La magnitud del desastre humanitario que Calderón y Peña Nieto le heredaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador no tiene paralelo en la historia reciente del país. Ni siquiera en las aciagas décadas de los sesenta y setenta, en las que el Estado sufrió un brutal descarrilamiento y, desde la cúspide misma del poder político fueron fraguados y perpetrados horrendos genocidios y crímenes de lesa humanidad, se vivió el holocausto emergido a raíz de que se dio curso a la llamada “guerra antinarco” y se ordenó a los militares que abandonaran sus cuarteles y guarniciones: más de 300 mil vidas humanas segadas, más de 40 mil desaparecidos, más de mil fosas clandestinas, más de 26 mil cuerpos sin identificar.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha registrado esa escalada de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos a través de las tres revisiones a las que ha sido sometido el gobierno mexicano en el marco del Mecanismo de Evaluación Periódica Universal. En 2009 le fueron fincadas 91 observaciones, 176 en 2013 y 264 en noviembre de 2018. A todos estos tremendos señalamientos se suman las más de 3,000 recomendaciones que han permanecido incólumes desde 1995.
Impresionante en verdad es la gama de temas abordados en ese relevante foro internacional. De ellos destacan por su importancia manifiesta: la tolerancia a la desigualdad y violencia de género; la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos; el desacato al derecho a la consulta previa, libre e informada que le asiste a los pueblos indígenas; el ataque al derecho al medio ambiente sano que conllevan los megaproyectos empresariales de carácter extractivo; la práctica generalizada de torturas y desapariciones forzadas.
Las circunstancias que motivaron la emisión de esas severas críticas supranacionales no fueron fruto de catástrofes o eventos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor. Por el contrario, provienen causalmente de los férreos anillos de complicidad, la impunidad estructural y los francos actos de simulación desplegados en el pasado. Ante tales desviaciones no cabe ni perdón ni olvido alguno.
Atender y solventar todas y cada una de las observaciones en cuestión será la prueba de fuego insalvable que permitirá apreciar la distancia que media entre los buenos deseos y las capacidades reales.
Los responsables intelectuales, materiales y por cadena de mando de esas maniobras, cuya consecuencia funesta fue la transgresión de los intereses públicos fundamentales y el quebrantamiento de los compromisos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, deben ser sancionados conforme al régimen constitucional de las responsabilidades inherentes a los servidores públicos.
Al margen de lo anterior, en una suerte de deslinde radical respecto a lo hecho en el pasado, hace unos días personeros de la cancillería que comparecieron ante el Examen Periódico Universal, se allanaron 262 de las 264 observaciones y asumieron el compromiso de instrumentar una plataforma que permitirá procesar y atender las otras 3,000 recomendaciones que se han acumulado a lo largo del tiempo. Tal pronunciamiento ha concitado el beneplácito, entre otras instancias, del representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Atender y solventar todas y cada una de las observaciones en cuestión será la prueba de fuego insalvable que permitirá apreciar la distancia que media entre los buenos deseos y las capacidades reales de planeación, organización y control estratégico que se requieren a fin de traducirlos en realidades contantes y sonantes. El Plan Nacional de Derechos Humanos al que se ceñirá el gobierno de la cuarta transformación es el instrumento idóneo para ese propósito. Ahí deberá darse cuenta y razón pormenorizada de la forma, términos, responsables y plazos perentorios bajo los cuales se dará cumplimiento pleno e íntegro a esa delicada y trascendental encomienda.
Hacer realidad el desafío histórico en materia de derechos humanos será una muestra indubitable del cambio de régimen del que ha hecho gala el ocupante de Palacio Nacional.