El 20 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, un acontecimiento que no debería pasar inadvertido en la región latinoamericana y por supuesto en nuestro país.
En primer término, habría que considerar que el establecimiento de los días internacionales busca sensibilizar y generar conciencia sobre determinadas problemáticas que representan, por su trascendencia, las grandes asignaturas pendientes de nuestras sociedades y, a partir de ello, promover que los Estados y los gobiernos actúen en consecuencia, pero también para que ciudadanas y ciudadanos enarbolen las exigencias.
El Día Mundial de la Justicia Social persigue como objetivo resaltar acciones de la comunidad internacional para erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso de todas y todos al bienestar y la justicia social.
Para Naciones Unidas, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos; su búsqueda representa el eje de su misión en la promoción del desarrollo y la dignidad humana.
Cabe resaltar que México fue pionero en el reconocimiento de la justicia social a partir de la Constitución de 1917, como uno de los grandes principios que habría de inspirar y regir la construcción de un nuevo pacto social y del proyecto de país emanado de la Revolución, que significó la ruptura con el modelo liberal conservador, y buscó transformar la realidad marcada por las desigualdades, la explotación laboral en el campo y en las industrias, los despojos de tierras y las graves carencias sociales.
La carta de 1917 “había logrado superar las limitaciones de la Declaración francesa de 128 años atrás al considerar al individuo en su doble aspecto: individual y social; y al lado de las garantías individuales colocó las garantías sociales; armonizando las unas con las otras; completando estas con aquellas y viceversa”.
Esos y otros derechos sociales agregados con posterioridad fueron la piedra angular en la construcción del Estado de bienestar, que tuvo su desarrollo, auge y desmantelamiento ocurrido en el contexto de las reformas neoliberales y la instauración de un modelo de desarrollo excluyente, mercantilista, concentrador del ingreso y la riqueza.
Hoy estamos ante una oportunidad sin precedentes para reconstruir el Estado de bienestar, a partir del triunfo de un proyecto político que cuenta con un respaldo social y amplia legitimidad democrática; un catálogo de derechos humanos muy amplio, que deriva del derecho interno y los tratados internacionales, y una ciudadanía fuerte, activa y participativa.
La transformación de la vida pública, el combate a la corrupción, las acciones para enfrentar las desigualdades y a favor de la inclusión productiva, el fomento del sector social de la economía, la atención de regiones y sectores sociales abandonados por las instituciones son parte de la reconstrucción. Entre los desafíos que enfrenta, está la nueva complejidad social, un Estado endeudado, con presupuesto limitado e instituciones sociales en crisis. Es un entorno propicio para plantear nuevas alternativas, que nos encaminen a reconstruir la justicia social.