La Procuraduría de Justicia de Colombia anunció que abrirá una indagación preliminar contra el comandante del Ejército, Nicasio Martínez, luego de que el general, en el cargo desde diciembre, pidiera a sus mandos “duplicar las cifras” de resultados y operaciones.

Según declaró a la prensa el procurador general, Fernando Carrillo, la orden de apertura de una indagación se derivó de las directrices internas que el general Nicasio Martínez aplicó en el Ejército y que fueron difundidas en un artículo reciente por The New York Times. En un revelador reportaje, que llevó incluso a su corresponsal a abandonar Colombia, el diario neoyorquino cuestionó la actuación de las fuerzas militares, que habrían recibido del general Martínez la orden de que “no exijan perfección” al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque.

El pasado 19 de mayo el periodista Nicholas Casey anunció que abandona el país tras recibir “acusaciones falsas” del oficialismo por su reportaje que, dijo, compromete a las fuerzas militares. Denunció las acusaciones en su contra en Twitter de parte de la senadora oficialista María Fernanda Cabal, las cuales fueron replicadas por varios políticos, según el mensaje enviado por Casey a la prensa.

En su reportaje, con título “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, publicado un día antes, Casey denunció que el ejército colombiano estaba exigiendo a sus tropas “duplicar” las bajas y capturas en combate, sin pedirles “perfección” ni total “exactitud” al “ejecutar ataques letales”.

La congresista Cabal publicó en Twitter fotos del corresponsal y escribió: “este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con [la guerrilla de] las FARC en la selva ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”.

A las críticas a Casey se sumaron otros seguidores del partido Centro Democrático del presidente Iván Duque, por lo que Casey optó por irse. En su defensa, el Times respondió en la misma plataforma que “informamos de manera precisa e imparcial (…). En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”.

El ministro de Defensa Guillermo Botero, en una declaración junto a Duque, describió como “lleno de inconsistencias” el citado artículo, en momentos en que el mismo Botero está en la mira de la oposición, que exige su renuncia, por irregularidades en la muerte de un ex guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Norte de Santander (noreste). Según Botero, el ex guerrillero Dimas Torres murió en forma “accidental”, producto de un “forcejeo”. Pero material audiovisual reveló signos de mutilación genital.

Las directivas del general Nicasio Martínez hicieron recordar la práctica en Colombia de los “falsos positivos”, utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mentor de Duque, de ejecutar personas a las que hacían pasar por guerrilleros muertos en supuestos enfrentamientos con policías o soldados.

De acuerdo con José Miguel Vivanco, director la ONG Human Rights Watch (HRW), el llamado a “duplicar las muertes” sugiere que “el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. “Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”. Vivanco estimó en “más de tres mil civiles” los asesinados en ese período en el marco del delito de los “falsos positivos”. Según la Procuraduría, 961 militares han sido condenados por ese delito en el marco de la guerra contra las FARC que al cabo de cinco décadas arrojó unas 5.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos y casi 30 mil secuestrados según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Fue el reportaje de Casey el que reveló las órdenes de letalidad del Ejército para “duplicar” las bajas y capturas en combate; aunque el presidente Duque aseguró al salir al paso que hay “tolerancia cero” ante violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Para el Times, “las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”, por recordar el llamado “body-counting”, que resultó en las ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos”.

En entrevista el 27 de mayo con el diario El Espectador de Bogotá, el procurador Carrillo adelantó la apertura de una indagación disciplinaria y reveló que el reportaje de Casey había generado “gran inquietud”, al punto que el gobierno de Duque había creado una comisión para esclarecer lo ocurrido. “Es necesario llegar hasta el fondo del asunto. Lo único que no puede pasar es dejar esto en el limbo”, afirmó Carrillo en alusión a las directrices de la cúpula castrense de “no exigir la perfección para realizar operaciones, hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”.

El 20 de mayo, altos mandos del Ejército confirmaron que se había retirado la polémica directriz, ligada al riesgo de una reaparición de ejecuciones las extrajudiciales contra guerrilleros o ex guerrilleros. La nueva “meta de muertes” en Colombia se habría orientado en una reunión del Ejército, realizada a principios de este año y presidida por el comandante de esa arma, con la presencia de “los cincuenta principales generales y coroneles del país”, siempre según el Times.

El procurador Castillo detalló que luego de la indagación preliminar, la Procuraduría va a determinar si hubo o no faltas disciplinarias por parte de los altos mandos de la Fuerza Pública al emitir esas órdenes. De proceder la investigación, el general Nicasio Martínez junto a otros funcionarios “por determinar” podrían ser destituidos e, incluso, inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Una reunión entre el gobierno y el nuevo partido FARC tuvo lugar el pasado lunes en el Senado, en medio del primer debate de control político promovido por la ex guerrilla, que denunció que en los últimos dos años, desde la firma de los acuerdos de paz promovidos por el ex presidente Juan Manuel Santos, han sido asesinados 133 ex combatientes y 681 líderes sociales, en su mayoría en el campo, según denunció Carlos Lozada, el senador del partido FARC que citó al encuentro en el Senado. El gobierno de Duque acusa a su vez a algunos ex jefes guerrilleros de incumplir el acuerdo alcanzado en La Habana.