En un contundente informe de más de 80 páginas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dirigido por la doctora Vilma Núñez, detalló las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos seis meses en su país, consideradas la peor escalada de represión en la historia reciente de Nicaragua.
El informe fue emitido el 21 de mayo, con motivo de un año de protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que estallaron en Managua el 18 de abril de 2018 y pronto alcanzaron dimensión nacional por el restablecimiento de la democracia.
Pese a las múltiples denuncias internas y externas, el ex guerrillero sandinista, hoy de 73 años, es acusado por el informe del CENIDH, al que tuvo acceso Siempre! En forma íntegra, de seguir perpetrando graves violaciones a los derechos humanos, “con nuevas modalidades de represión, caracterizadas por la criminalización total de la protesta social, una violencia institucional desmedida, la persecución, el secuestro selectivo, el encarcelamiento de toda voz disidente, procesos judiciales viciados y carentes de cualquier legalidad, a lo que se suma el acoso y las agresiones a la prensa independiente y la confiscación de hecho de medios de comunicación, así como la agresiva destrucción de organizaciones de la sociedad civil y específicamente organismos defensores de derechos humanos”.
Los resultados de esa política de Estado, añade el organismo, son al menos 323 nicaragüenses asesinados que permanecen en la impunidad, más de 80 mil exiliados, la violación de las libertades públicas y el establecimiento de un “ Estado de terror” caracterizado por el uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales, además de la utilización de todo el aparato estatal “que opera bajo conducción partidaria para reprimir y violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses”.
En el recuento de daños, el CENIDH –él mismo despojado en diciembre pasado
de su personería jurídica y de sus instalaciones y bienes de trabajo-, incluyó como parte de la política autoritaria de Ortega-Murillo la expulsión del país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) que daban seguimiento “in loco” a la severa crisis sociopolítica Y derechos humanos del país; así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Afirma el CENIDH (https://www.cenidh.org/recursos) a cargo de la octogenaria abogada Núñez, alguna vez partidaria de Ortega y del totalmente desvirtuado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que la pareja presidencial “ha intentado aniquilar el derecho a la protesta social a través de la presencia masiva de policías en las calles, lo que ha dejado cientos de detenidos y a la instauración de un Estado policial de facto”. Su germen se remonta de hecho al año de 2007, cuando Daniel Ortega volvió al poder dispuesto a no perderlo más, tras la derrota de la revolución en las urnas en 1979.
En la etapa documentada por el CENIDH –que trabaja hoy en condiciones de extrema vulnerabilidad-, se incluyen los meses de octubre a diciembre de 2018 y de enero a marzo del corriente. Un periodo en el cual, se afirma, “se terminó por criminalizar la protesta con la ilegal prohibición del derecho constitucional a la manifestación pacífica y con la ejecución de juicios ilegales, que tienen tras las rejas a un número cada vez más grande de ciudadanos a través de la imputación de falsos crímenes. Consecuencia de esta política gubernamental, diversas organizaciones y comités de familiares de presos políticos registraron en el punto más crítico más de 800 presas y presos políticos”.
En estos últimos seis meses que cierran un año de represión, los nicaragüenses continuaron viendo violentados sus derechos “como la libertad de reunión, la libertad de movilización y la de manifestación pacífica, con la prohibición desde finales de septiembre del derecho ciudadano a manifestarse libre y pacíficamente, a lo que se suma la violación del derecho a la libertad de asociación y defensa colectiva de los derechos humanos, nuestro derecho a defender derechos”.
Se destaca en esta nueva etapa la profundización del “perverso acoso” a las organizaciones de la sociedad civil iniciado en 2007, ordenando “a través de un acto coludido entre el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional (parlamento), bajo su control y dominio absoluto, la cancelación ilegal y arbitraria de la personalidad jurídica del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, así como el despojo de sus bienes, junto al de otras ocho ONG sin fines de lucro que promueven y defienden los derechos humanos, los derechos ambientales, derechos de salud y la promoción de la democracia en el país”.
Asimismo, se siguió minando “la libertad de expresión, de prensa y en consecuencia la libertad de información de los ciudadanos, con el cierre de espacios de participación ciudadana, censurando medios de comunicación y llevando a límites insospechados su ataque a la prensa crítica e independiente, con la confiscación de bienes y medios de comunicación y la anulación de permisos de operación, a lo que se suma el acoso y estigmatización de periodistas, lo que condujo a decenas de mujeres y hombres de prensa al exilio forzado”.
Un caso emblemático es el de los connotados periodistas miembros de la prensa independiente Miguel Mora, director y propietario de la televisora 100% Noticias y de su jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, “que enfrentan cargos absurdos como fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, entre otros.
Lucía Pineda Ubau, de 46 años, es la única mujer periodista presa en América Latina, sometida desde hace seis meses al igual que Miguel Mora a condiciones inhumanas de prisión, en celdas individuales sin luz ni acceso a una radio o un libro e incomunicados del resto de los presos políticos.
Según la doctora Vilma Núñez, los hechos relatados en el informe configuran el “estado de excepción” en el país así definido por la CIDH, a través de su secretario general Paulo Abrao. Para la también expulsada CIDH, en Nicaragua “se acelera la cuarta fase de la represión (con) la consolidación de un estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”.