Entrevista a Gustavo López Montiel | Dr. en Ciencia Política

El anuncio del senador de Morena, Ricardo Monreal, de promover una reforma constitucional para aumentar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 16 miembros, con una nueva sala anticorrupción y una iniciativa más para desaparecer el Consejo de la Judicatura, pues ”el poder judicial no puede seguir como está” sigue causando polémica.

Aunque asegura que no se pretende cambiar el equilibrio de fuerzas dentro de la corte, la realidad es que buscan someter al único poder que pudiera seguir haciéndole contrapeso al gobierno. El presidente López Obrador ha ido subordinando poco a poco a organismos autónomos, presionando y sustituyendo a sus miembros. La justificación es que la nueva sala permitirá sustituir a las del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en materia anticorrupción que ¡ni siquiera se han creado!

Como se recordará, con la reforma judicial de 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo, renovó el poder judicial al reducir el número de ministros del pleno de la SCJN, que pasó de 26 a 11 magistrados. Zedillo envió una propuesta de 18 candidatos para elegir a los nuevos ministros, un cambio muy cuestionado y considerado un “fujimorazo”. Una transformación que, en opinión de juristas como Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha, “redundó en el establecimiento de un poder transexenal”.

El doctor en ciencia política y académico del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, ahonda y señala que la reforma implementada por Zedillo no solo buscó tener mayor control sino también debilitar la toma de decisiones, así como su fuerza política y jurídica. Reconoce que, aunque las prácticas de corrupción y excesos en el poder judicial han sido ampliamente documentadas, la intención de la actual reforma morenista no es resolver estos problemas sino ejercer un mayor control sobre la corte.

El doctor López Montiel asevera que el tema de la corrupción es uno de los referentes de López Obrador y compagina muy bien con su discurso en torno a la superioridad moral que tiene en la materia “para poder hacer un conjunto de cosas que otros mandatarios tal vez no harían” y donde siempre señala que lo que se hizo en el pasado no funciona porque “no respondió a lo que quería la gente”.

López Montiel recuerda que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue una iniciativa generada no solo por el gobierno y  grupos de su entorno sino que también participaban en él organizaciones de la sociedad civil. “Sin embargo —apunta— la sociedad civil es uno de los elementos que disputa, en términos morales, el discurso del presidente y las acciones. Es por eso que López Obrador busca generar sus propios mecanismos, porque asume que son no solo los más eficientes, sino los que la gente quiere y no los que la sociedad civil impuso”.

Por ello, “el mandatario no respeta los sistemas de licitaciones que tienden a generar ciertas competencia y mecanismos hasta cierto punto de transparencia y sí, por el contrario, hace licitaciones directas que van en contra del espíritu de transparencia de rendición de cuentas y anticorrupción planteados en años pasados”.

Esto tiene que ver, asegura López Montiel, “con la forma en que el presidente entiende su condición moral con respecto a los demás grupos y actores incluyendo la sociedad civil. Busca renovar la estrategia e incluso, en algún momento, plantear la posibilidad de la desaparición del SNA y su sustitución por alguna otra cosa”.

 

En el senado Morena ha retrasado por meses el nombramiento de 18 magistrados de las salas, especializados en el combate anticorrupción, incluso el Tribunal les ordenó que ya los nombren…

Sí porque, en buena medida, no lo quieren instrumentar, porque no se hizo en el pasado precisamente por la condición de los grupos políticos en México de ser opacos, incluyendo al actual gabinete del que muchos funcionarios vieron obligados a subir sus declaraciones hasta el último día, eso muestra que el gobierno federal y muchos grupos incluyendo panistas, priistas  y perredistas no están cómodos con el SNA como está planteado hasta ahora.

 

¿Qué opina de la iniciativa de Monreal de crear una sala anticorrupción?

Lo que buscan es controlar al Poder Judicial, la designación de cinco ministros más, implicaría obviamente la posibilidad de construir una mayoría dentro de la SCJN. El tema resulta ocioso porque una sala anticorrupción en la SCJN no tiene sentido, en buena medida porque la corrupción se compone fundamentalmente de delitos que se juzgarían en el contexto de los tribunales penales o administrativos dependiendo de su carácter.

