Es indudable que el presidente López Obrador ha pretendido concentrar el poder de manera exacerbada; lo que obedece a una lógica de control político, aun cuando pueda afectar la gobernanza y el equilibrio constitucional.
En efecto, las acciones del presidente se enfocan en un control absoluto, aún de su propio Poder que le compete constitucionalmente de acuerdo al artículo 80, y que está regulado por diversos instrumentos jurídicos, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, que no son respetados a cabalidad, por ejemplo, cuando se otorgan las facultades migratorias al Secretario de Relaciones Exteriores.
En el caso del Poder Legislativo es natural que, con la mayoría de Morena, el presidente imponga la agenda legislativa, a veces contraviniendo a sus propios dirigentes parlamentarios. Lo mismo sucede en el caso del Poder Judicial, en donde ha sido más respetuoso, pero influye a través de sus facultades constitucionales de proponer a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otra trinchera de control, los gobernadores de los estados libres y soberanos, están sometidos a las acciones que realizan los “super-delegados”, en esta nueva figura político-administrativa.
En cuanto a los Organismos Constitucionales Autónomos, ha sido claro el desprecio manifestado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al negar el presidente López Obrador su asistencia al informe del presidente del dicho organismo, tal como lo dicta la Ley Orgánica respectiva. De la misma manera, las propuestas de reforma al Instituto Nacional Electoral, enfrentan al Ejecutivo, operando a través del Legislativo, contra la estructura de eficiencia probada –aun cuando muy cara– de dicha institución.
Esta actitud se refleja en otras decisiones que no se refieren al sector público directamente, sino a su influencia en los Partidos Políticos nacionales, no sólo en los que lo apoyaron, sino en todos.
Por ahora, nos referiremos a la Iniciativa de Reforma Educativa –ya comentada– que el presidente envió a la Cámara de Diputados para reformar el Artículo 3ro., constitucional, en donde no solamente omitió, sino propuso cambiar el texto de la fracción VII de dicho precepto, lo cual significaba la desaparición del concepto constitucional de “autonomía de las universidades públicas”, cuyo régimen así lo acredita. Afortunadamente la comunidad académica ejerció presión en el Congreso de la Unión, para que el texto constitucional fuera respetado y subsistiera el original.
Por todo lo anterior, podemos considerar como oportuna la acción que emprendió la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, el pasado día 13 de junio, al conmemorar el 80 aniversario de la autonomía, que el presidente Emilio Portes Gil –obligado por el movimiento de los estudiantes– otorgó a nuestra máxima casa de estudios.
En ese aniversario, el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, hizo una apología del significado de la autonomía universitaria y, claramente abrió la puerta, para impulsar la probable “reelección” del actual Rector, Enrique Graue, quien ahí se encontraba presente; posteriormente, el doctor Máximo Carvajal, ex director de esta Facultad, abrió el inicio de este proceso reeleccionista, con la consecuente ovación de quienes allí estábamos, en el viejo Colegio de San Idelfonso. Cabe señalar que el rector Graue no hizo referencia explícita a este tema, pero no hay duda que estuvo absolutamente de acuerdo.
En estos momentos, la nación requiere de la autonomía universitaria, como una herramienta esencial para el futuro de la nación. Conservar el proceso democrático que ha conducido a nuestra máxima casa de estudios, para convertirla en la mejor Universidad de habla hispana, debe continuarse; por esa razón, es fundamental apoyar la oportuna reelección del doctor Enrique Graue en la UNAM.
El autor es profesor de tiempo completo “nivel C” de la Facultad de Derecho de la UNAM.