El próximo 10 de abril, se cumplirán 100 años del traicionero y cobarde asesinato de Emiliano Zapata, quien fuera abatido víctima de una celada ordenada por Carranza y ejecutada por las tropas de Pablo González. Emiliano Zapata es junto con Villa, los únicos revolucionarios que siguen vivos en el imaginario popular y son quizá, los únicos mexicanos universales.
La memoria de Zapata es ocasión propicia para abordar el tema del agro mexicano y las políticas públicas que se han anunciado. El tremendismo del diagnóstico de que el campo está abandonado debe abordarse de manera racional y con serenidad. En los últimos años, la economía del sector agroalimentario ha sido el motor del proceso productivo y presenta un superávit en la balanza comercial del sector. Lo cual no podría suceder si estuviera abandonado.
Es cierto y nadie niega que después de tres décadas del modelo de desarrollo neoliberal, se refleja la desigualdad social que sufre todo el país. Es posible afirmar que tenemos un campo bipolar, en el que conviven un sector del campo altamente rentable, productivo, con tecnología y otro de sobrevivencia, de minifundio, con escasa productividad, sin acceso a crédito y fertilizantes, ni semilla mejorada y otros insumos y con miles de campesinos en condiciones de vida inaceptable. Lo cual es razón suficiente y bastante para buscar una trasformación que de ninguna manera puede tener como propósito modificar el régimen de tenencia de la tierra.
Las reformas legales o las políticas públicas no deben afectar la propiedad social; por el contrario, su propósito central debe ser mejorar las condiciones de vida de sus propietarios, propiciando modelos de propiedad que eleven la productividad de las tierras.
La gran trasformación que se requiere no puede ser tampoco superficial, debe ser una verdadera reforma de fondo, teniendo como eje rector a los hombres y mujeres del campo. La reforma debe ser con ellos y para ellos. Es necesario diseñar e instrumentar políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo y que se refleje en el Programa Sectorial de Sector Agroalimentario, y además realizar todas las modificaciones que resulten necesarias al marco jurídico normativo que regulan el sector.
Las reformas legales o las políticas públicas no deben afectar la propiedad social.
Todos los mexicanos estamos de acuerdo en que se debe garantizar la alimentación de todos los mexicanos y el desarrollo rural integral y sustentable, tal y como dispone nuestra carta fundamental. La reforma que plantea el nuevo régimen debe establecer con claridad el compromiso del Estado mexicano para garantizar el derecho humano a la alimentación.
Las nuevas políticas para transformar el campo deben tender a elevar la productividad, evitando distorsiones comerciales y procurando precios justos; reactivar la Banca de Desarrollo Agroalimentaria; producir fertilizantes; potenciar la biotecnología y el acceso a semillas mejoradas. Asimismo, destinar recursos para la mecanización y equipamiento; optimizar el uso del agua en los distritos de riego y desburocratizar el sector público, entre otras muchas acciones de gobierno. Y sobre todo apoyar a los productores rurales de menores ingresos o que subsisten en microeconomías de sobrevivencia.
Es necesario diseñar y concretar algunas adecuaciones y modificaciones legales, para un reordenamiento total al marco jurídico que reestructure y simplifique las leyes, reglamentos y normas que regulan el sector, sin afectar el espíritu y esencia del artículo 27 constitucional concebido por el Constituyente de 1917.
Los productores están en espera de que se conozca el texto final del Plan Nacional de Desarrollo y su consecuente programa sectorial porque se conocerán con mayor detalle las políticas públicas que habrán de prevalecer en los próximos seis años y en las cuales deben incluirse a todos los productores. Conocer, por ejemplo, los cambios en patrón de cultivos en la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria; la reorientación de las importaciones de granos básicos para consumo humano y producción de proteína animal y una larga serie de acciones que se han venido anunciando. Que los cambios sean por el bien de México.