Entrevista a Érika Guevara Rosas | Directora para las Américas de Amnistía Internacional
Con más de dos décadas de activismo por la justicia social y quince años de experiencia profesional en derechos humanos, la abogada mexicana Érika Guevara Rosas es, además, una reconocida activista feminista y directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional (AI) donde dirige el trabajo de derechos humanos en el continente.
En entrevista exclusiva con Siempre!, Guevara Rosas habla de su reciente visita a Venezuela donde presentó un lapidario informe sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, y la grave crisis alimentaria y de salud bajo el gobierno de Nicolás Maduro
Amnistía Internacional se ha caracterizado por condenar las violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. ¿Cómo califica la situación actual que vive el pueblo venezolano desde el punto de vista de los derechos humanos?
Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos. La escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, violencia, la represión sistemática de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro, y las detenciones arbitrarias han resultado en masivas violaciones al derecho a la vida, la salud y alimentación, libertad de expresión y asamblea, y muchos otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Esta situación ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015.
¿Apoya AI el envío de ayuda humanitaria a Venezuela aunque esta provenga de Estados Unidos, teniendo en cuenta las denuncias de Caracas de que se trata de un “show” y de “migajas” como parte de una “burda maniobra intervencionista”?
El Estado venezolano está en la obligación de garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la alimentación, así como otros derechos económicos y sociales y de llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para garantizarlo, entre ellas la solicitud de cooperación internacional.
Ahora bien, la cooperación internacional y los medios para su implementación deben ser ampliamente consultados con la sociedad civil, y transparentes, para asegurar que los recursos sean incondicionales y distribuidos sin discriminación y que atiendan realmente la crisis y su magnitud, y que existan mecanismos de rendición de cuentas apropiados para este tipo de cooperación.
Amnistía Internacional considera que el sufrimiento generalizado de las personas en Venezuela no puede ser usado como una herramienta para la negociación política. Tampoco cree que la asistencia deba utilizarse como una herramienta de negociación para ejercer presión política en los Estados, incluso si están cometiendo violaciones de derechos humanos. Nos oponemos a todas las condiciones de asistencia y cooperación internacional que resulten o puedan resultar en abusos a los derechos humanos. Todas las condiciones deben examinarse cuidadosamente para garantizar que su cumplimiento no dé lugar a abusos contra los derechos humanos.
El 20 de febrero, al presentar su informe en Caracas, usted hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para crear un mecanismo de investigación independiente para Venezuela. También instó a la comunidad internacional a explorar “el ejercicio de la jurisdicción universal” como opción para que las víctimas puedan conseguir justicia. ¿Cuál ha sido hasta ahora la reacción?
Amnistía Internacional hizo un llamado a la justicia internacional tras concluir que es muy improbable que las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela obtengan verdad, justicia y reparación en ese país. Así, hicimos un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a incluir los hechos recientes en el examen preliminar que se encuentra abierto sobre Venezuela; también a todos aquellos países que genuinamente están preocupados por la situación venezolana para que activen los mecanismos de jurisdicción universal que prevén sus legislaciones —como es el caso mexicano—, y al Consejo de Derechos Humanos, que actualmente está sesionando y que a mediados de marzo tendrá una intervención de la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos en relación con Venezuela.
Este llamado se mantiene y creemos que la justicia internacional es la única vía en la actualidad para atender a las víctimas de violaciones a derechos humanos en ese país y que se envíe un mensaje contundente desde la comunidad internacional sobre que las graves violaciones a derechos humanos no serán toleradas, ni quedarán impunes. Por lo tanto, Amnistía seguirá impulsando que alguno de estos mecanismos se active en la lucha contra la impunidad endémica presente en ese país.
Cabe mencionar que también hemos solicitado al Consejo de Derechos Humanos que adopte una resolución sobre Nicaragua que ponga en marcha un mecanismo de observación y presentación de informes, similar al que existe con Venezuela.