La corrupción no es una actividad distinta de las que ya están tipificadas como delitos en la actualidad. No tiene sentido hacer una nueva sala porque ese tipo de juicios llegan a otras salas de la corte a ser resueltos bajo la norma existente que trata temas anticorrupción. Más bien la intención de la iniciativa es no echar a andar el Tribunal de Justicia Administrativa, desmantelar el SNA y, lo más relevante, controlar a la mayoría de la corte, es más bien la idea.

 

¿El presidente intenta controlar al Poder Judicial, situación que hemos visto en gobiernos de países como  Perú o Venezuela?

Sí de hecho, en todos los países que han tenido gobiernos populistas, los líderes han buscado controlar a los otros poderes. Se ha dado, por ejemplo, en el contexto de los poderes judiciales de manera más clara, pero también en los poderes legislativos, capturar a todos para poder tener control del Estado en su conjunto. Aquí en México el único poder sobre el cual no tiene un control el presidente, por su forma de elección, es el Poder Judicial pero además independientemente de que lo hagan o no, es muy posible que solo por este anuncio algunos ministros de la Corte reasuman su posición dentro de los bloques o alianzas en el contexto de las salas de la corte y entonces reconsideren sus votos y comiencen a votar en favor del presidente.

 

Actores que pudieran haber sido contrapeso se han plegado al presidente AMLO, en buena medida por los recursos, como los gobernadores.

 

 

Cuántos años, trabajo y dinero para lograr una democracia —buena o mala— y ¿volver a empezar con un partido y un gobierno autoritarios?

Es correcto y, en buena medida, lo único que no ha pensado el presidente es concluir la redacción de una nueva Constitución, que es el camino que han seguido los otros líderes populistas en el mundo para consolidar su capacidad de control. Lo tendría que hacer pronto porque viene la elección intermedia en un año o año y medio y dependiendo del contexto es lo que haría que el presidente pudiera perder la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados ahora.

Una nueva Constitución, como cuestión política que reconfigure al poder y el contexto en los derechos y libertades individuales, todo esto que la Constitución actualmente garantiza y que en otro contexto ya no se garantizaría de la misma forma.

 

¿Qué escenarios visualiza?

No son muy halagüeños porque, a fin de cuentas, también otros actores que pudieran haber sido contrapeso se han plegado al presidente, en buena medida por los recursos, como los gobernadores. Con las elecciones de este año, si gana Morena parte de la elección, posiblemente pasará de controlar 20 congresos estatales a controlar 23. En este contexto lo que sucedería es que el resto de los partidos y actores políticos no han entendido las características de la condición populista de López Obrador.

En el contexto del viejo discurso democrático de la democracia liberal buscan contrarrestarlo, cuando en realidad es una filosofía de gobierno que parte de la misma democracia, por eso resulta complicado rebatirlo porque asume el mismo discurso democrático nada más que en contra de las libertades y derechos individuales. Con condiciones autoritarias, el tránsito de esa condición democrática populista. Una condición autoritaria que hemos visto en otros países, pero no en el sentido de los autoritarismos viejos, sino, a diferencia tal vez de Venezuela, se ejerce a partir del control no solo ideológico, práctico y militar del Estado, sino de todos los recursos que eso conlleva.

La otra es que el sistema de partidos se desconfiguró, entonces, si las democracias se sustenta en los partidos políticos porque estos hacen contrapeso a los gobiernos, en este caso cada partido se desconfiguró y como es obvio ya no hay partidos ni liderazgos que le hagan sombra al partido en el poder.

 

¿Y las organizaciones de la sociedad civil?

Es muy complicado porque tales organizaciones funcionaban con los recursos que el gobierno les asignaba, en el caso de México, las organizaciones no se construyeron por sí mismas, nacieron a partir de apoyos sociales o privados, principalmente apoyos gubernamentales. Hay una parte de la sociedad civil que se no se sostiene con apoyos sociales pero esa es a la que el presidente llama “fifí”, porque recibe apoyo de empresas u organizaciones que tienen recursos.

Básicamente las organizaciones de la sociedad civil están viviendo una crisis importante porque muchas que se habían consolidado en diversos temas durante los últimos años hoy no tienen apoyos para operar porque esos recursos eran asignados fundamentalmente por el gobierno. El presidente entiende que para mantener el control de las clientelas y grupos políticos tiene que eliminar intermediarios, como ha dicho, y dar el dinero directamente, lo que genera lealtades nuevas y desintegra lo que había antes.