La llamada “Cuarta Transformación” busca cumplir con los compromisos de campaña. El objetivo es generar ahorros que permitan obtener más recursos para alcanzar las metas de los programas sociales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe que el reloj va en cuenta regresiva y necesita dar resultados. Las elecciones intermedias en 2021 serán pieza clave para mantener el poder. La Cámara de Diputados es pilar fundamental en las decisiones de gobierno.
En ese contexto, uno de los temas fundamentales para alcanzar los compromisos es la salud pública. Sin embargo, el Ejecutivo Federal ha estigmatizado a varios actores de la industria de los medicamentos.
En marzo pasado, López Obrador lanzó graves e infundadas acusaciones contra 10 empresas dedicadas a la distribución de medicamentos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y anunció un veto contra tres de estas compañías. El pecado era concentrar más del 60 por ciento de las compras consolidadas.
Grupo Fármacos Especializados (Grufesa) y Grupo Maypo consiguieron suspensiones definitiva y provisional, respectivamente, al “veto” que había impuesto el mandatario mexicano. Los jueces de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga y Agustín Tello, otorgaron el recurso de suspensión al oficio 009/03/2018 que envío López Obrador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El objetivo es impedir a esas empresas, incluida Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), su participación en licitaciones públicas y adjudicaciones directas “hasta que sepamos si hubo corrupción y tráfico de influencias”.
López Obrador tuvo que hacer una excepción al veto. El mandatario ordenó adquirir los medicamentos antiretrovirales a Grufesa. El desabasto de los fármacos que inhiben la replicación viral para pacientes con SIDA, genera graves problemas y las acusaciones del Ejecutivo Federal aumentaron las especulaciones sobre el tema entre varios actores del sector salud cuando el mandatario pidió a las empresas farmacéuticas “no jugar a las vencidas”, porque argumentó que están poniendo condiciones para vender al gobierno.
Las empresas farmacéuticas internacionales no venden de manera directa al gobierno porque no hay garantía de pago. Ese pequeño detalle se le olvidó informar al presidente López Obrador y por esa razón hizo la excepción al “veto” contra las empresas distribuidoras de medicamentos.
El problema del desabasto puede crecer y afectar a todo el sistema de salud. El “nuevo” proceso de licitación para las Compras Consolidadas 2019-2020 que encabeza la SHCP, que lidera Carlos Urzúa, sufrió grandes modificaciones en tiempos. La idea de reducir los precios por el volumen de compra puede ser contraproducente y agudizar el problema de abasto de medicamentos e insumos para la salud.
El 20 marzo de 2019, la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, convocó a la industria farmacéutica a una reunión en la que se dio a conocer información sobre el requerimiento de medicamentos y material de curación. El propósito era convocar a la primera licitación centralizada y asignar alrededor de mil claves para atender la demanda del segundo semestre de 2019.
En el evento participaron un total de 15 asociaciones nacionales e internacionales de ese sector, no así empresas ni distribuidoras. En esa reunión, días antes de haberse dado a conocer el oficio de López Obrador sobre el “veto”, la funcionaria negó que hubiera impedimento de participación para Grufesa, Grupo Maypo y Dimesa.
Antecedentes de malas decisiones
La Secretaría de Salud que encabeza el Dr. Jorge Alcocer, convocante en este primer ejercicio de compra con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, transformó la necesidad y retrasó, casi un mes, el concurso.
La publicación del Proyecto de Convocatoria para la Licitación Internacional Abierta Electrónica No. PC-012000991-E64-2019 sería el 30 de abril y se publicó el martes 14 de mayo. La publicación, debía de realizarse el 7 de mayo y se dará a conocer el próximo 23 de mayo. La presentación de las propuestas cambió del 27 de mayo al 12 de junio. El fallo se recorrió del 10 al 21 de junio. La SHCP prevé que los contratos se firmarán hasta el 3 de julio.
El documento Demanda Agregada de las Pre Bases a la que tuvo acceso la revista Siempre a través de la Plataforma CompraNet, revela que la propuesta de asignar mil claves también se incrementó a un total de 3 mil 887 claves, casi la totalidad del Cuadro Básico.
Inconsistencias en Anexos
En el Proyecto de Convocatoria de este “novedoso” ejercicio de compra consolidada que coordina la SHCP destaca que sólo participarán fabricantes titulares del registro sanitarios y los medicamentos y material de curación, los cuales deberán entregarse prácticamente de inmediato.
No se incluye el tema de la distribución, toda vez que únicamente podrán participar empresas farmacéuticas y los distribuidores de medicamentos quedaron excluidos. La mayoría de las compañías no cuentan con red de logística y cadena de distribución; ahí es donde radica la necesidad de que participen los distribuidores de medicamentos que cuentan con experiencia e infraestructura.
La situación de los registros sanitarios y la entrega de los medicamentos generarán dos graves problemas. En primer lugar se presentará un número considerable de claves desiertas porque no todas las compañías farmacéuticas cuentan con los registros sanitarios. En segundo, se puede presentar un retraso en la entrega de los fármacos para las entidades que participan mediante transferencia en especie del Seguro Popular.
En ese contexto hay estadísticas que revelan el problema del incremento de claves en los ejercicios de compras consolidadas del periodo 2013-2018, mantuvo una tendencia del 12 al 18 por ciento en la claves declaras desiertas. Solo en el periodo 2017-2018 la cifra disminuyó a un 9.28 por ciento.
| Año | Claves convocadas | Claves asignadas | Claves declaradas desiertas | Claves declaradas desiertas/Claves convocadas
(por ciento) |
| 2013-2014 | 846 | 692 | 154 | 18.20 |
| 2014-2015 | 840 | 732 | 108 | 12.86 |
| 2015-2016 | 1003 | 848 | 155 | 15.45 |
| 2016-2017 | 927 | 810 | 123 | 14.27 |
| 2017-2018 | 1477 | 1340 | 137 | 9.28 |
Fuente: Elaboración propia con base en información publicada en la página web del IMSS.
El desabasto puede recrudecer
De acuerdo con especialistas y fuentes de la propia SHCP, así como de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Salud, el problema de desabasto tiene dos posibles orígenes.
El primero puede ser una mala planeación en la compra consolidada 2018-2019. El gobierno de López Obrador solicitó la compra, únicamente, para el primer semestre de 2019. El mal cálculo de los solicitantes logró superar las cantidades de unidades que licitaron y asignaron, incluso el 20 por ciento de extensión.
El segundo es que el gobierno no ha querido ejecutar en su totalidad los contratos actuales de las consolidadas 2018-2019 y ha llegado a ejercer solo un 40 por ciento como lo establece la Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP). La normativa estipula que se debe comprar como mínimo un 40 por ciento de lo asignado y hasta un 100 por ciento, con posibilidad de extenderse un 20 por ciento.
Con este último escenario el gobierno demostraría que puede obtener mejores precios, situación que quedó manifestada en la compra de los medicamentos antiretrovirales.
La conclusión, como dijera López Obrador, es que ambos escenarios son legales pero inmorales, porque se ponen en riesgo la vida de millones de pacientes; desacreditar a las empresas farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos e insumos también puede ser inmoral, porque nadie habla del financiamiento, la cartera vencida de esas compañías y del grave problema que genera señalar desde el púlpito mañanero.