Entrevista a Lisa Sánchez, México Unido contra la delincuencia

Para la directora de México Unido contra la delincuencia, Lisa Sánchez Ortega, el incremento en el número de delitos –como el secuestro del estudiante Norberto Ronquillo lo indica– debe obligar al gobierno de la CDMX a revisar la política criminal en la materia, al tiempo que expresó su preocupación de que en aras de la austeridad se desarticulen esfuerzos como la profesionalización de especialistas en seguridad, cuya desaparición implica un costo mayor al posible ahorro y que afecta a la ciudadanía.

Su opinión sobre el desbordamiento de la delincuencia en los últimos meses en la ciudad  de México..

Hemos estado revisando las cifras de incidencia delictiva, que se miden por el número de carpetas de investigación iniciadas por la autoridad y no el número de delitos ocurridos. Hay un comportamiento atípico al alza de los últimos 4, 5 meses, en la mayoría de los delitos: homicidio, extorsión, secuestros y delitos sexuales que podrían responder a un ajuste estacional por el cambio de gobierno.

Digo comportamiento atípico y no incremento porque si se grafican las cifras estables, la curva sí muestra un incremento en estos cuatro meses en los que aumentó esta percepción de inseguridad, pero los delitos crecen de manera exponencial y al siguiente mes disminuyen de manera igual y así sucesivamente. En el caso del secuestro, en los últimos 4 meses se comportan como una especie de M, hay un pico de 16 secuestros reportados en la CDMX en enero de 2019 y luego bajamos a cero para abril.

Esto tiene que ver con el cambio de administración y existen varias hipótesis: la primera es un rompimiento de acuerdos de estabilidad entre autoridades y organizaciones criminales; dos, tiene que ver con la reorganización institucional que quizás ha dejado vacíos de poder, hablo de la aplicación de las medidas de austeridad republicana en que desaparecen ciertas áreas dentro de la policía y la fiscalía, y tres, tiene que ver con una dinámica criminal que reta al gobierno para forzar, no necesariamente acuerdos, pero sí para demostrar poderío frente a un gobierno nuevo con titulares nuevos en muchas áreas.

Hay que analizar si no hay efectos de la política anticrimen que se ha gestado tanto de manera inmediata como en el largo plazo. En una semana vimos un récord de detenciones de líderes de organizaciones criminales, que quizás nos podrían llevar a una disminución en el largo plazo o a lo mejor tiene un efecto similar al de la política de desarticulación que en realidad hace crecer la violencia.

El ex jefe de gobierno Miguel Mancera dijo que, entre otras de las causas, está la reforma del código penal que permitió la salida de 50 mil reos, donde algunos han reincidido…

Mancera no tiene ninguna legitimidad para opinar sobre seguridad en la CDMX. Si algo demuestran las curvas de incidencia de delitos reportados es que durante su administración la actividad criminal subió de manera desmedida.

Me molesta que la culpa siempre sea del paradigma garantista de administración y procuración de justicia, porque se le echa la culpa al tema de la puerta giratoria y a que no se autorice a la autoridad para que pueda detener a la gente y una vez arrestada, se investigue si cometió o no un delito, cuando en realidad el funcionamiento institucional tiene que ser a la inversa.

Si dejamos que por código penal se aplique prisión preventiva oficiosa a todos los mal llamados delitos graves y no le damos incentivos positivos a la autoridad para que tipifique bien los delitos, arme bien los informes policiales homologados, presente bien el caso ante el Ministerio Público y éste los judicialice de manera correcta para que los jueces determinen la pena que le corresponde al imputado, en realidad, el efecto de impunidad es mayor en el largo plazo.

Son funcionarios públicos que no hicieron su trabajo y buscan una justificación para convencernos de que en realidad nuestra única salida para la delincuencia es la mano dura y el populismo penal.

El problema del aumento en los delitos de alto impacto, se vuelve más grave por la austeridad que rompe con los esfuerzos que empezaban a consolidarse en la materia.

 

Vemos el incremento de secuestros en personas de todos los niveles, sin embargo el asesinato de Norberto ha dolido mucho…

Primero, el secuestro afecta mucho a la sociedad, es la percepción de inseguridad no solo porque es un delito que transcurre en el tiempo de manera activa y no es un episodio de cinco minutos como podría ser un robo o lesiones y amenazas. Es un delito que se mantiene mientras la persona está privada de su libertad.

