La cancelación de alrededor de 50 por ciento del subsidio al programa de estancias infantiles, si bien no implica ni su prohibición ni cierre definitivo, sí obliga a un alto porcentaje a cerrar sus puertas, y así dejar a miles de personas sin empleo de forma directa e indirecta, y lo más importante: niños que quizá quedarán desprotegidos.
Es un acto de discriminación institucional que afecta a los niños más pobres y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador lesiona los derechos conquistados por las mujeres, aseguró hace unos días Lía Limón.
Debido a presuntas irregularidades y corrupción en las estancias infantiles, el gobierno federal anunció que dará un apoyo directo de 1,600 pesos por niño a padres y madres de familia, cada dos meses.
Las 9,565 estancias infantiles que aún existen atendían a casi 330 mil niños, esta cifra es mayor a los menores que el IMSS e ISSSTE recibe, la gran mayoría de las madres beneficiarias del programa lo califican positivamente porque les permite trabajar y generar ingresos.
Muchas de las madres han advertido que gracias a las estancias infantiles pudieron encontrar un empleo y si este programa desaparece tendrían que dejar sus trabajos, porque no todas cuentan con una red familiar para el cuidado de los menores.
En días pasados, el secretario de Hacienda Carlos Urzúa dijo que la propuesta es darle el dinero a “las abuelas” de las familias, que seguramente, dijo, cuidarán mejor a los niños; este mensaje es insensible y carece de una perspectiva de género, ya que se perpetúa la idea de que las mujeres son las “responsables” del cuidado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se quiere responsabilizar de un sistema roto, como considera el modelo actual de estancias infantiles; sabia decisión, pero debe estar consciente de que el Estado es responsable de proveer políticas para el cuidado integral de la familia y velar por los derechos de la infancia.
Sin embargo, otras voces afirman que crear estancias infantiles subrogadas no fue una solución para asegurar una adecuada instrucción a los niños de cero a cinco años de edad, pues se aplicó una política de mercantilización del cuidado de la primera infancia, sin que el Estado asumiera su responsabilidad de garantizar una verdadera educación inicial para los menores, afirmaron pedagogos y docentes.
Teresa Garduño, fundadora y directora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, resaltó que hubo proyectos exitosos, sobre todo de estancias infantiles comunitarias, pero los errores y excesos en los que se incurrió deben ser corregidos.
Un acto de discriminación institucional que afecta a los niños más pobres y lesiona los derechos conquistados por las mujeres.
La especialista calificó de infame que durante el gobierno panista del expresidente Felipe Calderón se permitiera que cualquier persona pudiera abrir una estancia en su garaje, sin importar en qué condiciones ni quién ofrecía estos servicios.
Al respecto, Pedro Hernández y Francisco Bravo, dirigentes sindicales y profesores con más de 30 años de servicio, enfatizaron que el gobierno federal descuidó el programa de estancias infantiles al no prevenir que se hiciera un negocio del cuidado infantil, y sin asumir que impartir educación inicial también es responsabilidad del Estado.
Señalaron que en diversas entidades, las estancias infantiles quedaron en manos de partidos y organizaciones sociales, lo que también fomentó un uso clientelar de estos servicios, cuya calidad podía ser excelente en algunas estancias, pero en otras simplemente se vigilaba que los menores tuvieran alimentos y cuidados básicos, sin generar ningún proceso de estimulación temprana.