Un total de 56 presos políticos, encarcelados a raíz de la rebelión estudiantil del 18 de abril de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, fueron liberados la madrugada del 11 de junio luego de permanecer durante meses tras las rejas acusados de “delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”.
Los detenidos, que ignoraban que iban a ser liberados, fueron entregados a la Cruz Roja Internacional (CICR), que los trasladó en combis a sus respectivos domicilios en la capital Managua.
Escenas de júbilo, compartidas en las redes sociales, registraron el momento en que los detenidos eran recibidos en sus barrios por familiares y cientos de vecinos envueltos en la bandera nacional azul y blanca, convertida en símbolo de resistencia contra el gobierno, al grito de “¡Patria libre y vivir!”
La represión a las protestas contra Ortega, un ex guerrillero de 73 años aferrado al poder desde 2007 y que en los 80 encabezó la revolución sandinista tras derrocar a la dictadura somocista, provocó una grave crisis política con saldo de al menos 325 muertos, miles de heridos y más de 70 mil exiliados, según cifras de organismos humanitarios nacionales e internacionales.
La liberación de los presos –que vivieron momentos de temor de madrugada, ya que fueron sacados con insultos de sus celdas, sin que se les dijera su destino– incluyó a los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, los periodistas independientes Lucía Pineda y Miguel Mora, la estudiante nicaragüense-belga Amaya Coppens y los líderes universitarios Edwin Carcache y Byron Estrada. También fue puesta en libertad la comerciante Irlanda Jerez, una de las primeras en ser detenidas por la policía tras denunciar sin tapujos la “dictadura” de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La excarcelación tuvo lugar cuando faltaba una semana para que venciera el plazo de 90 días acordado por el gobierno con la opositora Alianza Cívica, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Vaticano.
La víspera, Ortega sorprendió dictando de manera unilateral una Ley de Amnistía que es también “autoamnistía”, ya que establece que no se investigarán los crímenes que cometieron los policías, paramilitares, y partidarios del régimen y sus autores intelectuales desde hace más de un año.
Según el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial (www.com.ni) y exiliado en Costa Rica ante las amenazas de muerte, con la “autoamnistía” el presidente Ortega admitió la responsabilidad de su gobierno en la matanza, aunque “no puede borrar su propia responsabilidad como Jefe Supremo de la Policía y la de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, porque de acuerdo al derecho internacional estos son imprescriptibles. Se trata, por lo tanto, de una estrategia de protección política temporal para sus partidarios, mientras se mantenga en el poder un régimen que atraviesa por una crisis terminal”.
Según José Pallais, vocero del movimiento Alianza Cívica, creado a raíz de la rebelión de abril, aún quedaban 86 presos políticos en las cárceles luego de la liberación de los principales dirigentes de la protesta cívica y espontánea que sacudió al orteguismo en la crisis política más aguda desde la revolución de 1979.
De acuerdo con Carlos Fernando Chamorro, queda pendiente el sobreseimiento definitivo o absolutorio de los juicios políticos, o sentencias absolutorias de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para los que ya han sido condenados, “cuando la amnistía otorga el beneficio de la excarcelación de forma condicionada, mientras pretende mantener el Estado de sitio de facto sin restituir las libertades democráticas”.
Pero, destaca, “paradójicamente, la ley diseñada para negar, ocultar, y encubrir, está iluminando la ruta de salida del túnel de la dictadura”, al colocar en primer plano de la agenda nacional la demanda de verdad y justicia que han enarbolado las Madres de Abril. “Después de esta amnistía –dice Chamorro–, el reclamo de justicia sin impunidad es inseparable de la demanda de elecciones libres. “Erradicar la impunidad en los crímenes de la represión y la corrupción, es una condición sine qua non para la sostenibilidad de la democracia, y por primera vez en la historia nacional el rechazo a una amnistía, ahora puede llegar a formar parte de un consenso nacional fundacional”.
Para la Alianza Cívica, a nombre de todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales opuestas a Ortega-Murillo, la liberación incondicional de todos los rehenes políticos y la restitución de las libertades democráticas (libertad de prensa, de expresión, de movilización y autonomía universitaria), son parte de un mismo proceso con miras a una reforma electoral que lleve a la convocatoria de elecciones anticipadas, cuando Ortega se ha negado a adelantar los comicios de 2021.
El movimiento opositor se gestó al calor de las movilizaciones espontáneas contra una reforma, primero, al seguro social y luego contra la represión y por democracia; nuclea a estudiantes universitarios, campesinos, trabajadores, profesionales y sectores medios, mujeres, víctimas de la represión, movimientos “19 de Abril”, partidos políticos democráticos y organizaciones de la sociedad civil, junto a productores y empresarios.
Estados Unidos y la Unión Europea se aprestaban a aplicar más sanciones económicas al gobierno de Ortega –con un crecimiento de -3.8 por ciento en 2018 y la quiebra de miles de empresas y negocios por la crisis– para presionar por la excarcelación de presos, cese de la represión policial y paramilitar y adelanto electoral, cuando se dio la excarcelación saludada también a nivel internacional por parte, entre otros organismos, de la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que calificó la liberación como un “paso positivo hacia el restablecimiento de sus derechos” en el país.
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, un crítico de Ortega trasladado en abril a Roma por el papa Francisco en una decisión fuertemente cuestiona en Nicaragua por su feligresía y la oposición, saludó en Twitter la medida. Sin tapujos, como siempre habla, Báez manifestó: “Recibo con inmensa alegría la noticia de que están fuera de la cárcel tantos nicaragüenses que nunca debieron estar allí”.