¡VIVA LA DISCREPANCIA!
En diciembre de 2006, Felipe Calderón desató lo que él mismo denominó “guerra antinarco” y ordenó que miles de efectivos militares abandonaran sus cuarteles para desempeñar funciones inherentes a la seguridad pública. De esta forma, el otrora presidente quebrantó gravemente dos decisiones políticas fundamentales: la contenida en el artículo 129 constitucional, donde se establece que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense”; y la estipulada en el artículo 21 de la carta magna, según la cual “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”.
El ataque a la normatividad suprema detonó una crisis humanitaria que nunca antes habíamos vivido los mexicanos. La numeralia tiene tintes de un verdadero holocausto nacional: más de 300 mil vidas humanas segadas, más de 40 mil personas desaparecidas, más de mil fosas clandestinas, más de 26 mil cuerpos sin identificar.
La tragedia humanitaria avanzó a pasos agigantados con Peña Nieto, quien se propuso normalizar la inconstitucional presencia de las fuerzas armadas en las calles a través de la Ley de Seguridad Interior. Este intento provocó una reacción adversa de diversos órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y múltiples organizaciones de la sociedad civil. El resultado final de esa rotunda oposición fue la declaración de invalidez total de la nefasta legislación que tuvieron a bien decretar los ministros del máximo tribunal.
El ataque a la normatividad suprema detonó una crisis humanitaria que nunca antes habíamos vivido los mexicanos.
A su arribo a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador se planteó el objetivo de pacificar el país e imprimirle un giro estratégico al combate al crimen organizado. A tal fin propuso un paquete de cambios constitucionales cuyo ajuste y aprobación por todas las fracciones parlamentarias del senado tuvo lugar hace unos días, los cuales están sustentados en dos ejes rectores: la creación de la Guardia Nacional y el regreso programado de los milicianos a sus guarniciones.
La Guardia Nacional dispondrá de un plazo de cinco años para su conformación. Será un cuerpo policial especializado y su misión consistirá en enfrentar la inseguridad y salvaguardar la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Tendrá un carácter esencial y definitivamente civil. Por tal razón estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus resultados serán evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Si sus integrantes llegaren a cometer delitos, serán juzgados por jueces civiles, es decir, no imperará el fuero militar. No se utilizarán armas de uso exclusivo del Ejército. El uso de la fuerza se llevará a cabo bajo estándares internacionales. Sus intervenciones serán subsidiarias, en modo alguno se sustituirán las policías estatales o municipales.
Si bien los milicianos permanecerán en las calles, ello será por un plazo máximo de cinco años. Durante este lapso, el Ejecutivo federal podrá ordenar la realización de tareas de seguridad pública, siempre y cuando sean extraordinarias, reguladas, fiscalizadas, subordinadas, complementarias y tengan como fin auxiliar a las instituciones civiles. Tales criterios son acordes a los estándares establecidos en la jurisprudencia de la CIDH. Del ejercicio de esta atribución excepcional deberá rendirse un informe anual a la Cámara de Senadores.
El nuevo diseño constitucional fue fruto, entre otros factores contribuyentes, de la presión desplegada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD) y por numerosos activistas y colectivos nacionales e internacionales. Todo ello hizo posible el tránsito del modelo militar al modelo civilista de lucha contra la alta criminalidad. Es de esperarse que este cambio sea para bien del país. El equipo gobernante no tiene derecho a fallarnos. No le está permitido repetir la ignominiosa narrativa de fracasos oficiales que solo han dejado una estela de horror y muerte.