Ha corrido un cuarto de siglo desde el 23 de marzo de 1994. Lo que entonces ocurrió y lo que luego sucedería, como consecuencia de aquella tragedia personal y nacional, vuelve a ser motivo de reflexión. Enhorabuena que tengamos activa la memoria y vigilante la conducta. En esta nota, destinada a las páginas hospitalarias de Siempre!, recojo lo que antes de ahora he dicho y escrito. Se ha publicado. Ni conjeturo ni imagino. Solo recuerdo.

La noche de aquel 23 de marzo, un grupo de amigos nos reunimos a cenar en la casa de Jesús Reyes Heroles González Garza. En el camino hacia el lugar de nuestro encuentro escuchamos las noticias. Reunidos, recibimos la confirmación que dieron los noticiarios. En efecto, Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato, había muerto por mano homicida —en rigor, magnicida—  en Lomas Taurinas, remoto enclave en Tijuana. Quedamos en silencio. Reflexionamos sobre el inesperado acontecimiento. Compartimos versiones sobre lo que vendría. Y llegó, en efecto. No nos abandona.

Mi tarea de entonces nada tenía que ver con investigaciones y juicios penales. Eso había quedado atrás. En aquellos días yo presidía el Tribunal Superior Agrario. Sin embargo, recibí una invitación para acudir a Los Pinos y conversar con el presidente Salinas. Acudí a la cita. En la antesala aguardaban dos funcionarios muy cercanos al presidente: Emilio Lozoya, miembro del gabinete, y el jefe del Estado Mayor Presidencial. Al cabo de unos minutos pasé al despacho de Salinas.

Encontré al presidente demacrado. Intercambiamos algunas palabras de cortesía. Su malestar era evidente. Le expresé mis condolencias. No hubo más preámbulo. Solicitó mi opinión sobre lo que estaba ocurriendo y acerca de lo que esto significaría en el proceso político en marcha. ¿Qué se decía? ¿Qué ideas circulaban acerca de la tragedia de Lomas Taurinas?

Respondí: “No puedo decirle, presidente, más que lo que todos escuchamos. Hay diversas hipótesis: desde la versión de que operó un asesino solitario, un “iluminado”, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, hasta la de que una compleja conspiración puso el arma en manos de un sicario, como también ha sucedido a lo largo de la historia. Pero no omitiré decir que en ese conjunto de versiones hay quienes afirman que el jefe del Estado no es ajeno a este magnicidio”. Conversamos algunos minutos más. Se investigará a fondo, con rigor y objetividad, aseguró. Me despedí. Otros visitantes aguardaban en la antesala.

Transcurrió algún tiempo. Recibí en mi despacho del Tribunal Superior Agrario una llamada del jefe de la Oficina del Presidente, Santiago Oñate. Me dijo: “El presidente desea constituir un grupo de trabajo que asesore jurídicamente la investigación en curso. Desea saber si usted aceptaría formar parte de ese grupo. De ser así, le llamará personalmente”.

Respondí a Oñate que no declinaría una solicitud presidencial, aunque difícilmente se lograría que las conclusiones a las que llegara el grupo fueran aceptadas fácilmente por la opinión pública. En esta ya se había formado una suerte de veredicto, quizá prejuicioso, pero ciertamente inamovible. Además, yo no podría intervenir, de ninguna manera, en actividades de investigación. Soy abogado —recordé—, no policía ni criminalista.

Me llamó el presidente. Le reiteré: el grupo de asesoramiento jurídico no llegará a conclusiones persuasivas, a no ser que se pronuncie en el mismo sentido en que lo está haciendo una parte importante de lo que solemos llamar la opinión pública. Y eso estaba por verse. Habría que estudiar primero y luego expresar las conclusiones. El presidente dijo: “Quiero que se lleve a cabo una investigación seria y confiable. Por eso constituiré un grupo asesor con personas incuestionables y de diversa procedencia”. Bien, que así sea.

Pregunté a Oñate quién sería el fiscal al que se encomendaría la investigación. Me informó: “Invitaremos a la doctora Olga Islas de González Mariscal, pero no lo comente. Ella aún no lo sabe. Está de viaje, fuera de México”. Le expresé mi beneplácito por la idoneidad de la fiscal, jurista de la más alta jerarquía, que había colaborado con gran eficiencia y probidad en las procuradurías del Distrito Federal y de la república.

