Este 18 de abril se cumplió un año del estallido de la crisis política en Nicaragua, la más aguda desde el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979. En estos 12 meses hubo dos intentos fallidos de diálogo entre el gobierno que encabeza el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, de 73 años, con 15 años acumulados en el poder y la coalición opositora Alianza Cívica, un abanico de fuerzas surgido al calor de las protestas que han causado miles de víctimas ante la feroz respuesta oficial.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron y más de 2 mil resultaron heridas por participar en protestas, en su mayoría jóvenes alcanzados por impactos de bala. El gobierno reconoce solo 198 fallecidos,  mientras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 545.

A la vez, cerca de 700 nicaragüenses permanecen en la cárcel en condiciones infrahumanas y casi 60 mil se vieron obligados a abandonar el país, refugiándose en su mayoría en la vecina Costa Rica.

Todo comenzó cuando estudiantes universitarios salieron a protestar de manera espontánea contra una impopular reforma al Seguro Social, si bien semanas antes al 18 de abril los jóvenes se movilizaron para exigir al gobierno de Ortega que hiciera algo a fin de sofocar un devastador incendio en la reserva Indio Maíz (sur), que consumió parte de esa importante área ecológica frente a la indiferencia oficial.

Expertos citados por la cadena de televisión alemana Deutsche Welle afirman sin embargo que el estallido fue solo el detonante de un creciente descontento social acumulado hacia el gobierno de Ortega, quien controla el poder desde 2007 y  se ha reelegido dos veces en comicios cuestionados por la oposición y organismos internacionales. Ortega encabezó la revolución sandinista de 1979-1990 al frente de un directorio guerrillero y civil, cuyos antiguos miembros, así como la sociedad, están hoy polarizados ante el autoritarismo del régimen a merced de un virtual estado de sitio.

 

La represión que se inició en la capital Managua detonó otras protestas en las principales ciudades del país, a las que se sumaron campesinos, pobladores, activistas de derechos humanos, feministas, y la misma Iglesia católica con una participación activa en defensa de la población por parte de destacados obispos.

También un sector del empresariado se integró a la Alianza Cívica, que exige el cese de la represión, liberación sin excepción de todos los presos políticos y adelanto de las elecciones de 2021; todo lo cual ha sido rechazado por Ortega.

Hasta la fecha han sido excarcelados menos de 200 presos políticos, devueltos a sus casas pero bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Según el Banco Central de Nicaragua, la crisis ha causado pérdidas superiores a los 1,600 millones de dólares, con el desplome de la inversión extranjera directa (63.2 por ciento), turismo (41.1 por ciento)  y exportaciones (25.4 por ciento), mientras las reservas internacionales se redujeron en 1,000 millones de dólares (33 por ciento) en una de las economías más pobres de América Latina. Para este año se pronostica una caída del PIB de -5 por ciento, frente a -3.8 por ciento registrado en 2018 tras el estallido de abril.

A esto hay que añadir, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pérdida de empleos que afecta a unas 300 mil personas, equivalente al 10 por ciento de la población laboral ante el cierre de comercios, empresas y el desplome del turismo, uno de los principales motores de la economía local en un país rico en playas, lagunas y volcanes.

Diversos organismos e instancias internacionales se han hecho eco de los reclamos de la población, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo. En tanto, desde Estados Unidos la administración de Donald Trump aprobó, a finales de 2018, la ley Magnitsky Nica Act, que prevé sanciones para funcionarios y familiares de Ortega involucrados en actos de corrupción y violación de los derechos humanos. La misma ley podría obligar a la Casa Blanca a vetar préstamos de organismos multilaterales solicitados por Nicaragua.

Incondicionales de Ortega se han mostrado los gobiernos de Venezuela y Cuba, además de Rusia, que respaldan la versión oficial de un “intento de golpe de Estado”. Para Rusia, Nicaragua es uno de los países “más cercanos en toda la región” y la cooperación es calificada por Moscú de “estratégica”.

Este 14 de abril, en una conmovedora homilía de Domingo de Ramos, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, recordó que “Dios está de parte de la víctima, no del verdugo”. En la abarrotada parroquia capitalina de Santo Cristo de Esquipulas, Báez, de 60 años, evocó la rebelión de 2018 y dijo que “nuestro pueblo está a punto de cumplir un año de una historia crucificada. Aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nosotros. En los crucificados está Dios”.

Cuatro días antes, este carmelita descalzo licenciado en Sagrada Escritura y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, había anunciado en una emotiva rueda de prensa que el papa Francisco le había ordenado trasladarse a Roma y abandonar su país. La polémica decisión quita de la escena política al obispo más crítico de Nicaragua, acusado por Ortega de “golpista” tras participar ambos en la primera sesión de diálogo, en mayo anterior. La decisión de Francisco “me arrancó lágrimas”, dijo Báez ante los medios.

En la homilía, una de las últimas organizadas antes de partir, Báez clamó aludiendo a Jesucristo que “no podemos olvidar, ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los que todavía se ocultan temerosos”. Del mismo modo que “no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las madres que lloran a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo al que no se le deja de seguir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero”.

“Hoy —añadió— contemplamos a Cristo en nuestro pueblo, y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo, que está de parte del último, del empobrecido, del manipulado ideológicamente, del que sufre desconsolado, del que no tiene esperanza, del martirizado todavía hoy”.

En medio de las consignas coreadas por los fieles “¡Viva Nicaragua libre!” y “¡Silvio, amigo, el pueblo está contigo!”, Baéz externó sus sentimientos: “Es un acto de obediencia amoroso, aunque yo no lo entienda y me duela”.

“Me han pedido que me fuera —concluyó. He dicho que me duele porque mi pueblo queda crucificado. Pero un pueblo crucificado resucita siempre”.

 

En un tuit, el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, calificó de “duro golpe” a la rebelión civil el traslado de monseñor Báez a Roma, mientras que sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua reconocieron estar “impactados y sorprendidos”. En declaraciones al periódico Confidencial, dijeron que “llegamos a la conclusión de que el gobierno le pidió al nuncio eso. No encontramos otra manera de entenderlo”.

Se trata del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, muy cuestionado luego de que el 11 de marzo visitara a presas políticas en huelga de hambre a quienes les dijo que suspendieran la medida. “Para qué quieren salir, si van a ir a hacer cosas malas”, las conminó el embajador de Francisco. A una de las presas, María Adilia, que estaba muy mal de salud, el nuncio la sujetó de la cara y le empezó a decir: “Tenés que comer, tenés que comer”, según denunciaron las detenidas, que pertenecen al movimiento estudiantil universitario.

El silenciamiento de monseñor Báez se une al de otras voces críticas solidarias con la rebelión de abril, como es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, expulsados de Nicaragua en diciembre, cuando se aprestaban a presentar su informe final demostrando las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en el marco de la crisis.

Durante seis meses de trabajo, el GIEI padeció el boicot al ejercicio de su labor al cerrar el Estado todos los espacios de diálogo y monitoreo, negándoles además el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos, según denunció el mismo comité internacional de juristas y médicos independientes que con motivo de este aniversario ha elaborado una serie elocuente de videos para demostrar la represión del orteguismo en contra de las obligaciones más elementales en materia de derechos humanos.