Entrevista a Miguel Ángel González Block | Director ejecutivo del Centro de Investigación en Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública

Para el director ejecutivo del Centro de Investigación en Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Miguel Ángel González Block, ciertamente el sector salud enfrenta amenazas por la disminución de personal, falta de insumos y deterioro de la calidad, debido al recorte del gobierno federal en un área tan sensible.

Sin embargo, señala a Siempre que está situación no es producto solo de esta administración, sino que se viene arrastrando de tiempo atrás y que esto preocupa –no tanto por los recortes– por la ineficiencia y desperdicio que existe en el sector salud y que es inherente al sistema.

Señala que este es el momento de mejorar esa situación, tal como han propuesto especialistas como el ex titular de Salud, Julio Frenk y el propio González Block para que haya una integración efectiva del sistema de salud.

“No importa el nombre que le pongan, ya sea Instituto Nacional para el Bienestar en vez de Seguro Popular, lo importante es que haya separación de funciones”.

Destaca que hay ineficiencia en hospitales y servicios de primer nivel en los prestadores de servicios que actúan por debajo de su capacidad, incluso en el IMSS.

“Hay una falsa concepción de que los servicios están saturados, si observamos con cuidado, hay turnos descubiertos, muchas veces no se trabaja en las tardes; el recurso humano no se aprovecha al máximo ético y razonable de su capacidad”.

 

 

Ineficiencia estructural

Para el director de investigación y consultoría de sistemas de salud, hay que enfocarse en la ineficiencia estructural y la segmentación que existe entre el Seguro Social y la Secretaria de Salud, “dos grandes instituciones que operan separadas una de la otra, no hay ni siquiera una integración a nivel rectoría. Cada una opera como si fuera un México diferente, cuando la población que atienden es la misma”.

Para fundamentar sus puntos de vista, nos invita a conocer el estudio El Seguro Social: evolución histórica, crisis y perspectivas de reforma, en el cual analizó la rotación que hay de beneficiarios del Seguro Social año con año. Estas son sus reflexiones.

“Si consideramos el total de personas afiliadas de enero de 2014 a diciembre de ese mismo año, habían perdido al menos una vez la vigencia de derechos el 38% de los afiliados. Si le damos seguimiento en años subsecuentes puede incrementarse hasta un 60% del total de la población que en 3 años perdió alguna vez la vigencia de derechos.

“¿Qué significa? que estuvieron sin afiliación al IMSS más de dos meses en el año y al perder la vigencia no pudieron atenderse en los servicios médicos y buscaron hacerlo ya sea en la Secretaria de Salud con el Seguro Popular o en servicios privados.

“Por eso digo que atienden a la misma población y es consecuencia de la importancia del mercado informal laboral de México donde más del 60% de la población económicamente activa está en un sector informal; además hay una gran permeabilidad entre estos dos sectores laborales, lo formal se hace informal y viceversa”.

 

Son dos Méxicos distintos

“Además el IMSS no da una atención de la cuna a la tumba, son pocos los que tienen ese beneficio, tal vez la mitad, ¿qué quiere decir? Que la población más vulnerable, con ingresos menores a 3 salarios mínimos, es la que, de acuerdo al estudio, tiene una rotación más alta, es especial las mujeres. Son dos instituciones que operan independientes, como si fueran dos Méxicos distintos y es una gran falsedad.

“No hay hoy una política pública que plantee una integración, ni gobiernos que hayan querido encarar este reto. Julio Frenk y otros decimos que se requiere la separación de funciones para que sin importar quien pague por mi salud, sea el IMSS vía mis contribuciones obrero-patronales y del gobierno –o sea puros impuestos– que yo pueda mantener a mi prestador de servicios y luego quien le pague a ese prestador por mi atención puede ir cambiando en función de quien contribuye, pero que no me expongan a perderlo.

“Esto significaría que la población tenga libertad de elección del prestador. Si mañana se instituyera un sistema de este tipo, los afiliados al IMSS podrían hacerlo a una red de prestadores como la Secretaría de Salud, empresas privadas u organismos de la sociedad civil con servicios de atención médica eficaces y con calidad, lo que introduce competencia al sistema.

“Sobre todo en la atención de enfermedades crónicas. Hicimos el estudio con población con diabetes, nos enfocamos a esta población en IMSS, analizamos sus expedientes clínicos y ahí determinamos su rotación. Les dimos seguimiento y vimos que cuando pierden el seguro estos pacientes, se exponen a perder la continuidad de la atención médica, cambiar tratamientos, perder una relación de confianza con su prestador o imposibilitar o dificultar que se logre esa confianza. Las enfermedades crónicas requieren esa continuidad”.