Usted también instó en Caracas al gobierno de Maduro a “aceptar la cooperación internacional”. Pero según dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza el 27 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro “está dispuesto” a trabajar con la organización mundial “para recibir toda la asistencia humanitaria y asistencia técnico-humanitaria”. ¿Qué sabe de estas gestiones?
Desde AI hemos instado al secretario general de las Naciones Unidas a que interponga sus buenos oficios para que la cooperación internacional entre en Venezuela de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, dada la urgencia de la situación venezolana, es impostergable que estos discursos se transformen en hechos y que se inicie la cooperación internacional de manera inmediata para las personas más necesitadas en el país y acogiéndose al principio de imparcialidad y no discriminación en la forma en que esta ayuda será entregada en Venezuela.
Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza, cuando protestan contra una situación que en sus propias palabras es invivible.
¿Cuál es la posición de Amnistía ante el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, que según Caracas es el causante de la crisis?
Hay que aclarar que no se trata de un bloqueo o embargo económico, sino de una serie de sanciones que han sido dirigidas a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y desde 2017 hacia activos o ingresos específicos de la venta del petróleo.
El 28 de enero anterior el gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas que impiden que la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA exporte petróleo crudo a Estados Unidos y que los proveedores estadunidenses vendan productos refinados que Venezuela necesita para procesar su crudo pesado. Dado que la economía venezolana tiene una fuerte dependencia de la exportación de petróleo y que Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, estas medidas pueden tener un fuerte impacto en los ya profundamente violados derechos económicos y sociales.
Amnistía Internacional ha demandado del gobierno de Estados Unidos que, independientemente de las circunstancias, las sanciones siempre deben tomar plenamente en cuenta el impacto que tendrán en el disfrute de los derechos humanos, en especial en los grupos más vulnerables de la sociedad. Las sanciones deben ser dirigidas, con objetivos específicos y un calendario claro, y deben incluir el monitoreo de la efectividad y el impacto humanitario de las sanciones.
Antes de estas y de otras sanciones que hubo contra funcionarios, AI ha expresado su profunda preocupación de la vulneración a los derechos a la alimentación y la salud en el país, que las autoridades venezolanas no han abordado adecuadamente. Al contrario, la negativa de las autoridades venezolanas a reconocer la grave crisis de escasez de alimentos y medicamentos, además del deterioro general de los servicios de salud y la crisis de seguridad alimentaria, cuestiona la disposición del Estado venezolano a cumplir con su responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de acceso a estos derechos para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
Es importante enfatizar además que la imposición de sanciones no anula ni disminuye de ninguna manera las obligaciones relevantes del Estado de Venezuela de tomar todas las medidas posibles, incluidas las negociaciones con la comunidad internacional, para obtener cooperación internacional (llamada por otros actores ayuda humanitaria), a fin de reducir al mínimo el impacto negativo sobre los derechos de los grupos vulnerables dentro de la sociedad.
¿No tuvo inconvenientes para viajar a Caracas, cuando por ejemplo en Nicaragua el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó a los equipos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de la ONU y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?
Efectivamente el gobierno de Daniel Ortega ha intentado evitar de esa manera el escrutinio internacional. Sin embargo, lo único que ha hecho es evidenciar todavía más su responsabilidad en la comisión de graves violaciones y delitos de derecho internacional. En el caso de Venezuela, recordemos que la situación es parecida a la de Nicaragua y de muchos otros países de la región como Honduras y Guatemala, ya que el país ha mantenido un acceso limitado a mecanismos internacionales desde hace años. Venezuela ha impedido la entrada o deportado a periodistas y personas de organizaciones internacionales de derechos humanos, y en algunos casos, las autoridades venezolanas han anulado pasaportes a personas defensoras de los derechos humanos.
