Entrevista a David Arellano | Profesor investigador del CIDE

 

En dos meses y medio que lleva ejerciendo el poder Andrés Manuel López Obrador, han pasado muchas cosas en relación con cambios drásticos, recortes en la estructura y presupuesto del gobierno federal, así como nombramientos fallidos de funcionarios públicos. Al mismo tiempo es pronto para tener un certero diagnóstico de qué es lo que hará la administración pública (AP) en este sexenio pero, algunas señales están dadas bajo el argumento de la austeridad y el combate a la corrupción.

El principal elemento, “es un argumento general y global de que todo en la administración pública federal de México está mal y lo que se requiere es un rompimiento total, pero no se habla de una reforma, sino de un rompimiento de todos los esquemas posibles de la AP actual”, afirma David Arellano Gault, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

“Existe un prejuicio sin lugar a dudas muy grande contra la administración pública en general, sin distinción, ni grados, ni matices. Hay una idea de que se requiere un rompimiento contundente en general de todo el aparato administrativo, sí eso es correcto, hay algunas ventajas, pero también muchas desventajas que se empezarán a expresar en los próximos meses”, asegura.

El doctor en administración pública por la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, indica que “en México existe una gran desconfianza respecto al gobierno y se le tiene muy poco respeto a la administración pública, pues en muchas ocasiones es utilizada como brazo ejecutor del sistema de botín”.

Explica que “el partido que llega toma la administración pública como un botín dado, no se tiene servicio civil, no se tienen servicios profesionales creíbles, por eso es muy difícil defender a la AP ante la sociedad”.

 

Un día sin administración pública

Arrellano Gault, afirma que “lo cierto es que la administración pública en un país tan complicado como el nuestro genera una gran cantidad de servicios y productos sustantivos para la sociedad: trámites, licencias, vigilancia, supervisión, recursos, y eso requiere gente con capacidades y cierto grado de estabilidad”.

Por lo tanto, advierte, lo que se verá en los próximos meses es un sinnúmero de fallas en servicios y en entrega de productos ante el hecho de que lo que puede pasar en la AP es que se paralice, que esté realmente desbordada de trabajo y llenándose con gente que no conoce, que no tiene experiencia y no tiene la capacidad para estar en los puestos en los que se encuentra”.

De llegar a esta parálisis, dice, las consecuencias se darían en muchos ámbitos, por ejemplo “en el económico porque las capacidades y actividades que se hacen para que el país tenga calificaciones económicas o calificaciones de deuda, contrataciones internacionales muy complejas, pueden empezar a paralizarse o a caer”.

Agrega que en  “términos sociales podríamos llegar a ver parálisis en un montón de trámites importantes, ya comienza a haber errores de cobro de impuestos, de servicios públicos, las dimensiones pueden ser muy altas. Sería bueno hacer un juego de imaginarnos un día sin administración pública ¿qué pasaría en una ciudad como Ciudad de México o en cualquier ciudad grande del país? Nos podemos imaginar un montón de desastres”.

El investigador y académico del CIDE señala que en estos momentos el gobierno federal “plantea el diagnóstico de que toda la AP está mal, por eso hay que destruirla y empezar de cero, y lo que estamos viendo es la fase destructiva. La destrucción de puestos de trabajo, del prestigio de órganos reguladores autónomos, de organizaciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), destrucción en el sentido administrativo, porque se debe empezar de nuevo, esa es la idea”.

El problema es que hay que empezar de nuevo “muy rápidamente y Roma no se hizo en un día, no se puede construir una AP nueva de la noche a la mañana. Con tantas incertidumbres, existe una probabilidad muy alta de que este año lo pasemos en un proceso de destrucción constante y de poca construcción”.

 

Honesta y cercana a la sociedad

David Arellano menciona que por parte del gobierno “hay una propuesta, o por lo menos una insinuación, de crear una nueva  AP honesta y cercana a la sociedad, preocupada por los más pobres o por la gente más desfavorecida. Los argumentos son básicamente valorativos: ahora sí viene gente honesta, hará la gran diferencia, aunque no tenga las credenciales técnicas, laborales o profesionales, prístinas digamos”.

“Lo que no se ve todavía es la propuesta técnica, en particular, que logrará estos elementos, por ejemplo, lo que pasa en Conacyt, no es mala la idea de la buena voluntad o de hacer la ciencia más cercana a la sociedad, pero las primeras insinuaciones que aparecen son las de romper con todos los esquemas de discusión y consulta a la comunidad académica”.

