EDITORIAL
Se antoja ir a una de las “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador para hacerle una breve y muy simple pregunta: “¿Señor presidente, qué debemos defender?”
La semana que termina estuvo, como todas las anteriores, cargada de mensajes en contra de la corrupción.
Destaca sobre todo el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa, donde hizo un acertado llamado a los jóvenes a no dejarse deslumbrar por el dinero, las joyas y las marcas, iconos en la cultura del crimen organizado.
Anunció la impresión de diez millones de ejemplares de la Cartilla moral con la finalidad de regenerar valores culturales, morales y espirituales.
Ha “huachicolizado” las conferencias de prensa para convertir el petróleo en símbolo de la recuperación de la moral pública y defensa de la soberanía nacional.
En fin, López Obrador ha decidido pasar a la historia como cabeza de un movimiento histórico-mesiánico revolucionario centrado, sobre todo, en la reconstrucción del espíritu nacional.
Sin embargo, la pretensión de instaurar una nueva moral pública entra constantemente en contradicción con la violación del Estado de derecho y la intocabilidad e impunidad que se garantiza a diversos actores.
Al mismo tiempo que —con afán moralizante— se acusa a calificadoras como Fitch de ser “hipócritas” y cómplices del saqueo a Pemex, se permite a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquear las vías de tren en Michoacán sin importar costos y afectaciones a la población más pobre del estado.
La ideologización —esa “ideología canalla”— que traen a cuestas varios funcionarios los está llevando a no ver con claridad y a traicionar a ese “pueblo bueno” que dicen representar.
El 22 de enero pasado, la presidenta municipal del Puerto de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, del partido Morena, se paró en las vías de tren para decirle a los maestros que tienen todo el apoyo. “Tengo un mensaje del presidente López Obrador, me pidió que viniera a visitarlos para que me den más información sobre el problema ya que está interesado en resolverlo. Les manda saludos…”
Mientras la alcaldesa llevaba abrazos y besos a los bloqueadores de vías, el sector privado del país reportaba que el sector agroalimentario y automotriz estaba sufriendo pérdidas millonarias. Como bien dijo el diputado local Javier Paredes, de Movimiento Ciudadano: “la presidenta municipal se está prestando a cosas ilegales”.
Muchos quisieron ver detrás del bloqueo de las vías —ya liberadas— la mano del gobierno federal; una forma de presionar al gobernador Silvano Aureoles —calificado de frívolo y perezoso por sus adversarios— para obligarlo a renunciar.
Si esto es cierto, si los operadores oficiales están recurriendo a ese tipo maniobras, sin importar consecuencias para la gente y el país, significa que la 4T, más que un movimiento de cambio, comienza a adoptar las prácticas más oscuras del poder.
De ese poder que sustituye la política y el acuerdo por agitación, que crea conflictos para desestabilizar gobiernos estatales, reventar industrias o sindicatos, como ahora sucede en Matamoros con las maquiladoras.
Indica y alerta que está en vías de transfigurarse en ese PRI —que tanto dice abominar— que quitaba y ponía gobernadores a su antojo. Que ejerció el poder, en muchos momentos, sin principios ni valores, sin moral —como se dice ahora— y cuya consecuencia fue el desprestigio de ese órgano político y el triunfo de López Obrador en las pasadas elecciones.
Por eso preguntamos: ¿qué debemos defender, señor presidente, cuando la moralidad —de la que se habla— no coincide con el respeto al Estado de derecho y a una política con valores?