¡VIVA LA DISCREPANCIA!
En días pasados, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, dependiente de la Cancillería, compareció ante el Consejo de Derechos Humanos. Ante los personeros de este importante órgano de las Naciones Unidas, la funcionaria señaló que el gobierno del presidente López Obrador se perfila hacia un nuevo paradigma de respeto, promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales; que ese enfoque coloca a la persona en el centro de toda política pública y promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas; y que las 264 recomendaciones fincadas por la ONU al Estado Mexicano serán debidamente atendidas.
A fin de evidenciar la plena objetividad de su dicho institucional, la vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores reseñó cinco acciones estratégicas emprendidas por la presente administración: I) instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, II) allanamiento total a las condenas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias inherentes a tres trágicos casos resueltos a fines del año pasado, de los cuales destaca el relativo a las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, III) emisión de la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho ordenada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, IV) implementación de la Iniciativa Spotlight para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, V) instrumentación del Programa Nacional contra la discriminación de los Pueblos Indígenas.
La cortedad del tiempo destinado a la exposición en comento no permitió hacer el trazo completo de los esfuerzos desarrollados hasta este momento. Dentro del inventario esbozado ante el Consejo están incluidas otras acciones también relevantes: I) puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Personas Desaparecidas, II) instalación de la Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia, III) lanzamiento del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado.
En ese contexto de medidas crecientes en el ámbito de la tutela de la dignidad humana se inscribe la publicación del decreto presidencial en el que se ordena a todas las dependencias y entidades federales que transfieran al Archivo General de la Nación los documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos o persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales. El alcance de este acto jurídico es impresionante pues abarcará todos los expedientes en los que consta lo ocurrido a lo largo de nueve décadas de violencia gubernamental, incluyendo los que están a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Ordena a todas las dependencias que transfieran al Archivo General de la Nación los documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos o persecuciones políticas… abarcará todo lo ocurrido a lo largo de nueve décadas de violencia gubernamental.
Si esta determinación es transportada a la realidad en forma plena e íntegra, se sabrá finalmente cómo se fraguaron el genocidio del 2 de octubre de 1968 y el crimen de lesa humanidad conocido como el “halconazo” del 10 de junio de 1971 y cuál fue el número real de víctimas de esas atrocidades. También aflorará la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas perpetradas durante la guerra sucia, tanto en el Campo Militar número Uno como en las instalaciones milicianas de San Miguel de los Jagüeyes. De igual manera, se correrá el velo oficial que encubrió la intervención de oficiales de alto rango en la planeación y organización de la infame matanza de indígenas de la etnia tzotzil en la ermita de Acteal.
Al dar a conocer dicho decreto, el Ejecutivo Federal pidió perdón a nombre del Estado a quienes fueron víctimas de la persecución de lo que él mismo calificó como el “régimen autoritario pasado” y se comprometió a no solapar ningún acto represivo. Tal gesto es sin lugar a dudas digno de aplauso, pero resulta a todas luces insuficiente a la luz de las normas imperativas e inderogables del derecho internacional de los derechos humanos. Una acción de tal índole debe ser parte de la cadena conformada por cinco preciados eslabones: verdad, justicia, reparaciones integrales, garantías de no repetición y preservación de la memoria histórica.
Los signos, pues, son alentadores y ponen de manifiesto que está en marcha un nuevo paradigma en materia de derechos humanos cuyo objetivo primario es poner fin a la simulación y romper los anillos de complicidad imperantes en los gobiernos precedentes. Inimaginable pensar que todos estos significativos avances pudieran derivar en meros fuegos fatuos o en un fugaz sueño de una noche de verano.