El derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Nuestra Constitución en su artículo cuarto también establece la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres y las niñas, ha sido una realidad en nuestro país que se refleja en todos los espacios de la vida social y política como son el ámbito laboral, educativo, el acceso a los servicios, los espacios de representación pública, entre otros.
Avanzar en el establecimiento del principio de paridad en diversos artículos de nuestra Carta Magna es un paso fundamental en la lucha contra la desigualdad y discriminación de las mujeres. También es un compromiso vital para poder sentar las bases de un país pacífico, próspero, sostenible y con bienestar.
Frente a ese desafío, el Senado de la República, en un proceso legislativo histórico, aprobó el pasado 14 de mayo un dictamen de reforma constitucional que da un gran paso en la garantía y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, especialmente los derechos políticos. Este dictamen reforma 9 artículos de la Constitución Política que avanzan en la consolidación de un sistema democrático que pone en el centro los derechos de las mujeres y la construcción de una sociedad más igualitaria.
La reforma reivindica el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad en prácticamente todos los espacios políticos de orden federal, estatal y municipal y para los poderes públicos. Se trata de una transformación jurídica inédita y de avanzada.
Se busca romper, de tajo, con lógicas tradicionalistas, conservadoras y con la visión sexista que aún permea en distintos estratos sociales. En el ámbito de lo público, deben participar, incidir y dirigir en condiciones de igualdad, las mujeres y los hombres.
En el ámbito de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, habrá paridad. En este último, la conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos donde participarán igual número de mujeres que de hombres. La paridad de género se aplicará al interior de los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad.
La aprobación de este dictamen es una gran noticia para la democracia mexicana porque además de hacer justicia a una demanda histórica de las mujeres mexicanas, es un reconocimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. A su vez, es un llamado a seguir trabajando porque es imprescindible tener una visión integral que nos permita incorporar la paridad y la igualdad sustantiva en todas las esferas de la vida pública; entiéndase por ello en cada norma, institución, política pública y en cada acción que el Estado implemente.
Aún falta mucho para construir el México de la paridad, como ése donde mujeres y hombres acceden a los espacios en condiciones de igualdad; no obstante, los cambios que se están acuñando ayudarán mucho. En ese México funcionarán mejor las instituciones, pero sobre todo, habrá mayor bienestar, con igualdad de género, inclusión y derechos plenos para todas y todos.
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