Segundo, ejerce un daño patrimonial a las familias que en las negociaciones acceden a pagar rescates. Tercero, es un delito que normalmente deriva en la comisión de otros, no solo se consuma el secuestro sino que como en el caso de Norberto, se consuma el homicidio doloso.

Hemos participado como organización, en los últimos 20 años, en la profesionalización de instituciones de seguridad y procuración de justicia para la atención al delito de secuestro. Celebramos durante muchos años la creación de los equipos negociadores profesionales al interior de la policía federal, la creación de las unidades anti secuestro al interior de las fiscalías locales.

Hay que volver a poner atención a este delito que durante el sexenio pasado había bajado, no necesariamente por causas atribuibles a la autoridad –el número de carpetas fue constante durante toda la administración–, pero sí para volver a tener estrategias de prevención y no de reacción frente al secuestro.

Como autoridad y como sociedad dejamos de poner atención a la comisión de estos delitos, en su prevención y frente a picos importantes como los que vimos este año que vuelven con toda su fuerza en la agenda mediática, nos debe llevar a revisar la efectividad tanto de la política criminal que tenga la CDMX y el país, en torno a la persecución del delito-secuestro como al funcionamiento de las autoridades que activan o no los protocolos y que contaminan o no la evidencia para poder lograr una acción más inmediata que hubiese permitido rescatar con vida a Norberto.

Ustedes han participado en la profesionalización de equipos antisecuestro, negociadores. Hoy, con la austeridad del gobierno muchos de estos elementos han sido despedidos…

Nos reunimos con las autoridades federales y locales y hemos señalado que nos preocupa que en aras de la austeridad lo que se termine haciendo es desarticular esfuerzos que tomó muchos años consolidar. Una de nuestras preocupaciones es que con la creación de la Guardia Nacional y la absorción subsecuente de la policía federal al interior de la misma, se crea la incertidumbre de dónde van a quedar localizadas y si van a permanecer vigentes áreas tan importantes como la policía científica, la de investigación y la unidad especializada a delitos como secuestro.

Por el momento no tenemos información para decir de qué tamaño es el daño que la austeridad ha causado tanto a nivel federal como local, pero es un tema de agenda, porque una cosa es lograr ahorros y otra, desarticular esfuerzos en los que se invirtieron muchos años y que tienen un costo mayor al posible ahorro.

¿Cómo ha visto el plan de seguridad de la CDMX y la queja incluso hacia el presidente López Obrador y Sheinbaum por la insensibilidad hacia situaciones como el secuestro de Norberto?

Una de las cosas desafortunadas en esta administración es la manera en que se comunican las decisiones de gobierno o los argumentos del gobierno en casos particulares. El caso de Norberto lo refleja, la jefa de gobierno estuvo en Tijuana para el acto simbólico de oposición al gobierno de Trump y finalmente hubo una salida pública de la fiscalía de la CDMX después de que se recibió tanto a la madre de Norberto como al rector de la Universidad. Se esperó a la presión ejercida por las autoridades y de los familiares y no hubo una salida más expedita.

Lo matizo, si bien fue desafortunada la comunicación en ese caso, tengo que reconocer es que en esta administración hubo un reconocimiento desde el primer día de la magnitud del fenómeno delictivo de la ciudad que no hubo en la pasada, donde se negó de manera categórica y sostenida que hubiese presencia del crimen organizado en la ciudad.

En esta administración se reconoce que existe, se lanzan operativos para detener a los liderazgos del crimen organizado transnacional y se lanza un plan del que desconocemos los detalles.

Hay pendiente la presentación del Plan Integral de Seguridad en el que sabemos que se incluye uno de los aspectos más negados a nivel federal y en muchas otras entidades, que es una apuesta por un modelo verdadero de desarrollo policial.

Ahora, eso no justifica que en lo inmediato no veamos acciones más vigorosas y mejor comunicadas de contención de la inseguridad, no se justifica. La administración de Claudia Sheinbaum tiene que hacer un balance y un análisis de cómo comunicará en lo subsecuente los esfuerzos que se realizan.

Respecto del presidente y sus declaraciones muchas veces son desafortunadas. Me interesa rescatar que esos errores de comunicación tienen un costo, muchas de las personas que son víctimas del delito no acuden a denunciarlos por esa desconfianza en las autoridades y cuando éstas salen a comunicar mal la atención de un delito, se refuerza la lógica de desconfianza en las instituciones.