El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no condonaría impuestos a los grandes causantes, pues renunciaba a la facultad que permitió a los tres presidentes que le antecedieron perdonar el pago de 400 mil millones de pesos al fisco, política que puede resumirse en la frase de favores a los más ricos y ahorcamiento de quienes sí pagan sus contribuciones.

Entre los mayores beneficiarios de ese beneficio otorgado por el presidente Fox y sobre todo por Calderón y Peña Nieto, destacan la empresa gringa Walmart, la “mexicana” Kimberly Clark, de Claudio X. González; Germán Larrea, el que dejó enterrados a los mineros de Pasta de Conchos y se dedica a envenenar a Sonora; y empresas como Televisa, América Móvil, Cemex y los negocios de la familia Garza Lagüera.

Escudados en los bufetes de más prestigio y mejor relacionados con la judicatura, los afectados seguramente darán la batalla para conservar sus privilegios. Fuera de ese reducido círculo, nadie llorará por la suspensión de los perdones ni porque se devuelvan impuestos a la casta dorada.

El riesgo, ese sí presente, es que la medida se generalice y afecte, por ejemplo, a las asociaciones civiles. Es muy cierto que tras la abreviatura “AC” se escudan no pocos evasores fiscales, pues para una empresa o particular, resulta fácil y hasta prestigioso aparecer como benefactor y meter como deducibles de impuestos las cantidades que tan “generosamente” se aportan para las más diversas causas, por lo general las que interesan o convienen a los donantes.

Sin embargo, una buena proporción de las asociaciones civiles sí realizan tareas de beneficio social, como es el caso de las que protegen mujeres golpeadas o a niños “en situación de calle”, las que defienden a personas injustamente encarceladas, las que se oponen a los depredadores de la ecología o al cultivo de transgénicos, etc. Por eso, sería inaceptable llevarse entre las patas a esas asociaciones en nombre de un igualitarismo incompatible con la más elemental justicia.

Otro rubro puede estar en peligro por la “austeridad franciscana”. Me refiero a los derechos de autor, cuya suma es de poca monta en el total de la recaudación, pero que representa una pálida remuneración del aporte intelectual y artístico que se hace a la nación. En la actualidad, los creadores están exentos de impuesto hasta por veinte salarios mínimos alzados al año, si como es previsible, la SHCP suprime esa exención, el daño mayor será para México. Pero así se las gasta la tribu neoliberal del vicepresidente Carlos Urzúa.