Para el director de la División de Administración Pública del CIDE, “es muy curiosa la idea, pareciera ser que la ciencia y la tecnología en su política se harán solo desde Conacyt y no importará lo que piensen las academias, las universidades y los centros de investigación. Apenas estamos viendo los primeros indicios de qué implicaría técnicamente crea una AP más cercana a la sociedad, pero que no parece tener solidez técnica ni profesional desde el punto de vista administrativo o de gestión.”

Ante el hecho de que todo se hace bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, ya que “es uno de los argumentos más importantes que se plantean, ser una AP bien intencionada que por voluntad presidencial ya no será corrupta, eso ya será una enorme diferencia en la historia del país, ese es el argumento hasta estos momentos”.

“El punto de nueva cuenta es, por lo menos lo que se ha demostrado en todos los países, la voluntad política para reducir la corrupción es fundamental, sin ella no hay tal, eso ya lo tenemos creo yo, un primer paso, hay una voluntad política muy fuerte del presidente por luchar contra la corrupción”.

Sin embargo, “lo que también es cierto en torno a las experiencias internacionales es que no es suficiente la voluntad política, porque la corrupción está en muchas actividades y en muchas relaciones, empresarios, gobierno y sociedad, entonces también se requieren instrumentos transparentes de vigilancia  y control de la corrupción”.

David Arellano expresa que “la manera en que se linchó al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer ¡es terrible!, eso no se hace en ningún país, no se lanzan acusaciones de una investigación que está en ciernes. Si ese será el esquema de lucha anticorrupción hay que preocuparnos, porque lo que hicieron fue un linchamiento terrible, donde solo se dijeron cosas que podrían pasar si la investigación así lo muestra, mostrar indicios de corrupción, pero ¿qué pasa si rompes el debido proceso?”

“Son acusaciones, tienes que darle oportunidad al directivo de la CRE para mostrar si es cierto o no, o sea, se rompe el principio de presunción de inocencia. ¿Esa es la muestra de cómo se  luchará contra la corrupción en el país? Es algo muy viejo antiguo que se llama ‘utilizar el aparato del Estado para atacar por corrupción a tus enemigos’, en pocas palabras. Eso sucede en muchas partes del mundo, no se está inventando el hilo negro aquí, por eso hay una preocupación muy grande”, asegura.

 

Crear una AP más cercana a la sociedad, pero que no parece tener solidez técnica ni profesional desde el punto de vista administrativo o de gestión.

 

 

Hablemos de educación

Arellano Gault indica que en materia educativa todavía se está en ciernes para ver cuál será el estilo y la manera de racionamiento y negociación que políticas públicas tan complejas como la educación y ciencia y tecnología implican.

Aunque acepta que al menos está abierto el foro de discusión sobre la política educativa, hay un grupo muy dinámico que con datos y evidencias está tratando de dialogar en estos foros, luego de la crisis provocada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, quien presentó la iniciativa para crear la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, sin el consenso de la comunidad científica, que plantea la transformación del Conacyt para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), además de centralizar, bajo su mando, la toma de decisiones sobre las políticas científicas del país.

En este sentido, indica que la Academia Mexicana de Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) explicaron que se abrirán foros de discusión para diseñar la política de ciencia y tecnología, “entonces hay que esperar para ver si estos foros de verdad son participativos y si la participación de los diferentes grupos permite hacer modificaciones más razonables respecto a qué es lo que hay que hacer en esas políticas públicas para la educación, la ciencia y tecnología”.

Afirma que “la política educativa es parte fundamental, además, en un país como el nuestro, es una política social. El debate durante los últimos 25 años ha sido saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos, así como conocer los resultados de su utilización, pero para eso se requiere que los resultados sean transparentes, claros y evaluables”. Explica que “en la critica que hace el gobierno actual a la reforma educativa, tiene un punto a su favor, porque no se lograron los resultados y la evaluación tampoco sirvió para ayudar a que hubiera resultados, por tanto, la propuesta es hacer una liga mucho más directa entre gobierno y beneficiarios”.

Sin embargo, dado que este gobierno está moviendo todo a través de programas sociales que dan dinero a los distintos sectores de la población, el experto en AP señala que “es una solución válida, pero el tema es que tiene problemas de transparencia política y administrativa, si no se hace con transparencia es una entrega clientelar de recursos que más que obtener resultados reales lo que hará será generar clientelas para el gobierno actual, esa es la preocupación fundamental”.