La última a cargo del senador Ricardo Monreal, con afanes de incrementar el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó formal iniciativa en la Cámara Alta argumentando la necesidad de transformar el Poder Judicial Federal, al considerar que padece descrédito y desprestigio.

Así propone la inclusión de cinco nuevos ministros para conformar un total de dieciséis, a la vez de crear una nueva sala dedicada a resolver los temas de corrupción advirtiendo, además, que viene una segunda iniciativa para eliminar el Consejo de la Judicatura.

He de mencionar en este artículo únicamente tres puntos de forma, suficientes para dudar y poner en entredicho el buen propósito sostenido por el legislador. Las reformas en materia constitucional, máxime cuando se pretende cambiar el diseño de uno de los tres poderes tradicionales de nuestro sistema político, siempre vienen acompañadas de foros, consultas, trabajos académicos y cabildeos políticos, nunca de presentaciones sorpresivas, pues se prestan a suspicacias.

Además resulta inverosímil dada su posición como coordinador del grupo mayoritario en la Cámara de Senadores; el operador político del presidente ante esa instancia y; para nadie es un secreto, sus evidentes aspiraciones presidenciales, que nos salga con el prurito de que lo hace a título personal.

Pasa completamente por alto la función de constitucionalidad de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretextando el rubro de corrupción que, por cierto, solo ha quedado en el discurso, para obligarla a resolver cuestiones de legalidad, tal como lo explica claramente el ministro en retiro José Ramón Cossío en su artículo titulado “Conflictos judiciales”.

Si bien el problema de la corrupción subsiste, difícilmente va a encontrar solución con la pretendida reforma monrealista pues, en el fondo se observa la intención de abrir puertas a los nombramientos a modo, tal como se ha venido haciendo en los últimos meses.

Tales acciones emulan al histórico Santa Ana, que abanderó las causas liberales a la vez que expidió una constitución que establecía la República Central, elucubraciones que invitan a pasar de la discusión razonable y ordenada, al camino de la resignación, al sometimiento y al desconcierto social, cuando ese sendero hace años fue superado.

En realidad es tan evidente la intención de apoderarse de la Corte, como lo frágil de su contenido motivacional, carente de fundamento en rigor constitucional, únicamente dirigido a exaltar los ánimos sociales en busca de reacciones y apoyo popular para restañar las heridas y agravios aún vigentes, eco donde es posible encontrar terreno fértil en la emboscada al Poder Judicial, sin embargo, dice construir cuando en los hechos destruyen.