En breve será dado a conocer el Plan Nacional de Derechos Humanos al que se ceñirá la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El fin de la simulación para enfrentar la crisis humanitaria que vive el país debe ser el objetivo estratégico a alcanzar a través de este instrumento rector de la política nacional. Por ello, es de esperarse que, contrario a lo ocurrido en los sexenios anteriores, ahora sí se echen a andar las políticas públicas y los andamiajes estructurales que se requieren a fin de que, bajo un claro y preciso enfoque de transversalidad, todas las autoridades den cumplimiento pleno e íntegro a la obligación capital de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales.
La esperanza de que ello suceda es un sentimiento de alta tensión pues a nadie escapa que la violación a los derechos humanos es estructural, sistémica, generalizada y de larga data. Dos acontecimientos permiten avizorar un futuro distinto al desastre proveniente de las complicidades, negligencias y estrategias fallidas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. El primero de ellos fue la reciente instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, órgano a todas luces insólito en la historia de las luchas ciudadanas en contra de las atrocidades cometidas por personeros del Estado y sobre el cual están colocadas las miradas de muchas instancias internacionales vinculadas con la tragedia de los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”.
El segundo fue el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Personas Desaparecidas. El diagnóstico que antecedió a su formulación no es sino la confirmación rotunda de la gran verdad que por años fue negada o disimulada: existen más de 40 mil personas desaparecidas, más de mil fosas clandestinas, más de 26 mil cuerpos sin identificar. Una catástrofe de esa magnitud solo puede explicarse trayendo al presente las certeras palabras de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob: “En el gobierno anterior se dio una simulación en la búsqueda de personas, lo que provocó que el país se haya convertido en una enorme fosa clandestina”.
La meta anhelada del imperio de la paz, la verdad y la justicia para los desaparecidos y sus seres queridos no será factible sin el brote de un poderoso acompañamiento ciudadano.
El compromiso establecido por Encinas fue claro y preciso: “El gobierno asumirá como una responsabilidad del Estado buscar a las personas ausentes y se castigará a los culpables, caiga quien caiga, y en caso de que sean agentes del Estado se aplicará la responsabilidad por cadena de mando”.
La estrategia en comento será transportada a la realidad mediante el desarrollo armónico de diversas acciones capitales: I) reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, II) involucramiento de colectivos y familiares de los desaparecidos en las tareas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, III) activación del Instituto Nacional de Identificación Forense y del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, IV) elaboración de un protocolo de investigación y búsqueda de desaparecidos, V) conformación de un programa de atención a víctimas, procuración de justicia e intervención ante autoridades penales.
A fin de asegurar el éxito de esta delicada encomienda política, social y humanitaria, también se dispondrá de los valiosos apoyos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología.
Sin embargo, la meta anhelada del imperio de la paz, la verdad y la justicia para los desaparecidos y sus seres queridos no será factible sin el brote de un poderoso acompañamiento ciudadano. El tema indiscutiblemente lo amerita. ¡Nunca más un México convertido en una enorme fosa clandestina!