Diez son las acciones concretas que ha puesto en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fin de evidenciar que en el ámbito de los derechos humanos se está materializando un espectacular quiebre de la línea de simulación rigurosamente seguida por las administraciones precedentes. El giro paradigmático en cuestión arrancó con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, a la que se sumaron otras medidas sin paralelo en la historia reciente como la próxima apertura de los archivos relacionados con violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales.
En estos días emergieron otras tres muestras que vienen a corroborar la existencia de un genuino espíritu de cambio. Primeramente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob instaló el Grupo de Apoyo Técnico, mecanismo interamericano de cooperación y asistencia técnica que respaldará las investigaciones sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”. En el acto, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “Para la CIDH es importante que se deje atrás la llamada “verdad histórica”. Tiene que darse una nueva narrativa como punto de partida. En esta nueva etapa reconocemos el impulso que el gobierno está dando al caso abriendo una oportunidad única para romper con la impunidad”.
El segundo acontecimiento tuvo lugar en el contexto del Examen Periódico Universal, procedimiento inherente al Consejo de Derechos Humanos que tiene como propósito analizar la situación que guardan los derechos fundamentales en los Estados miembros de la ONU. En ese trascendental foro supranacional los personeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptaron prácticamente las 264 observaciones que fueron hechas por gobiernos de todo el orbe. A dicho allanamiento se agregó el compromiso de instrumentar una plataforma que permitirá procesar y atender las casi tres mil recomendaciones internacionales que ha recibido nuestra nación desde mediados de la década de los noventa.
Más tarde, un alto representante de la federación ofreció una disculpa pública por el inefable crimen de los jóvenes Javier Arredondo y Jorge Mercado, estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, que hace nueve años fueron ejecutados por miembros de las fuerzas armadas e injustamente calificados de sicarios al servicio de la delincuencia organizada. Erick García, productor del documental Hasta los dientes, en el que está reflejada esa tragedia, afirmó: “Con esta acción se sienta un precedente importante que empieza a trazar una nueva narrativa en términos de las víctimas y sus familiares en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
La SRE aceptó prácticamente las 264 observaciones que fueron hechas a México por gobiernos de todo el orbe.
Con este cúmulo de determinaciones oficiales se está dando vida a una nueva y esperanzadora hoja de ruta, la cual debe ser complementada con la adopción de otras medidas igualmente relevantes: I) reconocimiento incondicional de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que demanda la modificación del artículo 21 constitucional, II) ratificación de la enmienda al Estatuto de Roma aprobada en la conferencia diplomática que tuvo lugar en el 2010 en Kampala, Uganda, en la que se tipificó el crimen de agresión o guerra agresiva, III) firma del Protocolo II de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, relativo a las reglas que deben imperar en los conflictos armados internos, IV) aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos específicos, V) aceptación de la competencia del Comité de los Derechos del Niño para conocer de casos específicos.
Cerrar el círculo virtuoso de los derechos humanos es, sin duda, el mejor homenaje que puede tributarse a quienes han sido víctimas de atrocidades sin nombre que incluso pueden ser constitutivas de crímenes internacionales.