Nada me parece justo siendo contra mi gusto.
Pedro Calderón de la Barca
Innegable que en los pasados 25 años, para no ir más atrás, en la sociedad mexicana se han entablado cientos de discusiones estériles, docenas de debates, tan público como inútiles, pero ninguno tan estéril y bizantino como el que todavía tenemos por el monto de las remuneraciones de los servidores públicos.
Todo surgió cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario neto mensual sería de 108 mil pesos. De inmediato, con la gran coartada de la austeridad republicana, se decidió que, de acuerdo a una norma aprobada durante el sexenio antepasado, se forzaría a todos los servidores públicos, sin excepción a ganar menos salario que el Presidente de la República.
Y, claro, al más puro estilo de la Cuarta Transformación, se armaron campañas escandalosas para calificar como corrupto a cualquiera que ganara más salario que el Presidente de la República.
No importó que se invadieran con una disposición administrativa, las áreas y facultades de los otros poderes de la Federación. No, porque para el actual gobierno es dogma de fe la austeridad, aunque ésta sea aplicada sin ton ni son, y sin importar los daños colaterales que cause.
El terrorismo verbal fue tal, que pocos se atrevieron a impugnar la caprichosa decisión del Presidente de la República. Se presentaron a la Suprema Corte de Justicia dos impugnaciones, la de senadores de la oposición y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta semana, con argumentos inteligentes, dignos de ministros que tienen sólida formación jurídica, se logró que no fueran respaldadas las dos impugnaciones.
Sin embargo, de inmediato, fueron presentadas otras dos, por los mismos autores anteriores: los senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Así, en las próximas semanas se reanudarán los duelos de esgrima entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, divididos, como suele ocurrir en temas trascendentales.
Sin embargo, a los que somos legos en materia de leyes no nos parece lógico ni de sentido común que en la discusión de la ley de remuneraciones de los servidores públicos no se discuta lo importante.
La polémica ley lo que hace es fijar el método para determinar los salarios de los servidores públicos, el cual parte de la premisa de que nadie puede tener un salario mayor al del Presidente de la República, nadie, sin excepción de encargo o Poder en que se desempeñe.
La gran pregunta que nadie ha podido, o nadie ha querido, responder es la siguiente: aceptando que nadie gane más que el Presidente, ¿cuál es el método para fijar el salario del Presidente? ¿En qué ley, en qué norma o regla administrativa se dice cómo debe determinarse cuánto gana el Jefe del Estado mexicano?
Nadie lo pregunta, claro, por la simple razón de que en ningún lado se encuentra una norma o ley que diga cuánto gana el Presidente.
Y porque nadie quiere señalar que el salario de 108 mil pesos mensuales fue una cifra que fijó caprichosamente el propio López Obrador. Y su capricho nos tiene discutiendo y malgastando hasta el valioso tiempo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
¿Por qué se autotorgó ese salario? Porque puede, nada más, pero nada menos.