El pasado 18 de febrero concluyó el término constitucional de mi encargo como integrante de la SCJN, en lo que fue el primer relevo en la actual integración del máximo tribunal, luego de la reforma constitucional de 1995.
Recordemos que a partir de la mencionada reforma, la Corte volvió a la integración que concibió el Constituyente de 17, con 11 ministros, los que duran en su encargo 15 años, en un esquema de renovación escalonada conforme a lo previsto en el artículo 4 transitorio del Decreto de reformas, que dispuso que el periodo de los ministros designados para esa nueva conformación vencería el último día de noviembre de 2003, de 2006, de 2009 y de 2012, para cada dos de ellos y el último día de noviembre de 2015, para los tres restantes.
Así llegamos a integrar el Pleno del alto tribunal, en noviembre de 2003 el ministro José Ramón Cossío Díaz, hoy también en retiro, y más tarde, en febrero de 2004, quien esto escribe (su servidora).
Para quienes se pregunten por qué se dio esta renovación en diferentes momentos, les comento que aunque el entonces presidente de la república Vicente Fox, conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional, envió las dos ternas para cubrir las vacantes, aquella en la que figuraba el ministro Cossío Díaz transitó sin mayor obstáculo por el Senado, en tanto que la que yo integraba fue devuelta, pues aunque obtuve una votación mayoritaria —un total de 81 votos—, tal cifra no alcanzó la mayoría calificada requerida, esto es las dos terceras partes de los miembros de la Cámara Alta.
Tuve el privilegio de ser partícipe en la labor de interpretación de esas grandes transformaciones que vivió México, materializadas en reformas constitucionales y legales.
Tuve el privilegio de que, en una segunda terna, el Ejecutivo volviera a incluir mi nombre, y obtuve en esta segunda ocasión la votación necesaria para mi designación, el 19 de febrero de 2004.
Mi arribo a la Corte se dio en un momento en que el país daba inicio a profundas transformaciones. Por vez primera México vivía la alternancia en el poder, con un presidente que no salía de las filas del hasta entonces partido mayoritario, y en las Cámaras se advertía una mayor pluralidad. Además del hecho de que por vez primera cobraba aplicación el nuevo procedimiento para designar ministros en la Corte.
Nuestro máximo tribunal transitaba también por un proceso de consolidación como Tribunal Constitucional que dio inicio a partir de 1988 a través de sucesivas reformas a nuestra ley fundamental. Una cuestión de singular trascendencia, pues como lo alude Jorge Carpizo, un tribunal constitucional es el “mejor sistema que se ha creado para asegurar la supremacía de la ley fundamental como norma decidida por el Poder Constituyente, para impedir que los poderes constituidos rebasen la competencia y atribuciones que expresamente les señala la propia Constitución, y para la protección real de los derechos humanos… pieza esencial del orden constitucional, de la defensa de la Constitución y de la protección de los derechos humanos…”
En este papel, la Corte se asume como el máximo intérprete de nuestra Constitución, y así ha resuelto sobre infinidad de temas de la más elevada trascendencia social.
A lo largo de 15 años, tuve el privilegio de ser partícipe en la labor de interpretación de esas grandes transformaciones que vivió México, materializadas en reformas constitucionales y legales, algunas necesarias y concomitantes con la evolución de nuestra sociedad, otras influidas por las corrientes mundiales originadas desde la posguerra que delinearon en el mundo un nuevo orden jurídico, centrado, fundamentalmente, entre otros, en el reconocimiento de los derechos humanos.
Uno de los cambios más significativos fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en 2011. La modificación al artículo 1 de la Constitución, que además de una importante tendencia jurídica, dio pauta al inicio de la 10 Época del Semanario Judicial de la Federación. Ejemplo de ello fue la discusión y resolución del denominado Caso Radilla, que marcó un antes y un después en el enfoque para el análisis de la Constitución y los tratados internacionales.
