Michelle Bachelet es un símbolo refulgente de la lucha incesante contra las violaciones a los derechos humanos. Hija del general Alberto Bachelet, quien fue ejecutado por resistirse a los dictados del golpista Augusto Pinochet, sufrió prisión, reclusión y tortura en las instalaciones de Villa Grimaldi; horrendo sitio donde imperó la muerte y en el que fueron confinados y desaparecidos miles de opositores políticos. Una vez liberada, se exilió en Alemania y más tarde volvió a Chile para emprender una brillante carrera como activista y política de izquierda que le condujo en dos ocasiones a ocupar la presidencia del hermano país austral.
La ruta de ascenso permanente que ha caracterizado su historia de vida se ha visto coronada con su muy merecida designación como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo desde el cual seguramente dará cauce a su honda vocación humanista y libertaria.
Dotada de esa alta investidura internacional, la doctora Bachelet visitó recientemente nuestro país y desarrolló una intensa agenda de trabajo cuya trascendencia se puso de relieve con la firma de un acuerdo de asesoría y asistencia técnica para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el cual incorporará a la ONU a las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 alumnos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” y le permitirá: I) participar en las sesiones de la Comisión de la Verdad creada para ese propósito como primer acto de gobierno del presidente López Obrador, II) asesorar a dicha Comisión en la búsqueda y reparación integral a las víctimas, III) dar seguimiento a las investigaciones sobre posibles irregularidades, IV) atender las recomendaciones emitidas a ese respecto por los mecanismos internacionales.
En el acto en comento Bachelet sentenció: “Llegar a la verdad, la justicia, la reparación de los daños y la garantía de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano. Los crímenes contra los estudiantes de la normal representan un caso paradigmático que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para atender las violaciones a los derechos humanos”.
Como es obligado en este tipo de misiones oficiales, la Alta Comisionada se entrevistó con víctimas, familiares, activistas y organizaciones de la sociedad civil; ello hizo patente el hecho de que los temas más graves en la materia son las desapariciones, los feminicidios, la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, las torturas, las detenciones injustas, los altos índices de pobreza y la necesidad de que los proyectos empresariales respeten la biodiversidad y sean acordes al derecho a la consulta previa, libre e informada que asiste a los pueblos originarios.
Tales corolarios sirvieron de base para que la ilustre chilena formulara las siguientes recomendaciones al gobierno federal: I) autorizar la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas (solicitada desde el 2013), II) reconocer la competencia de este para conocer de denuncias en casos concretos, III) reforzar el mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, IV) recibir a los relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, V) firmar y ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos del derecho internacional convencional.
Más allá de las formalidades propias de la diplomacia, Bachelet hizo saber que se fue profundamente sorprendida por la magnitud de la crisis humanitaria en la que está envuelta la nación. Tal sentimiento quedó grabado para la posteridad con estas severas palabras: “252 mil muertes desde 2006, 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y 10 mujeres asesinadas al día, son datos verdaderamente aterradores. México tiene cifras propias de un país en guerra”.
Si el régimen de la cuarta transformación no asume la trágica realidad que ha sido desnudada en su total plenitud por un personaje de ese calibre político y jurídico, si se soslaya el señalamiento categórico de que estamos inmersos en un estado de cosas equiparable a la catástrofe derivada de un conflicto armado, se incurrirá en un error de proporciones igualmente catastróficas y así quedará registrado en los anales de la historia nacional.