por el Poder Judicial, que envió un comunicado en tal sentido desde Washington.
La autoproclamación de Guaidó encontró eco en Estados Unidos, así como por parte de muchos países latinoamericanos y de la Unión Europea, especialmente Francia y España. Y posteriormente enviaron un ultimátum a Maduro para convocar en ocho días a elecciones o reconocerían el gobierno de Guaidó. El Vaticano, por su parte, a través del papa Francisco, solo ofreció su mediación entre las partes.
El gobierno de México se mantuvo neutral y se negó a cualquier desconocimiento del actual gobierno o a reconocer el autoproclamado.
El gobierno de México se mantuvo neutral y se negó a cualquier desconocimiento del actual gobierno o a reconocer el autoproclamado, recurriendo a los principios de la Doctrina Estrada que guían la política exterior del gobierno mexicano.
La postura del actual régimen le valió cualquier clase de improperios, acusaciones y denuestos, solo que quienes así actúan y se expresan olvidan los principios y valores que rigen nuestra política exterior y están contenidos en nuestro texto constitucional en la fracción X del artículo 89, que establece indubitablemente que prevalecerá: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, entre otros.
Hemos afirmado con anterioridad que resulta necesario rescatar la brillante tradición diplomática de México, en la cual nuestra voz era escuchada y atendida en el concierto internacional y desde luego éramos líder en América Latina. La posición de México y Uruguay en el actual conflicto venezolano ha servido para detener el ánimo injerencista y hasta una posible intervención militar de Brasil y Colombia con apoyo estadounidense.
Y esa injerencia militarista de otros países para resolver el conflicto interno de Venezuela es lo que busca nuestro país. No estamos apoyando ni a Maduro ni a Guaidó, la posición de México es tratar de acercar a las partes, establecer un dialogo en una mesa de negociación y, sobre todo, que sean los venezolanos y solo los venezolanos los que eviten un mayor derramamiento de sangre o una posible guerra civil.
La solución racional, la construcción de acuerdos, la concreción de consensos en puntos álgidos, siempre serán mejores que la salida militarista, primitiva, en la cual se privilegia el uso de la fuerza y el aplastamiento del contrario. Acatar los principios de nuestra política exterior es una salvaguarda para evitar injerencias externas en nuestro país.