Como AI hasta el momento no hemos tenido problemas de acceso a Venezuela y Nicaragua. En ambos casos, consideramos importante poder presentar nuestros hallazgos en el mismo país, acompañando a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas de graves violaciones, que se encuentran en una terrible situación de amenaza e indefensión en ambos países. No obstante, tanto en Nicaragua como en Venezuela hemos solicitado en reiteradas ocasiones información y reuniones con autoridades al más alto nivel, pero hasta el momento la organización no ha recibido ninguna respuesta positiva a sus solicitudes.
¿Cuántos días estuvo en Caracas? ¿Qué vio y qué fue lo que más le impactó?
La misión de investigación de crisis estuvo por un periodo de tres semanas. Yo personalmente, en menos días, pude visitar un hospital, comedores comunitarios en zonas populares, organizaciones defensoras de derechos humanos, medios periodísticos y autoridades de la Asamblea Nacional, así como mantener múltiples entrevistas con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Escuché a víctimas de la política de represión de las autoridades bajo el comando de Nicolás Maduro, personas en zonas populares que se han organizado para atender la falta de alimentación de niñas y niños en sus comunidades, y valientes personas defensoras de los derechos humanos que luchan cada día contra un sinnúmero de obstáculos para exigir la dignidad y derechos de todas las personas en Venezuela.
Concluí que las autoridades de Nicolás Maduro están utilizando una cruel fórmula de represión contra la gente: hambre, castigo y miedo. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza, cuando protestan contra una situación que en sus propias palabras es invivible.
Hay quienes afirman que los derechos humanos de un país o de una colectividad están por encima del principio de no intervención que esgrimen países como México y Uruguay ante los casos de Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es su posición?
Cualquier acción de la comunidad internacional debe respetar los principios de derecho internacional y anteponer precisamente los derechos humanos de las personas en Venezuela. Un abordaje responsable sobre la situación actual debe centrarse en garantizar sin dilaciones los derechos de las personas en Venezuela y no desviar la atención a posibles intervenciones militares. En particular, se debe atender la dramática situación de acceso a alimentación y salud que pone en riesgo los derechos de cientos de miles de personas en Venezuela y que está obligando a muchos venezolanos y venezolanas a huir a otros países de la región en números nunca vistos.
La comunidad internacional tiene la obligación de encontrar fórmulas que permitan que no escale el conflicto de Venezuela; de proteger a los millones de personas que se han visto forzadas a salir de Venezuela; de apoyar a los distintos actores nacionales a lograr condiciones que permitan el disfrute de los derechos humanos; de velar porque toda acción externa no sea violatoria a los principios del derecho internacional y que se garantice que no se produzca más sufrimiento ni vulneración de derechos en el país.
Los gobiernos deben de asumir su responsabilidad compartida de defensa de los derechos humanos, y garantizar que los derechos de las personas, sin importar su nacionalidad o donde las violaciones sean cometidas, sean respetados.
Por último, en mayo de 2018 las agencias de noticias destacaron sus declaraciones en Managua cuando usted calificó de “demencial” un ataque de paramilitares —del cual fue testigo— contra una enorme marcha de madres nicaragüenses que salieron a conmemorar su día y de paso repudiar el régimen de Ortega. ¿Cómo ve la situación en Nicaragua a casi un año del inicio de las protestas democráticas del 18 de abril?
La situación en Nicaragua sigue deteriorándose cada día. Las denuncias de detenciones arbitrarias y de tortura de personas privadas de libertad no han cesado, y el hostigamiento y persecución a periodistas y personas defensoras de derechos humanos se reporta cada día. Organizaciones de la sociedad civil cuya personalidad jurídica fue cancelada de forma irregular por el gobierno siguen sin poder operar en el país.
Además, continúa el clima de total impunidad por las graves violaciones y delitos de carácter internacional cometidos hace casi un año. Las autoridades no han tomado medidas para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Tampoco han demostrado tener voluntad de trabajar con los mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos para resolver la crisis. En un contexto así, el rol de la comunidad internacional es crucial.