En estos momentos, en el Congreso de la Unión se encuentra en curso la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. La Cámara de Diputados la aprobó hace unos días y actualmente se encuentra a discusión en el Senado de la República. Se trata de un cambio muy importante, porque fortalece nuestra democracia a partir de los mecanismos de la democracia directa y establece la posibilidad de que un gobernante, por medio de la consulta con quienes lo eligieron, deje el poder. Se trata de cumplir la máxima democrática: “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Como actualmente se encuentra reglamentada en el artículo 35 constitucional, realizar una consulta popular resulta prácticamente imposible. Hace poco esto quedó demostrado, cuando se intentó realizar una consulta para revocar la reforma energética, que por cierto ha sido un rotundo fracaso. En aquella ocasión, desde diferentes trincheras la sociedad recolectó las firmas, cumplió todos y cada uno de los trámites pertinentes, pero al final la consulta no pudo llevarse por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De aprobarse esta reforma, la flexibilización de los requisitos permitirá a la ciudadanía decidir sobre aspectos muy importantes en materia de políticas públicas y acciones del gobierno.

La revocación de mandato es el reconocimiento de que la soberanía proviene de la voluntad del pueblo; permite a la ciudadanía sustituir democráticamente a los gobernantes. La revocación de mandato está presente en varios países: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, por mencionar algunos ejemplos. En nuestro país ya existe la revocación de mandato en varias entidades federales como Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas y CDMX. Mientras que en Aguascalientes, Baja California Sur,  Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro,  Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán existe revocación de mandato para ayuntamientos.

 

En el Congreso de la Unión se encuentra en curso la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato.

 

La reforma que aprobó la Cámara de Diputados y que se discute en el Senado, establece que el presidente de la república, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal pueden solicitar la revocación de mandato; que la consulta para la revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral en que se elegirán diputados federales; que el mandato sería revocado cuando en la votación participe 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal y la mayoría se defina por revocar.

Es necesario explicar todo esto para dejar perfectamente claro que esta reforma de ninguna manera tiene como objetivo la reelección del presidente de la república. Lo que hemos visto en los últimos días es una campaña mediática que distorsiona lo que se discute en el Congreso y, sobre todo, trata de confundir. El presidente de la república, Andrés  Manuel López Obrador, es un estadista, un líder responsable y un político maduro que conoce la historia y sentimientos de la sociedad mexicana, que nunca, bajo ninguna circunstancia, pensaría en prolongar su mandato más allá de lo que establece la ley y para lo que fue electo.

@MBarbosaMX