La discusión sobre las modificaciones al marco legal que rige el tema de la extinción de dominio, avanza en el ámbito legislativo, pero agregando elementos para que también sirva como un instrumento en el combate a la corrupción, de acuerdo al principio de que “la mejor forma de combatir a la delincuencia y la corrupción es pegarles en el bolsillo”.

De acuerdo con José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, era necesario que la extinción de dominio también abarque temas relacionados con el combate a la corrupción.

“Estaba muy enfocada en su origen a combatir a la delincuencia organizada, con procedimientos para que los bienes de ésta pasen a ser propiedad del Estado para ser utilizados estos recursos. Era el enfoque inicial, para pegarles en la parte económica y debilitarlos. Ahora, conservando esta idea, se le da un matiz para el combate a la corrupción”.

Esto se haría, de acuerdo a nuestro entrevistado, para “abrirles a los involucrados procesos para que esos bienes, lo que en muchas ocasiones sabemos se compra, puedan perderlo y pase a ser un bien que el Estado pueda vender. Es un tema importante y la legislación se va a abrir para considerar esto”.

Adicionalmente, también se homologarán las leyes con los estados, debido a la complejidad que existía para aplicar este tema, “ahora lo que se está pensando es tener una sola ley para la extinción de dominio y crear juzgados especializados”.

Unos ejemplos

De la Garza explicó para nuestros lectores lo que podría pasar en un caso hipotético, aunque con elementos reales. Nos referimos al caso Odebrech y los señalamientos que han recaído sobre el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya.

“Hay una acusación de carácter penal en contra de Lozoya. Si proceden, se abre la puerta para que en una instancia civil se plantee por parte del gobierno que sus casas, terrenos, cuentas bancarias vinculadas con estos delitos se perdieran a favor del Estado y se pudieran subastar. El enfoque que tenemos en México es que haya un castigo, una sanción, una pena que priva de la libertad, ahora además incluye la pérdida de los bienes y aplica en otros casos como el de Javier Duarte de Veracruz, si se le llega a demostrar culpabilidad”.

Además, nuestro entrevistado nos explicó que sucedería si alguno de estos bienes estuvieran escriturados a nombre de un familiar.

“¿Qué tanto un tercero que está ajeno a un acto de corrupción actuó de buena o mala fe? Se ha dicho que la extinción de dominio aplicaría a los transportistas que ayuden en el tráfico de personas o a quien rente un terreno para estacionamiento de autos robados. Habrá que decidir bien en este tema para no cometer una injusticia. En principio, si se demuestra que se actuó de buena fe, habría un respeto. Cuando se habla de las esposas, hay que ver de donde provienen los recursos, porque puede haber un cierto grado de complicidad, pero no es tan sencillo pensar que pongo a mi esposa y ya se salvan los bienes”.

Es por esto que se busca perfeccionar el marco legal para contar con una nueva arma para abatir el crimen organizado, en vez de la manera en que se ha hecho en los últimos años.

“Se está tratando de que los tecnicismos no influyan en que haya menos casos de extinción de dominio, mejorando el modelo y la legislación, como ha sucedido en Italia en donde pudieron atacar al crimen organizado, porque la óptica actual ha sido la de confrontación, algo que nos ha salido muy caro, porque la extinción de dominio permite una estrategia económica, junto con el combate al lavado de dinero, permite atacar al crimen desde otra trinchera que no sea tan costosa para el país, porque no ha bajado el crimen organizado y ha aumentado el número de muertos”.

El extranjero

Otra dificultad para aplicar la extinción de dominio lo representa la posibilidad de que alguien adquiera, mediante corrupción, bienes en el extranjero.

“En principio, las leyes mexicanas no tienen la posibilidad de aplicarse en otros territorios. Esto ha sido un discusión con los Estados Unidos, porque buscan que sus leyes se apliquen fuera de su país. Las leyes se aplican en el país en donde se emiten, pero esto no quiere decir que no haya un mecanismo cooperación con naciones que tengan leyes parecidas, con procedimientos análogos de extinción de dominio, lo que lo hace más complejo”.

Finalmente, José Mario de la Garza considera que aunque la ley sea adecuada, es necesario poner atención en su implementación para que tenga éxito.

“México es un país con leyes suficientes, la implementación es importante, los recursos, los juzgados, con policías que investiguen, pareciera que no hay una buena investigación y unidades de inteligencia que comprueben la propiedad, cambios patrimoniales, no basta con tener una buena ley, sino que hay muchos más capítulos que hay que ver, habría que crear una política pública, una forma de implementación y esperemos que se apruebe en el Senado y tengamos esta legislación aprobada”.

@AReyesVigueras