Otro reto fue la implementación gradual de la reforma en materia de justicia penal de junio de 2008, al incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato de un proceso penal acusatorio y oral, en el que se respete el derecho de víctimas y victimarios.
De igual relevancia, el papel de la Corte en la construcción de criterios en torno al libre desarrollo de la personalidad, que impactaron en una nueva visión en materia de relaciones familiares. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección a la familia por ellas formada, la adopción por parte de este tipo de matrimonios. Reconocimiento del que derivaron otros derechos, como los de seguridad social, en los que la 2ª Sala desempeñó un papel preponderante que, incluso, propició la modificación de políticas en el interior del IMSS.
En materia electoral, en donde la labor de la Corte ha sido de particular intensidad, tuve ocasión de participar en la resolución de los asuntos que se presentaron con motivo de dos grandes reformas constitucionales, las de 2007 y 2014, que cubren el análisis de una muy amplia variedad de tópicos, como paridad de género, candidaturas independientes y reelección, entre muchos otros.
Por otra parte, en materia de amparo, la reforma al artículo 107 constitucional y la nueva ley de amparo motivó muchos e importantes criterios para su aplicación, como la retroactividad de la jurisprudencia, entre otros.
La incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional propició también el surgimiento de novedosos criterios que no solo tutelan los derechos de las mujeres en pie de igualdad, sino que consolidaron el liderazgo de nuestra Corte en esta materia, en el ámbito internacional.
Una gran satisfacción fue presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF —a cuya integración concurren junto con la SCJN, el CJF y el TEPJF— gracias a la designación y apoyo del ministro Luis María Aguilar Morales, entonces presidente del alto tribunal. Desde este espacio tuve el privilegio de proyectar el trabajo del PJF en esta materia, a escala nacional e internacional, coadyuvando a posicionar el liderazgo que hoy le es reconocido a la Corte.
Al igual que mi llegada, mi retiro acontece en un momento crucial para nuestro país. México hoy vive cambios de la mayor envergadura y trascendencia. En este momento corresponde asumir al PJF, la misión constitucional que le fue conferida por los arquitectos de nuestra ley fundamental. Institución llamada a ser fiel de la balanza, punto de equilibrio entre los poderes, teniendo como referente nuestra Constitución, sin soslayar los reclamos y necesidades de una sociedad que aspira a vivir en paz; paz que encuentra su mejor instrumento en la justicia; en el amparo de las libertades y derechos de todas y todos, en un clima de mayores oportunidades; en garantizar la salvaguarda de una auténtica democracia y la vigencia del Estado de derecho.
A escasos meses de cumplir 44 años de servicio en el PJF, de los cuales los últimos 15 transcurrieron en este máximo tribunal, concluí el ciclo profesional más importante de mi vida; con el corazón palpitante al conjuro de los recuerdos, en los que de pronto aparece mi vida como si sólo hubiesen transcurrido cinco minutos. Años que se fueron a la velocidad de un suspiro, pero al propio tiempo, colmados de vivencias.
No puedo dejar de agradecer a todas esas personas que fueron determinantes, tanto en mi vida personal como profesional. A mi familia, a mis grandes maestros, a mis compañeros ministros, los que me recibieron y a quienes hoy integran este tribunal pleno. A mis colaboradores, amigas y amigos, a todos los servidores del PJF y de la Corte.
Y de manera muy especial, mi gratitud al señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN y del CJF, por la calidez que imprimió a la ceremonia de mi despedida.
Concluyo con las mismas palabras que ahí pronuncié: “La decisión final de la actuación de un juzgador solo pertenece al tiempo. Hoy se cumple el mío, en este día en que abandono definitivamente mi sitial. Me voy con la serena quietud de portar sin mácula alguna, por última vez, esta toga que durante 15 años me acompañó en la realización de esta hermosa tarea de impartir justicia. Esta toga que cotidianamente cobijó mi solitario corazón de juzgadora que en la resolución de los asuntos siempre, siempre latió con inquietud”.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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@margaritablunar