LA REPÚBLICA

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido insistiendo en que el pueblo es bueno y es sabio. Se trata de una idea noble que lamentablemente choca con los hechos, pues el pueblo es un conglomerado heterogéneo en el que privan ciertos valores, es cierto, pero también antivalores generados por la realidad.

Un día sí y otro también se constata el inmenso poder disolvente del crimen organizado, que corrompe autoridades lo mismo que a personas y personajes que no participan del gobierno. El humilde campesino que siembra marihuana, el pequeño tendero que expende los carrujos o el chamaco que funge como vigía de las bandas pertenecen a ese pueblo idealizado.

Las bandas criminales se nutren de muchachos urgidos de un ingreso, el que sea; el lavado de dinero requiere de banqueros cómplices; el tráfico de armas necesita cooptar agentes aduanales; la seguridad de los capos conlleva la compra de jefes policiacos y autoridades políticas. En fin, que los diversos estratos del pueblo (cualquier cosa que eso signifique) están expuestos a las tentaciones del dinero fácil.

 

Mucha ha de ser la necesidad para que la gente se arriesgue a ser detenida, herida o muerta a cambio de mil quinientos pesos.

 

Desde hace años, en diversas comunidades se descarrilan trenes para saquearlos y en los últimos meses vemos que en el robo de combustible participa la gente común. Son hechos constatables que deberían modificar la percepción sobre las contradicciones que encierra todo grupo humano, en el que coexisten el pueblo bueno, el malo y el regular y en el que los santos de hoy pueden ser los demonios de mañana.

Hace unos días, se desplegó en Guanajuato una amplia operación contra el huachicoleo. El gobierno federal envió a centenares de efectivos, pues se trataba de someter al cártel de Santa Rosa de Lima (no es broma, así se llama) y sobre todo de capturar al capo de esa banda. Sin embargo, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, personas del común salió a obstaculizar la acción de las autoridades, para lo cual bloquearon carreteras, quemaron vehículos y ofrecieron diversas formas de resistencia a cambio de mil quinientos pesos por persona.

Mucha ha de ser la necesidad para que la gente se arriesgue a ser detenida, herida o muerta a cambio de mil quinientos pesos. Los delincuentes explotan de esta manera la miseria de unos y la ambición de otros. Por supuesto, el Estado no puede renunciar al empleo de la violencia legítima, pero para ser eficaz, debe ir acompañada de la política, de medidas que contribuyan a desalentar la participación en actos criminales, lo que plantea empezar por la creación de empleos, la mejor medicina para combatir las enfermedades sociales.