Las acciones que está desplegando la presente administración en el campo de los derechos humanos conllevan un deslinde claro y preciso con relación a las omisiones deliberadas, estrategias fallidas y francas complicidades sistémicas que caracterizaron a los gobiernos precedentes. El recuento de lo hecho en este rubro específico a lo largo de los primeros cien días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador lo acredita de modo categórico. Nueve son las medidas adoptadas en ese contexto de cambio estratégico, las cuales pueden ser aglutinadas en dos grandes bloques.
El primero de ellos está conformado por: I) la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, II) el allanamiento total a las condenas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias inherentes a tres trágicos casos resueltos a fines del año pasado, de los cuales destaca el relativo a las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, III) la emisión de la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho ordenada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, IV) la implementación de la Iniciativa Spotlight para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, V) la instrumentación del Programa Nacional contra la Discriminación de los Pueblos Indígenas.
El segundo bloque se integra con: VI) la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Personas Desaparecidas, VII) la instalación de la Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia, VIII) el lanzamiento del Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, IX) la expedición del decreto presidencial en el que se ordena la concentración en el Archivo General de la Nación de los documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales.
El giro paradigmático al que nos estamos refiriendo se robustecerá con la implementación del acuerdo suscrito hace unos días por el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se dio vida al Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica que apoyará las investigaciones a cargo de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa.
“…el primer paso es que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de todos los mexicanos. La disculpa no repara el daño…”
La férrea voluntad política que subyace en este nuevo paradigma político y humanitario se puso de manifiesto, una vez más, con el acto de emisión de la disculpa pública por la desaparición de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, quienes fueron detenidos por policías estatales para ser entregados a la célula de un cartel y que fueron objeto de una grave estigmatización al haber sido señalados mediáticamente como miembros de la delincuencia organizada.
Ahí, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, admitió que en este caso, como en miles más, ocurrió el fenómeno de la colusión de las autoridades con los criminales y enfáticamente sentenció: “Esto no seguirá sucediendo. Este país ya cambió y el primer paso es que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de todos los mexicanos. La disculpa no repara el daño, pero es un paso para hacer justicia y una oportunidad de frenar las violaciones a los derechos humanos.”
La ruta hacia el pleno respeto a los derechos humanos está ya trazada y debe ser coronada con la formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos de carácter integral y transversal, cuyo punto de partida no puede ser otro que el reconocimiento expreso de que las violaciones a los derechos fundamentales son estructurales, sistemáticas, generalizadas y de larga data.