Luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump decidió elegir de nuevo a México y al problema migratorio como temas para ganar simpatías electorales con miras a su reelección, manteniendo latente su amenaza de imponer más aranceles a las exportaciones mexicanas si no se cumple en determinado plazo con la contención de migrantes en su frontera sur, es inaplazable ir valorando hasta qué punto los caprichos del mandatario no alterarán en el corto plazo el contenido del T-Mec en asuntos de vital importancia para nuestro país como lo es el energético.
Ante de su firma del 30 de noviembre pasado, se habló de que en la redacción original del documento estaba inmerso todo el contenido de la Reforma Energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, razón por la que el entonces presidente electo logró que dos puntos fueran excluidos del nuevo acuerdo.
Por un lado, la imposición de Estados Unidos de un capitulo energético cuyo que contemplaba una integración regional en este rubro, planeada de antemano por el anterior gobierno y apuntalada por las Zonas Económicas Especiales (ZEE), como vía para mover los hidrocarburos de los estados sureños de la Unión Americana a nuestro país.
Y por otro, el lograr que el Estado mexicano se reserva la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos de su subsuelo, como también de sus riquezas naturales, así como el derecho a modificar su Constitución y leyes para su salvaguarda.
Pero si bien se logró que el voluminoso capitulo energético fuera excluido no se impidió que el nuevo gobierno cumpla sus compromisos con las empresas extranjeras que obtuvieron contratos en el marco de la Reforma Energética; de hecho, a las compañías petroleras se les otorgó la facultad de producir en México bajo una liberalización de la industria.
En tal sentido, funcionarios involucrados en la negociación del T-Mec, entre ellos José Seade, han reiterado que las inversiones en materia energética se respetarán, según lo establecido en las reglas de operación de la Reforma Energética de Peña Nieto, lo que abre espacio a una probable contradicción jurídica, pues si la nueva administración pugna por una revisión de lo ya pactado para cambiar el marco legal, con el objetivo de fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con toda seguridad los inversionistas estadounidenses reclamarán daños y prejuicios si consideran amenazadas sus inversiones, dando la excusa perfecta a Trump para, como es su costumbre, contraatacar a México.
En la firma del nuevo tratado se estableció una vigencia inicial de 16 años, con la salvedad de revisarlo cada seis años, por lo que otro de los capítulos sobre el que el gobierno norteamericano y sus congresistas harán marcaje personal para ratificarlo o no será el de las nuevas reglas en materia de trabajo que en lo inmediato conllevaron a la aprobación de la Reforma Laboral y que contemplan una mayor democracia sindical, el respeto a la contratación colectiva y a la libre sindicación, entre otros puntos.
Y como se aprecia, Trump o cualquier político que arribe a la Casa Blanca el próximo año, tiene la puerta abierta para agredir en lo político y comercial a nuestro país. Y más vale estudiar la forma de eliminar estos recovecos para evitar que sean utilizados de manera convenenciera por nuestros vecinos del norte.