Entrevista a Paulo Abrao |  Titular de la CIDH

 

Con una sólida formación académica como doctor en Derecho y docente en universidades de Brasil y España, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao, dirige desde agosto de 2016 dicho organismo regional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). Su vasta experiencia en organismos gubernamentales y de la sociedad civil, relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos, incluye haber presidido la Comisión de Amnistía de Brasil, el órgano estatal responsable de las políticas de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura.

Antes había sido Secretario Nacional de Justicia, así como presidente del Comité Nacional para los Refugiados y del Comité Nacional Contra la Trata de Personas en Brasil. Su perfil lo muestra como alguien interesado en crear mecanismos de diálogo y participación directa de la sociedad civil en el marco del sistema interamericano de derechos humanos.

En entrevista con Siempre! desde Brasil, Abrao hace un balance del último año de su gestión, luego de haber tenido una participación activa a nombre del organismo en los países con conflictos más álgidos de la región como Venezuela y Nicaragua, y también en el seguimiento en Colombia a la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la disuelta guerrilla colombiana.

 

La CIDH cerró 2018 con importantes desafíos en materia de derechos humanos y con episodios dramáticos como las violaciones a las libertades fundamentales en países como Venezuela y Nicaragua. De hecho, una misión de la CIDH fue expulsada por el gobierno de Daniel Ortega en diciembre por haber documentado la participación de efectivos gubernamentales en crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo describirá el estado actual de los derechos humanos en la región?

De manera general, la región vive los efectos de la expansión de pensamientos nacionalistas, de los discursos de odio y de los ajustes fiscales que imponen una disminución de las políticas públicas que garantizan derechos. Con ello han aumentado de nuevo la discriminación y la exclusión social. Las sociedades están más polarizadas y la capacidad de respuesta de las nuevas democracias es puesta a prueba.

Hay situaciones más críticas donde las protestas sociales han recibido una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en muchos heridos y presos políticos. En estas situaciones, las instituciones democráticas ya no funcionan bien y ha habido un deterioro del Estado de derecho. La CIDH ha monitoreado todos los distintos escenarios y activó sus herramientas dirigidas a proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

 

En su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH se propuso ampliar su presencia en la región con protocolos que incluyen la observación en terreno, documentación de hechos y emisión de recomendaciones al Estado. ¿Ha podido constatar una mayor cooperación por parte de los gobiernos hacia la labor de la CIDH?

En efecto, hemos mejorado nuestros mecanismos de seguimiento y revisamos el formato del Informe Anual de la CIDH para aumentar los niveles de efectividad en las recomendaciones.

Pudimos identificar también un incremento de las respuestas estatales e involucramiento para la búsqueda de caminos a fin de atender estas recomendaciones. Este es un desafío particular que depende de alianzas que deben formarse con las sociedades civiles locales, para aumentar la presión hacia el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

 

¿Qué avances o retrocesos ha podido consignar la CIDH en Colombia a un año de la aplicación de los Acuerdos de Paz? ¿Ha cambiado el escenario con la asunción del presidente de extrema derecha Iván Duque?

La CIDH ha firmado un acuerdo con Colombia para acompañar la implementación de los Acuerdos de Paz. Hoy intercambiamos informaciones con la Comisión Especial para la Verdad y con la Jurisdicción Especial para La Paz. También hemos seguido el grave tema del incremento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de los derechos humanos. Lo que puedo decir es que el nuevo gobierno ha estado en una posición de apertura y apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

En la agenda de la CIDH también figura Honduras, país con un récord histórico de violaciones a los derechos humanos, agravadas en 2016 con el asesinato de la conocida líder ambientalista Berta Cáceres, opuesta a la construcción de una represa de la firma Desarrollos Energéticos (DESA). Siete hombres fueron acusados en noviembre pasado por su crimen, entre ellos Sergio Rodríguez, ejecutivo de DESA, pero activistas humanitarios siguen denunciando la impunidad que afecta también a periodistas. A su juicio, ¿a qué obedece esta impunidad y cómo acotarla?

En los próximos meses vamos a publicar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Realizamos el año pasado una visita in loco al país centroamericano y habían muchas tensiones pendientes en el contexto postelectoral.

