Lamentablemente para nuestro país, es aspiracional que la sociedad se desarrolle en un ambiente de legalidad, justicia y democracia, sobre todo cuando se hacen violaciones sistemáticas a nuestro orden normativo por parte de las autoridades, incluso por el Presidente de la República.
Por desgracia, los mexicanos perciben de los funcionarios públicos un común denominador de corrupción y quebrantamiento de las leyes, lo que ha propiciado una atmosfera de desconfianza entre la población y el servicio público. Sin embargo, más 30 millones votaron por un cambio que hoy no se materializa, pues los índices de violencia, pobreza, corrupción e injusticia ascienden con prontitud.
Para el titular del Ejecutivo Federal, el Estado de derecho consiste en trabajar solamente en juicios de moralidad, en definir –sin ninguna facultad– que es justo y que no lo es, así como en transgredir la democracia, la división de poderes y peor aún la Constitución.
El pasado 16 de abril, el Presidente López Obrador firmó un memorándum con efectos insólitos, dirigido a las Secretarias de Gobernación, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público: cancelar la reforma constitucional en materia educativa además de recomendar que se reinstale a los profesores separados de sus aulas.
Es increíble que el Primer Mandatario de nuestro país pretenda quebrantar a nuestra Carta Magna. Tal vez el Presidente de la República ha olvidado que vive en un Estado de derecho y de leyes.
Un memorándum no es pretexto para no cumplir lo que la Constitución indica, cumplir y hacer cumplir las leyes.
Seguramente el Titular del Ejecutivo Federal también olvidó que el pasado 1° de diciembre juró ante el Congreso de la Unión, lo que establece el artículo 87 de la Constitución que hoy ignora: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Como lo mandata nuestra Carta Magna y que hoy le demandamos al Presidente de la República, así como también a las y los titulares de las Secretarías de Estado es que deben ser ellos los primeros en cumplir con la Constitución y las leyes que emanen de ella.
El titular del Ejecutivo Federal incumple su juramento al emitir este tipo de órdenes que contravienen la legislación vigente. No es así como las democracias se consolidan y se generan las condiciones de bienestar y desarrollo para la población.
Cabe señalar que el cumplimiento de la ley no debe estar a expensas de intereses de grupo y mucho menos personales.
Desde el Senado de la República pugnaremos para que el Ejecutivo Federal cumpla al pie de la letra con la Constitución y las leyes, respete la división de poderes y la democracia. Ninguna ocurrencia por encima de la Constitución.