A pesar de todo el trabajo político y legislativo que costó, la Guardia Nacional tendrá en los hechos un funcionamiento limitado por los derechos humanos y por la ley de uso de la fuerza. El modelo de seguridad policial dependerá de variables definidas en lo general, pero hasta ahora sin iniciativas concretas y sobre todo sin asignaciones presupuestales porque tendrán un altísimo costo de recursos económicos.
Los puntos más importantes son los siguientes:
1.- El nuevo modelo policial nacional. Este punto implica la reorganización y limpieza de las policías estatales y municipales que hasta ahora los gobernadores han desdeñado a pesar de su prioridad en la estrategia. Del alrededor de 350 mil policías estatales y municipales, más de la mitad carecen de capacidad, aunque muchos de ellos hayan pasado los exámenes las generales de profesionalización. La certificación de policías estatales es el más delicado de los programas…, y el más costoso porque habrá que liquidar laboralmente a los que de ninguna manera pasarán los exámenes.
2.- La prevención del delito. En teoría este punto es muy sencillo de perfilar, pero será muy complejo operar y sobre todo obtener resultados. Inversiones sociales y cultura cívica serán apenas algunas de las tareas. Dicen los expertos que la mejor prevención del delito radica en el endurecimiento policial y penal, de tal manera que los aspirantes a delincuentes vean la carestía de sus intenciones de pasarse al lado oscuro de la legalidad. El desarrollo económico ayudará, sin duda, pero en el fondo la parte sustancial estará en un sistema penal disuasivo, inclusive más que la propia Guardia Nacional.
En este punto el Plan Nacional de Desarrollo tiene intenciones generosas, pero prácticamente imposibles de lograr: disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia, mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, su racionalización y a la reparación del daño cometido en las víctimas. En los EE. UU. se combate la reincidencia delictiva con el modelo de los tres strikes que se puso en operación en Los Angeles, California: al tercer delito in fraganti, el delincuente pasa a cadena perpetua. Y el otro punto radica en que la reincidencia muchas veces es propiciada por los propios policías que ponen a trabajar en actos delictivos a los presos liberados.
3.- Y finalmente se presenta, asociado a lo anterior, el tema de los penales operando como centros de perfeccionamiento de delincuentes. Nadie tiene el control de las cárceles. El poder económico y criminal de los delincuentes inhibe la función de las autoridades y custodios. Durante años se creyó que la militarización de las direcciones de los penales sería un elemento disuasivo, pero al final ni siquiera los militares pueden tener control sobre la organización criminal dentro de las cárceles. La única manera radica en la construcción de penales que impidan la socialización entre delincuentes. Basta que dos delincuentes se contacten para construir ya delincuencia organizada. Ello implicaría la destrucción de la mayoría de los casi 400 penales.
Toda la atención se ha centrado en la Guardia Nacional y en el tema de la militarización, pero en realidad la crisis de seguridad es general, de proyecto y de administración, de viejas reglas de funcionamiento, de cuerpos policiacos descuidados, fragmentados y sin control.
La tarea de reconstruir una estrategia de seguridad que atienda la crisis provocada por el crecimiento de las bandas del crimen organizado y las oscilaciones en las estructuras –sin Secretaría de Seguridad hasta 2000, con Secretaría de Seguridad de 2001 a 2012, después otra vez sin Secretaría de Seguridad 2012-2018 y de nuevo con Secretaría de Seguridad a partir de 2018– dejaron libertad a los delincuentes para crecer con la complicidad del sistema de seguridad, de justicia y penal.
Las nueva Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la responsabilidad de poner orden –primero– en las estructuras de gobierno desarticuladas y –después– definir una política de seguridad que dé resultados casi de inmediato porque ya no habrá que esperar a finales de sexenio para las evaluaciones críticas.
La seguridad estratégica de la república no va a depender de la Guardia Nacional sino de una política de Estado que logre convocar a la sociedad. Pero partiendo del hecho de que la inseguridad fue responsabilidad del gobierno y la recuperación de la seguridad debe ser también responsabilidad del gobierno.
Zona Zero
- Nada se sabe de la organización del Sistema Nacional de Inteligencia, pero este instrumento será vital para completar el trabajo operativo de la Guardia Nacional: un diagnóstico de las bandas de del crimen organizado/desorganizado por estados y municipios. El SIN tendría las funciones de los ojos y oídos de la seguridad pública.
- Un enigma que ha causado inquietud fue el asesinato del líder sindical del sector petroquímico Gilberto Muñoz Mosqueda. Si fue un asesinato de circunstancias en Salamanca, Guanajuato, el tema no daría para más. Pero los ajusticiamientos a balazos llevan mensajes implícitos de guerra entre bandas criminales. El temor radica en que las estructuras sindicales pudieran haber sido penetradas por los cárteles y sus intereses.
- La clave de la intervención de la Guardia Nacional en Morelos estará determinada por la necesidad de que las policías estatales y municipales pasen antes por una limpieza de sus establos, toda vez que se han acumulado testimonios de que las principales bandas criminales han puesto a los locales a su servicio. Los primeros meses de gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco no han podido poner orden en sus cuerpos de seguridad y el distanciamiento del mandatario estatal de los municipales empeora la inseguridad. Así que no todo será la GN.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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