Por primera vez, luego de casi 26 años de existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el titular del Ejecutivo Federal decidió no recibir el informe anual de este organismo.
El encuentro con el Ejecutivo federal y el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, tendría la finalidad de exponer la situación de los derechos humanos en México y de conocer de primera mano los retos que el gobierno de López Obrador deberá enfrentar en el 2019, pero la entrega no se concretó y se prefirió presentar dicho informe en una versión impresa a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Lo anterior, es un hecho que deja claro lo que López Obrador declaró en 2006 “al diablo con las instituciones”, lamentablemente no es solo un despreció a una institución, pues con ello demuestra desinterés por el reconocimiento, defensa y protección de los derechos humanos.
Durante los poco más de seis meses de este nuevo gobierno es sabido por todos, que el Presidente de la República no acepta a todo aquel que emita alguna crítica, análisis o estudios que no le favorecen, optando por atacarlos durante sus conferencias mañaneras o simplemente ignorarlos, como en este caso.
El Presidente de la República debe comprender que los derechos humanos no dependen de filias y fobias partidistas ni de ideologías, los derechos humanos obedecen a la protección de la dignidad humana.
El Ejecutivo federal violenta el mandato constitucional que establece que los tres poderes de la Unión deben recibir dicho informe, es decir, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tal y como lo señala el artículo 102 de nuestra Carta Magna.
López Obrador tiene la obligación de atender diversas problemáticas con temas tan sensibles para los mexicanos como el de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso a migrantes, fosas clandestinas, violencia de género, trata de personas y violencia contra periodistas, pero simplemente prefiere no enterarse.
No sólo se ha disminuido el presupuesto asignado al organismo público autónomo encargado de la protección de los derechos humanos, sino que se verá mermada su labor.
Las políticas regresivas establecidas como los recortes presupuestales en los servicios de salud o en temas tan sensibles como las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, el programa Proequidad, los enfermos de VIH o de cáncer, o las pruebas de tamiz, en nada abonan al cambio que demandan los mexicanos.
El titular del Ejecutivo Federal debe no solo hacer que se respeten los derechos humanos, debe comenzar respetándolos y defendiéndolos.