En el estado de Oaxaca varios son los rezagos que han impedido que esta entidad, gobernada actualmente por el priista Alejandro Murat Hinojosa, junto con Chiapas, Guerrero y Michoacán, sufra de distintos males sociales que han impedido que muchísimos de sus habitantes enfrenten un sinfín de dificultades para alcanzar el progreso y el desarrollo. Por lo mismo, siempre es de un enorme júbilo que, por ejemplo, conflictos intercomunitarios como el que sostuvieron durante 44 años los municipios de Tamazulápam del Espíritu Santo y de San Pablo y San Pedro de Ayutla, que por mucho tiempo se disputaron el agua potable en una problemática que incluso llegó a escalar a nivel internacional gracias a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió intervenir para intentar encontrar una salida que beneficiara positivamente a los indígenas mixes de aquella región y que durante los dos últimos años carecieron del vital líquido.
Sin embargo, el camino para alcanzar el éxito y la solución en este conflicto fue largo y sinuoso. Complicado en todas sus aristas. Tanto el gobernador Murat Hinojosa como el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, tuvieron que sentarse en varias ocasiones con las autoridades municipales y agrarias de estas comunidades, además de permitir que diversos actores jugaran el papel de mediadores para que de manera pacífica se llegara a la finalización de este problema que en una primera instancia ya arrojó su primer consecuencia positiva: La conexión inmediata para conducir el agua de manera simultánea y por gravedad a las cabeceras municipales y, en el corto plazo, para evitar algún encono posterior, se va a requerir de vigilancia en ambas localidades, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano trabajarán en la instalación de una Base de Operaciones Mixta (BOM) en la zona.
Para entender mejor la importancia y la gravedad de este problema que por fin llegó a un buen término de resolución, hay que recordar que este conflicto por el vital líquido se remonta a 1975 y que en abril de 2017 entró a una etapa critica cuando las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciaron que pobladores de Tamazulápam del Espíritu Santo invadieron sus territorios, solicitando así la intervención de la Secretaría General de Gobierno, lo que derivó en problemas de diversa índole como el bloqueo al suministro del vital líquido y otros servicios públicos, así como movilizaciones sociales y protestas muy violentas que derivaron en la muerte por disparo de arma de fuego de un habitante de San Pedro y San Pablo Ayutla, esto en junio de 2017.
En el mapa de la geografía oaxaqueña, estas dos comunidades se ubican en la zona mixe al noreste de la entidad y están asentadas en una superficie compartida bajo el régimen de mancomunidad (lo que a veces dificulta la convivencia) de aproximadamente 25 mil hectáreas.
Afortunadamente, entre mayo de 2017 y mayo de 2019, las autoridades estatales se reunieron en 45 ocasiones con representantes de los grupos en disputa, redactándose un total de 25 minutas en cuyo contenido se puede palpar el esfuerzo permanente de todos los involucrados para atender y resolver el conflicto, y así poder asegurar la paz en la región, lo cual se logró en la última reunión que se llevó a cabo el lunes pasado y que “heredó” un Acuerdo de Paz en la que ambas comunidades aceptan instalar simultáneamente una tubería que garantice el 50% del agua potable proveniente del manantial Meejy Ajpy para los pobladores de cada una de estas poblaciones; mientras que el Gobierno del Estado se comprometió a fortalecer la seguridad pública en la zona para asegurar el cumplimiento del acuerdo y se ponga un fin definitivo a este conflicto que durante años laceró e impidió el bienestar y el desarrollo de estas comunidades.
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