 

Lograr una mejor integración en el sistema de salud, es un objetivo largamente esperado, en tanto se tiene que padecer la ineficacia de instituciones que parece trabajan para dos Méxicos distintos.

 

 

Gasto de bolsillo

“La falta de competencia de monopolios públicos ha hecho que los prestadores simulen productividad y saturación de servicios y que expulsen a más del 25 por ciento de la demanda hacia prestadores privados u otras instituciones. Y es que del total de consultas que tiene la población con el IMSS más del 25 por ciento en primer nivel y 16 por ciento de la población hospitalaria se ofrece en servicios privados. Si de la noche a la mañana éstos reclamaran estos servicios a la institución, la reventarían, pero esa atención es equivalente al 30 por ciento del presupuesto del IMSS. Lo que la población paga de su bolsillo –cuando no debería hacerlo o no pagar tanto– se refleja en que hasta el 41 por ciento del gasto nacional en salud, sea un gasto de bolsillo.

“La integración monopólica del prestador con el asegurador obliga a contribuir sin necesariamente recibir servicios, esa segmentación también se ve en el tema de la rectoría y ahí es crítico. Hoy en día la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios (Cofepris), es el regulador por excelencia de la seguridad de los medicamentos, de los establecimientos médicos, y que vigila que toda la atención no solo sea segura sino que tenga un principio activo eficiente.

“Esa Cofepris que es de la Secretaría de Salud, por ley, no puede regular al IMSS, está excluida de la institución y por el contrario, el Seguro Social tiene su propia Cofepris, –no se llama así–, es una dirección que vigila los medicamentos que compra y tiene sus propias áreas de supervisión que van más allá de lo que son sus consultorios y la seguridad de sus hospitales.

“Esa dualidad de reguladores tiene efectos: por un lado duplica costos, porque con una sola instancia reguladora, si la Cofepris hiciera su trabajo en el IMSS, de la noche a la mañana dejaría de gastar en esas acciones. Hay conflicto de interés porque el IMSS al autorregularse, no existe hay una garantía de que hará efectivas las mediciones y la evaluación de riesgos a las que llegue. Además no tiene esa capacidad, como sí la tiene Cofepris para establecer acciones judiciales directas o punitivas ante un laboratorio o alguien que haya hecho un fraude. Hay ineficiencia”.

 

 

Separación de funciones

“Cuando hablamos de separar funciones, queremos decir que la regulación la haga una sola institución para todos los prestadores públicos o privados con la misma capacidad normativa, el mismo alcance y no solo promover estándares uniformes sino hacerlos efectivos. Separar funciones, son: prestación de servicios, regulación y financiamiento. Hoy, el financiamiento está integrado en el Seguro Social, las contribuciones obrero patronales y del gobierno, todas fluyen a bolsas etiquetadas a las diferentes ramas de seguros.

“En el caso de salud, se integran en un solo presupuesto de salud que maneja el mismo prestador, aún cuando hay una dirección de prestaciones médicas y una dirección de finanzas, las dos direcciones bajo un solo titular, están coludidas.

“El financiador no le puede exigir al prestador estándar, ‘yo IMSS financiador exijo a IMSS prestador que cumpla con cierto número de consultas por tanto dinero o que me realices cierto número de cirugías por tanto dinero’. No pueden hacerlo ni lo hacen.

“En ese medida el IMSS financiador va a poder exigir no solo al prestador, quiero tantas consultas y te las pago a tanto y lo mismo se lo va a poder decir a la secretaría de Salud.

“Para las personas que cotizan al Seguro Social y que elijan atenderse en una red de prestadores como la secretaría de Salud, van a pagar estos precios, con esta calidad y con estas cantidades. Es lo que se requiere en la separación de la función financiamiento.

“La Secretaría de Salud ya había avanzado en esa dirección de separar al financiador y para eso se creó el Seguro Popular. Es clave que se mantenga esa separación, no importa si le llaman Instituto Nacional para el Bienestar en vez de Seguro Popular, lo importante es que haya un financiador que pueda pagarle a cualquier prestador y contra exigencias de calidad, cantidad y costo y así introducir criterios de eficiencia entendida como calidad. Gasto en la mejor atención posible para reducir complicaciones, controlar enfermedades, incluso prevenirlas y de esta manera, ver a largo plazo un control de costos”.

 

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