Una vez que doña Olga quedó al tanto de su designación como subprocuradora a cargo de la investigación, se integró el grupo asesor. Es este participé junto con los abogados Jesús Zamora Pierce, Raúl Carrancá Rivas, Francisco Acuña Griego —exprocurador de Sonora— y Agustín Santamarina, los dos últimos a sugerencia de la familia de Colosio. Yo los conocía y apreciaba, o mejor dicho, los conozco y aprecio.

 

Aquella tragedia personal y nacional vuelve a ser motivo de reflexión. Enhorabuena que tengamos activa la memoria y vigilante la conducta.

 

 

Tiempo más tarde llegaron otros colaboradores. Al frente del equipo de criminalística, se hallaba el más destacado criminalista del país, Rafael Moreno González; en el área de averiguación previa, Mario Crosswell Arenas, César Osorio y Emilio Islas Rangel, y en la actuación durante el proceso, Marco Antonio Díaz de León. Todos, expertos en cuestiones de procuración de justicia.

El equipo de doña Olga Islas trabajó sin descanso y con absoluta autonomía. Al concluir el periodo para el que ese equipo se había formado y cesar la encomienda de la subprocuradora, esta dio cuenta pública, íntegra, clara, de las conclusiones. Iban en la misma línea de los resultados que anunció, al término de su desempeño, el anterior fiscal especial, Miguel Montes.

En la siguiente etapa, tomó la estafeta el nuevo fiscal especial, Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. González Pérez realizó una excelente, minuciosa, exhaustiva averiguación. La tesis de Montes y de Islas quedó firme. En la etapa de Islas se llevó a cabo el juicio contra el autor del magnicidio, juicio que culminó en condena. Los datos de esta son ampliamente conocidos.

 

 

Pasarían los años. El llamado “caso Colosio” siguió en el debate público y en la imaginación colectiva. De cuando en cuando surgían los cuestionamientos, en diversos tonos y con los mismos argumentos. No había novedades, ni policiales, ni criminalísticas, ni jurídicas. Y así pasaron más de veinte años. Hoy, veinticinco.

Hace poco tiempo, Jesús Zamora Pierce, abogado con medio siglo de experiencia que acredita su gran calidad profesional, publicó una obra relevante sobre este asunto, bajo el título Ciudadano Cero. La obra de Zamora se presentó públicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Acompañaron  al autor e intervinieron en la presentación los fiscales del “caso Colosio”: Montes, Islas y González Pérez. Uno a uno, sostuvieron las conclusiones compartidas y documentadas.

En los últimos días, a raíz de la renovada atención a este caso tan doloroso, escuché una entrevista radiofónica del periodista José Cárdenas al escritor Héctor Aguilar Camín. Excelente entrevista. Aguilar Camín recordó informaciones, reiteró hallazgos, dio cuenta de conclusiones. No suyas, sino del copioso —copiosísimo— expediente, consultable, en el que constan la investigación y, en su hora, los elementos del proceso. Millares de documentos, declaraciones, dictámenes, constancias.

No parece haber novedades. Conste que digo: “no parece haber”. Sin embargo, pudiera ser que en el curso de este cuarto de siglo hubieran surgido datos que no conocíamos, o bien, que la apertura y relectura de documentos sobre el caso aporten nuevas luces, que no aparecieron en veinticinco años. Quiero decir, por supuesto, datos serios, luces reveladoras, elementos de juicio comprobables. Desde luego, no bastan las especulaciones y las conjeturas, por respetables que sean quienes las acogen y difunden. No bastan las tinieblas en que suelen navegar los opinantes cuando se trata de magnicidios.

Sin embargo, si hay voces que desde las alturas y con la autoridad que confieren los altos cargos oficiales alientan dudas y anticipan hipótesis, habrá que atenderlas. Será necesario escuchar argumentos, recibir las pruebas que provengan de diligentes y competentes investigaciones, analizar hallazgos. Todo sea en bien de la verdad, en una sociedad que seguramente desea que la verdad arraigue en todos los espacios de la vida colectiva. En estos suele cundir la incertidumbre, que hoy nos domina. Si hay quien pueda hacer luz en la oscuridad, oigámoslo. No solo opiniones personales —cada quien tiene la suya—, ni contribuciones a la mitología, sino elementos firmes para juicios seguros.