Para la mayoría de los abogados y expertos en derecho, no existe duda respecto a la inconstitucionalidad del memorándum que el Presidente López Obrador envió a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, pues en él pretende abrogar una reforma constitucional.

Es obvio que cualquier reforma de carácter constitucional compete solamente a lo que el maestro Felipe Tena Ramírez llamó el “Constituyente Permanente” y que, de acuerdo con el articulo 135, lo integran la mayoría calificada de los individuos presentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y al mayoría de los Congresos Locales, de tal suerte que –como lo señala la propia Carta Magna en sus artículos 49 y 116— no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona.

La discusión de los que pretenden defender el memorándum, consiste en que el Ejecutivo tiene facultades reglamentarias de acuerdo al artículo 89 constitucional, lo cual es cierto, pero, modificar un precepto de la jerarquía y del rango que corresponde a la máxima Ley obviamente no está en esa facultad.

Por otra parte, se afirma que la inconstitucionalidad sólo la puede declarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual también es cierto, pero no significa que no exista la inconstitucionalidad; por ejemplo, si a un difunto no se le ha extendido un certificado de defunción, no significa que no ha muerto.

A mayor abundamiento, también se alega que aún no ha causado efectos jurídicos, por lo tanto, no se ha afectado ninguna esfera jurídica de las personas; lo cual tampoco es verdad, pues, han sido afectados todos los legisladores del país, quienes –en todo caso– son los únicos que puede realizar una reforma a la Constitución del país.

 

“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, o lo que le corresponde”.

 

Claro está de qué se trata de una estratagema política para la negociación con la CNTE, que ha lanzado sus huestes en defensa de lo que ellos suponen “es de su interés”. La habilidad del Presidente López Obrador consiste en dar un espacio en la negociación como se está logrando para llegar a un consenso que modifique el dictamen de las Comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, para modificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 13 de diciembre de 2018.

Más allá del contenido de la Reforma Educativa, lo que es extremadamente grave es el manejo indebido del pacto federal.

Por otra parte, el Presidente de la República planteó un tema que corresponde a la filosófica del derecho y que es: “sí el bien superior, que representa la justicia, está por encima de las leyes injustas”, suena interesante ésta argumentación, pero el problema será determinar ¿qué es la justicia y para quién? tema que requiere una profunda discusión económica, política y jurídica.

La definición más aceptada de justicia es la que el derecho romano, a través de Ulpiano, determinó diciendo “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” que significa “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, o lo que le corresponde”.

La realidad de esta extraordinaria definición tampoco nos dice nada, y se formuló precisamente durante el Imperio Romano que se regía por el sistema esclavista de producción, que por supuesto, a los ojos actuales, no tienen nada de justo. Como tampoco lo fue los derechos de la nobleza sobre los siervos que eran absolutamente injustos, pero que correspondían al modo de producción feudal.

Con el sistema capitalista surgen nuevas formas productivas, basadas en la igualdad y la libertad, sin embargo, el desarrollo de este sistema ha producido las injusticias más grandes de la humanidad, con la construcción de un sistema donde la riqueza se ha concentrado en unas cuantas manos y la mayoría de la población del planeta vive sojuzgado por las leyes del capitalismo.

Nos preguntamos entonces ¿dónde está la justicia? ¿qué es dar a cada quien lo suyo? Considerando que las reformas a la legislación –derogación, abrogación, adición– le competen al Poder Legislativo y que si las leyes del capitalismo son injustas ¿sería posible jurídicamente que el Presidente de la República derogue toda la estructura jurídica en la que vivimos?