Corrupción es el ácido que corroe la vida democrática de todo Hispanoamérica. Ninguna nación de América Latina puede tirar la primera piedra. Lo único positivo del caso es que todos los políticos de este concierto hispanohablante –que incluye a Brasil, el gigante sudamericano–, son conscientes de que la lucha a corto y mediano plazo debe ser anti-corrupción, sin tregua, a fondo, cueste lo que cueste. De otra suerte, jamás se disfrutará de una democracia auténtica, populismos aparte de seudo izquierda o de derecha.
Del Río Bravo a la Patagonia, el término Odebrecht es sinónimo de corrupción, que no ha dejado títere con cabeza y que la compañía constructora brasileña pasará a la historia como el ente que corrompió a muchos gobiernos latinoamericanos en poco más de una década.
Si en un futuro cercano alguien hojea un hipotético Libro Negro de la Corrupción en el Nuevo Mundo, encontrará muchas hojas dedicadas a Odebrecht. La frase a citar sería: “Un fantasma recorre el mundo”, el “fantasma de la corrupción”.
Por esto, se entiende el abstencionismo y la desilusión con la que acudieron el pasado domingo 16 de junio los guatemaltecos a las urnas, sobre todo por los gobiernos de uno u otro color que solo les han dejado un rastro de corrupción que “carcome la médula espinal” de ese desdichado país cada día más pobre y amenazado por la violencia, casi endémica, legado de la guerra civil y la dictadura de la década de los 80 del siglo pasado.
Los comicios del domingo 16 de junio en Guatemala son los novenos de la era democrática instaurada en el país desde 1985 cuando arribó al poder Vinicio Cerezo, demócrata-cristiano, después de gobiernos militares que se sucedieron, uno tras otro, por golpe de Estado y comicios fraudulentos. En casi tres décadas y media, siete civiles llegaron al Ejecutivo, pero hace siete años ganó la presidencia el general en retiro Otto Pérez Molina, que se retiró del puesto en 2015 una vez que se le acusó por corrupción –no podía ser menos–, y actualmente está detenido y procesado junto a la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti Baldetti, quien aceptó que se le extraditara a Estados Unidos de América. Al caer en prisión Pérez Molina llegó al poder el cómico Jimmy Morales, que muy parecido al extravagante magnate estadounidense Donald John Trump, ondeaba la banderola de la antipolítica. El humorista prometió –de manera muy populista, como acostumbran todos los políticos que navegan en este género, a semejanza del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que cotidianamente promete, en sus “mañaneras” resolver todos los problemas de México como por arte de birlibirloque, “me canso ganso”–, cumplir con las demandas de buena parte de la sociedad “chapín”. Cuatro años más tarde, aquel sueño se evaporó y el horizonte guatemalteco después de la jornada electoral del domingo 16, no se vislumbra nada halagüeño.
En estas elecciones, los guatemaltecos votarían para elegir a los nuevos presídente(a) vicepresidente(a), 160 diputados al Congreso nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y renovarían a los alcaldes y otros mandos de los 340 municipios del país. Más allá de los resultados que ofrece el cómputo de los votos depositados en las urnas, hay un gigantesco desafío que enfrentará el siguiente mandatario: detener la corrupción. En caso contrario la frágil democracia “chapín” se debilitará aún más. En 34 años de existencia, la democracia de Guatemala aún no ha madurado lo suficiente.
Casi todos los sondeos indicaban que la preferida era Sandra Torres, como lo comprueba el conteo del 94 por ciento de las mesas escrutadas, aunque ninguno de los contendientes logró el 50 por ciento necesario para que los comicios no fueran a la segunda vuelta. Así, la ex primera dama, (que se divorció del ex presidente Álvaro Colón para poder competir por la presidencia según la ley guatemalteca), Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo el 25,6 por ciento de los votos, y Alejandro Giammatei, ex director de presidios, del partido de centro derecha, Vamos, el 13,9 por ciento. Ambos, serían los que se presentarían al balotaje el 11 de agosto próximo.