Para la CIDH, el sistema de justicia local debe actuar de manera más acelerada y responder con prioridad a los crímenes más graves en contra de activistas de derechos humanos. La impunidad ha sido una constante en ese país y el gobierno debería prever reformas institucionales para enfrentar esta realidad.

 

Otro país en crisis es Guatemala, donde en enero su presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una instancia de la ONU pactada hace una década con el Estado para investigar graves casos de corrupción y cuyo mandato iba a concluir en septiembre próximo. Morales acusó de “terroristas” a los funcionarios de la CICIG, aunque la oposición tildó la medida de “atentado” contra el Estado de derecho. ¿Qué margen de acción tiene la CIDH tras la expulsión de la ONU?

Los temas del sistema ONU están fuera de nuestra jurisdicción. Asimismo la CIDH, sin interferir en la dinámica del acuerdo entre Guatemala y la ONU, se ha pronunciado sobre los vínculos entre los temas de corrupción y derechos humanos. La lucha contra la corrupción es una lucha por los derechos humanos. Pensamos que la CICIG ha sido muy importante para ayudar a cambiar el contexto de impunidad y colaborar con las instituciones nacionales a fin de lograr investigar los casos políticamente más sensibles.

 

También la ONU ha tenido un papel beligerante junto a la CIDH frente a la crisis en Venezuela, con millones de refugiados y donde derechos básicos como la protesta y la manifestación pública han sido conculcados. Hace unas semanas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, se mostró muy pesimista y dijo que temía que la situación en Venezuela se saliera de control “con consecuencias catastróficas”. ¿Comparte esta visión?

La CIDH viene denunciando el deterioro del Estado de derecho en Venezuela hace muchos años. Compartimos las conclusiones de la Alta Comisionada y fuimos el primer organismo internacional en anunciar que se había instalado una alteración del orden constitucional en el país. Recibimos denuncias diariamente. Siguen los presos políticos, siguen las persecuciones a los órganos de prensa independientes, siguen los cuestionamientos al sistema electoral, siguen las fallas en la independencia de los poderes. La salida debe ser construida pacíficamente.

 

¿Qué margen hay para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, donde es evidente la decisión de los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro respectivamente de no negociar y mantenerse a cualquier precio en el poder con el apoyo explícito de Cuba, luego de hacer añicos la institucionalidad democrática?

Es importante seguir con las presiones y sanciones internacionales. Es importante seguir fortaleciendo el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Es preciso también ampliar las capacidades de apoyo a la CIDH para seguir con su labor de monitorear y denunciar las violaciones de derechos humanos. Así funcionan el derecho internacional y los organismos multilaterales: presionar desde afuera para impulsar los cambios internos.

 

 

 

¿Qué escenarios observa la CIDH para Nicaragua cuando el 18 de abril se cumple un año del inicio de la protesta social que ha dejado casi 800 detenidos y miles de heridos y exiliados? ¿Cómo seguir monitoreando la situación in situ si la CIDH fue expulsada hace casi cuatro meses?

El monitoreo ha seguido intacto. Hemos realizado supervisión a partir de fuertes contactos con una amplia red de informaciones que se creó alrededor de nuestro Mecanismo Especial de Seguimento para Nicaragua (Meseni). Es siempre preferible estar dentro, al lado de las víctimas. La reanudación del diálogo nacional abre caminos para el regreso del Meseni. Vamos a aguardar las próximas etapas de avances del diálogo.

 

Por último, y dado que la CIDH también ha comenzado a monitorear la situación de los derechos de género en América Latina, ¿cuál es el estado de estos derechos y de temas tan álgidos como el aborto donde, por ejemplo, en México hay una pugna entre quienes presionan para que el Estado convierta en ley el aborto y aquellos que propugnan por un retroceso en materia sexual y de derechos reproductivos desde una perspectiva conservadora?

La CIDH maneja este tema de manera muy austera, porque sabe que la agenda afecta las dimensiones legales pero también morales. La CIDH no hace lobby en favor del aborto, pero entiende que los derechos sexuales y reproductivos generales de las mujeres deben ser respetados, así como también los estándares interamericanos.