La vigilancia, la procuración y el respeto a los derechos humanos en México, desde la parte institucional, pareciera que se están quedando al margen de la visión de quienes se supone debieran promoverlos y respaldarlos. El lunes pasado, por fin, tras meses de gestión, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el abogado Luis Raúl González Pérez le entregó en privado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Informe de Labores 2018 de la dependencia que encabeza, informe que pone el dedo en la llaga en un tema de preponderancia y que desde la trinchera gubernamental diera la impresión que no tiene cabida al momento de diseñar, definir e implementar en las políticas públicas.
Este informe anual de la CNDH documenta, asertiva y eficazmente, cómo en estos momentos en México existen problemáticas que requieren de una atención pertinente y urgente, porque de lo contrario se empezarán a acumular hechos, actos y omisiones que nos rezagarían en esta materia tan primordial para establecer un verdadero Estado de Derecho en el país.
Desmenuzando el informe entregado por el ombudsman nacional a la titular de SEGOB, se entiende que las problemáticas prioritarias que existen en materia de derechos humanos en México y que urgentemente requieren de atención son: Las personas desaparecidas; la tortura; el Desplazamiento forzado interno; la Explotación y abuso de migrantes; las Fosas clandestinas; la Violencia de género; la Trata de personas y la Violencia contra periodistas, flagelos que indudablemente atoran nuestro progreso y desarrollo porque no se puede suponer a una nación inserta en las dinámicas de las verdaderas democracias si en ésta no existe un apoyo irrestricto e irregateable a los derechos humanos.
Y si nos apegamos a las propias palabras del abogado González Pérez, como individuos y como sociedad tenemos que atisbar contundentemente en la severa crisis en materia de derechos humanos que han provocado la violencia, la inseguridad, la poca contundencia de las políticas públicas e incluso la frivolidad de los medios de comunicación a la hora de documentar aquellos hechos que violentan la dignidad humana. Y para salir de este atolladero será importantísimo que nadie le apueste al debilitamiento de la institucionalidad democrática y tampoco a la obsolescencia del sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, mucho menos restringiendo, condenando o satanizando en los hechos el legítimo ejercicio de disentir. La ruta está trazada desde hace 29 años y todos debemos entender que los derechos humanos, nos guste o no, no son ni de izquierda ni de derecha, tampoco son parte de una ideología y la potestad de éstos no pertenece a ningún partido político. Éstos responden a una lógica elemental, la cual siempre considera en una primera línea de respeto a todos aquellos individuos que están viendo mancillada su dignidad y nadie, absolutamente nadie, puede argumentar, bajo ninguna circunstancia, que “ni los ve, ni los escucha”.
¿Quedó claro?
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