Otros tres contendientes importantes en estos comicios eran Edmond Mulet, ex secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del Partido Humanista; Roberto Arzú (PAN-Podemos), sin más cartas de presentación que ser hijo del ex presidente y alcalde Álvaro Arzú. La experiencia política de este aspirante es de casi cero, sin trayectoria académica y su incursión en los negocios está marcada por los fracasos y fue inscrito en esta lid pese a estar acusado de una deuda personal en un juzgado de Miami, EUA. En pocas palabras, un “hijo de papi”; y la defensora de Derechos Humanos y activista maya mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
De acuerdo al padrón electoral podrían sufragar 7,953,187 votantes en 2,932 centros de votación. Según los primeros datos –asequible en el momento de escribir este reportaje–, poco menos de cinco millones de votantes cumplieron con su obligación ciudadana. Abstención es abstención.
El hecho es que la primera vuelta de los comicios guatemaltecos tuvieron lugar en un ambiente enrarecido una vez que una de las precandidatas con mejores cartas, Thelma Aldana, ex fiscal general del Estado, no pudo concretar su candidatura debido a que el Tribunal Supremo Electoral adujo que se había presentado en contra suya una denuncia por corrupción.
La lucha contra la corrupción está marcando la elección de quien será el nuevo presidente de Guatemala, que se fue a una segunda vuelta que tendrá lugar en agosto.
El asunto no es tan fácil. Aldana es famosa en Guatemala debido, precisamente, a su lucha contra la corrupción cometida por prominentes personajes de altos vuelos. Trabajó cabalmente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pudo desmantelar poderosas estructuras mafiosas enquistadas en el Estado y, sobre todo, propició el encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como de miembros de familias poderosas, algo que para la crème de la crème chapín fue más que un atrevimiento.
Thelma Aldana constantemente ha aclarado que esas élites del poder se hicieron una para impedir su candidatura presidencial, hasta que le suspendieron el finiquito, una constancia que se exige a los que han desempeñado cargos públicos y que garantiza que no tuvieron malos manejos durante su ejercicio. Esta constancia la expide la Contraloría General de Cuentas, una de las instancias más cuestionadas de la Administración federal. A la ex fiscal se le endosa la contratación anómala de un abogado para que dictara cursos de capacitación a los fiscales. También pudo ser cualquier otro cargo.
De acuerdo al analista político Edgar Gutiérrez, el caso de la ex fiscal Aldana es un claro ejemplo: “era la candidata antisistema. La fiscal que de la mano de la CICIG –organización independiente de carácter internacional auspiciada por la ONU con el fin de perseguir la corrupción institucional–, puso en evidencia cómo el Estado ha sido secuestrado por mafias políticas”.
Aldana no fue la única candidata vetada. Lo mismo le sucedió a la de otra importante competidora, también bien situada en las encuestas, Zury Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt. Sacar de la competencia a esta aspirante apoyada por varios sectores ultraconservadores fue más sencillo. La Constitución les sirvió al dedillo. El texto constitucional impide las candidaturas a golpistas y a sus parientes aspirar a la Presidencia, faltaba menos.
Todas estas maniobras arrojan sombras sobre la nación centroamericana que se había convertido en un ejemplo en una región tan convulsa como Centroamérica en sus esfuerzos por tratar la corrupción, el talón de Aquiles de todo Hispanoamérica por no decir de todo el mundo. No obstante, cuando las investigaciones del CICIG se centraron en las presuntas irregularidades cometidas durante la elección del actual presidente, Jimmy Morales, éste rompió el acuerdo que Guatemala tenía con la ONU que garantizaba el funcionamiento de la Comisión. De tal forma, el “presidente-humorista” acusó a la CICIG de actividades anticonstitucionales y abuso de poder, extremos ambos negados tanto por la ONU tanto como por el Tribunal Constitucional de Guatemala. Y, Jimmy, el “humorista” sin humor, terminó por expulsar a la organización del país. “Me canso ganso”, parodiando a cierto personaje tabasqueño de cuyo nombre no hay que abusar.
En fin, el combate contra la corrupción no es el único desafío para Guatemala. La nación centroamericana enfrenta un problema de pobreza sistemático en medio de un contexto económico desfavorable. A lo que hay que agregar la migración de miles de familias hacia EUA. Trump ya les anunció que suspenderá la ayuda económica que el Tío Sam les proporciona en tanto no coadyuven a disminuir las caravanas de emigrantes. Además, México –es decir AMLO–, ya cambió su política de “buen vecino” para recibir a todos los inmigrantes. A eso y más deberá enfrentarse (la-el) siguiente mandatario guatemalteco. El 22 de agosto sabremos quién será. VALE.