En mayo del 2006, miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales perpetraron un ataque generalizado contra la población civil de San Salvador Atenco. A trece años de ese trágico suceso impera la percepción ciudadana de que se trató de un brutal operativo orquestado desde la cúspide misma del poder político, en connivencia con las autoridades del Estado de México, con el fin de reprimir y castigar a quienes se manifestaron en defensa de la tierra y del agua y en contra del mega proyecto del aeropuerto de Texcoco. Muertos, heridos y una docena de luchadores sociales injustamente criminalizados y encarcelados, fue el saldo de ese flagrante atropello al valor supremo de la dignidad humana.
El elevado índice de maldad humana con el que se llevó a cabo la ofensiva no quedó ahí. Los trogloditas, envalentonados por la carta abierta que les fue brindada, ultrajaron sexualmente a once mujeres, algunas de ellas de origen extranjero. Los anillos de complicidad y la impunidad estructural impidieron que en el país brillara para las víctimas la luz de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales.
Por tal motivo se vieron obligadas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del cual emanó una emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condenó al Estado mexicano a: I) realizar una investigación exhaustiva con perspectiva de género, II) llevar ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales, así como a quienes les resulte responsabilidad penal por cadena de mando, III) revertir las condiciones que facilitan la comisión de actos de tortura sexual y la represión por las fuerzas de seguridad.
Algo similar le ocurrió a Lydia Cacho. Habiendo sido objeto de torturas psicológicas y sexuales, los órganos encargados de la procuración y administración de justicia se mostraron incapaces de atender sus reclamos. El papel que jugó la Suprema Corte fue absolutamente decisivo. En la sesión plenaria del 30 de noviembre del 2007 los ministros resolvieron que no hubo violación grave de las garantías individuales de la periodista y se negaron a realizar la investigación prevista en ese tiempo por el artículo 97 de la Carta Magna.
Ante tan manifiesta irregularidad, Lydia activó la competencia del Comité de Derechos Humanos, instancia dependiente de las Naciones Unidas que, entre otras acciones, conminó al Estado mexicano a realizar una investigación imparcial, pronta y efectiva; así como a procesar, juzgar y castigar a los responsables.
Un caso más pone en evidencia que la denegación de justicia no es circunstancial o meramente coyuntural, sino que se trata de una práctica inveterada. El 19 de febrero del 2006, más de 60 trabajadores quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila. Aduciendo falta de condiciones propicias, las autoridades y la empresa se negaron a realizar las labores que se requerían para lograr el rescate de las personas. Esa extrema indolencia contrastó severamente con la impresionante operación de alta tecnología que fue puesta en juego con el propósito de rescatar con vida a 33 obreros de la mina San José, ubicada en la localidad de Copiapó, Chile.
Las viudas y familiares de los mineros no se cruzaron de brazos y a lo largo de los años han alzado la voz exigiendo la recuperación de los cuerpos, el otorgamiento de las reparaciones integrales a las que tienen derecho y el fincamiento de responsabilidades penales. Burlas, menosprecios y manipuleos procedimentales fue la respuesta de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
El escenario de la impunidad absoluta estaba más que planchado, excepto por el hecho de que los deudos, acompañados por valientes defensores de derechos humanos, decidieron interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando la violación a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la justicia y a los derechos económicos, sociales y culturales. El reclamo fue admitido a trámite y el Estado mexicano debe fijar su postura a más tardar el próximo 29 de agosto.
Por fortuna, el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho eco del inmenso dolor que embarga a estas familias de origen netamente humilde. El Ejecutivo Federal anunció que se iniciarán las excavaciones para rescatar los restos y que, de ser necesario, se solicitará la ayuda de expertos de Estados Unidos, China, Alemania y otros países.
Una conmovedora señal de esperanza está a la vista. Recuperar los cuerpos de los mineros puede ser el preludio del quiebre definitivo de los anillos de complicidad que han impedido la plena vigencia del Estado constitucional y democrático de derecho.