No hay duda de la legitimación popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco la hay respecto a su terco afán de centralizar el poder, a través de su influencia en los tres Poderes de la Unión y en todas las entidades del sector público, así como en las entidades federativas.

Es explicable esta actitud en función del deseo y la promesa de realizar profundas transformaciones estructurales en la administración pública que transitan, en primer término, por cancelar todas las reformas que —a su juicio— tienen el carácter de “neoliberales” y que se tomaron en los últimos 40 años; su objetivo no es nada fácil; su ejecución está pletórica de actitudes polarizantes y contradictorias.

Ejemplos de lo anterior salen sobrando; para el presidente la ley es él, y lo demuestra palmariamente con aquellos nombramientos en los que no se reúnen las condiciones jurídicas necesarias y él decide modificar el marco. Es el caso de los nombramientos de los titulares del Fondo de Cultura Económica, de la Comisión Nacional del Deporte, del Servicio de Administración Tributaria, de los integrantes de Comisión Reguladora de Energía y del titular del Sistema Público de Radiodifusión. Asimismo, refleja esta actitud voluntarista en la compra de las pipas, en la cancelación del NAIM en Texcoco y muchos ejemplos más.

Sin embargo, el problema que confronta al titular del Ejecutivo va más allá de su actitud conflictiva con la prensa, con los comentaristas —a los que llama fifís—, con los empresarios o con cualquier grupo que no coincida con su propuesta; en el otro extremo, con los grupos afines —en principio— a su candidatura como el EZLN o la CNTE.

Más allá de estas circunstancias su gran problema es al interior; se rumora la salida de la secretaria de Gobernación y el ingreso del actual secretario de Relaciones Exteriores a ese cargo, por asuntos relacionados con la política migratoria.

Por otra parte, es evidente el choque de trenes que habrá de suscitarse entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaria de Seguridad Publica, por el manejo de la Guardia Nacional.

 

El problema que confronta al titular del Ejecutivo va más allá de su actitud conflictiva con la prensa, con los comentaristas con los empresarios o con cualquier grupo que no coincida con su propuesta.

 

Al parecer el presidente se alegró que el Senado de la República no aprobara a los funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía.

La oposición de los partidos políticos es relativa, ya que han sido prácticamente desaparecidos y el número de curules y escaños que conservan está disminuido.

A pesar de todo esto, la contradicción más seria e importante que se está produciendo es en el ámbito de las finanzas y de la política económica. En efecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público enfrenta compulsivamente al jefe de la Oficina de la Presidencia, quien sirve de enlace permanente con los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Esta contradicción es en verdad peligrosa para el destino inmediato del país, pues afecta todo el proyecto económico, relacionado no solo con la energía, sino con el pleno empleo y las políticas de bienestar.

El problema del presidente está en su casa y, si bien no hay duda de que él manda, la contradicción interna impide que el gobierno realice su tarea: hasta hoy se encuentra paralizado.

Cuidado con la política contra la delincuencia y, sobre todo, mucho cuidado con las relaciones bilaterales con el impero que, hoy por hoy, nos mantiene en situación de parálisis y sumisión.