IZQUIERDA HOY

 

Al momento de escribirse estas líneas, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional está a punto de obtener la ratificación de la mayoría de los congresos estatales. Si todo marcha como hasta ahora, antes de cumplir sus cien días, este cambio a nuestra carta magna se promulgará y el gobierno de México podrá contar con una institución clave para la construcción de la paz y recuperar la seguridad. Conviene recordar que la reforma a la Guardia Nacional es solo un eje de una estrategia integral que involucra, entre otras cosas, la reconstrucción del tejido social y acciones de prevención, el combate a la corrupción y transformación de nuestro sistema penitenciario.

Con esta reforma, el Congreso de la Unión y los congresos locales dan respuesta a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Los poderes del Estado mexicano deben actuar. Permanecer pasivos ante una emergencia de tal magnitud sería una irresponsabilidad; sería condenar a nuestra sociedad a la incertidumbre y desesperación. En este momento es una de las principales demandas de la sociedad. El gobierno de México tiene clara esta urgencia social y ha desplegado, como nunca antes, una estrategia para combatir uno de los delitos de mayor crecimiento en los últimos años: el robo de combustible. Los bloqueos carreteros y el pagar escudos humanos de los últimos días son reacciones de los grupos criminales a las acciones instruidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Es clara la necesidad de avanzar en la construcción de corporaciones policiales a nivel federal, estatal y municipal con la capacidad de servir a la sociedad y que estén blindadas contra la corrupción.

 

Desde hace doce años, miembros de las Fuerzas Armadas realizaban tareas de seguridad sin sustento constitucional y legal. Con esta reforma no solo damos sustento a nuestras Fuerzas Armadas, también garantizamos el pleno respeto a los derechos humanos, con lo cual se da respuesta a varias de las inquietudes y dudas expresadas por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las instituciones, organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos tienen la garantía de que ninguna violación a las libertades y a los derechos sería tolerada.

También queda clara la necesidad de avanzar en la construcción de corporaciones policiales a nivel federal, estatal y municipal con la capacidad de servir a la sociedad y que estén blindadas contra la corrupción. Esta reforma define una ruta para la construcción de un nuevo modelo policial, que se sustente en el desarrollo de la Guardia Nacional y de las policías locales, bajo nuevos parámetros de honestidad, profesionalismo y eficacia, para que en el corto plazo existan policías bien pagados, capacitados y equipados.

Construir la paz, recuperar la seguridad es un problema que implica una gran complejidad, pero las víctimas de los delitos, aquellos que perdieron familiares, que padecieron pérdidas en su patrimonio, el gobierno de México, los legisladores federales y locales actuaron con responsabilidad, en pluralidad y de cara a la sociedad, no fueron omisos ante la crisis que vive el país. La confianza de la población en su presidente es inmensa, porque la sociedad sabe que por primera ocasión, desde hace muchos años, cuenta con un gobierno que entiende sus necesidades y está de su lado.

@MBarbosaMX