Entrevista Gerardo Carrasco, miembro #NoMásDerroches
El juez décimo tercero de Distrito en el Estado de México ordenó suspender definitivamente de la construcción del aeropuerto de Santa Lucia tras la demanda de amparo promovida por residentes del municipio de Zumpango a través del colectivo #NoMásDerroches y no continuarán las obras hasta que no se cuente con los estudios de impacto ambiental y de patrimonio cultural.
Esta es la segunda resolución judicial que ordena la suspensión de las obras en Santa Lucía. La primera fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, promovido por el empresario Juan Ramón Morera, hermano de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, que acaba de ser suspendida pero puede ser impugnada.
Gerardo Carrasco, vocero del colectivo #NoMásDerroches habla a Siempre! Sobre la situación legal que guarda la construcción del aeropuerto de Santa Lucía:
“Hasta hoy tenemos siete resoluciones de suspensión con efectos distintos; unas de carácter provisional otras de carácter definitivo aunque podemos hacer un análisis conjunto de estas resoluciones.
“En primer lugar, que no se continúe con la planeación del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se demuestre que se cuenta con los dictámenes, permisos, estudios y autorizaciones y también que se paralice cualquier orden ejecutiva que pretenda destruir, desmantelar, desmontar o inundar el aeropuerto de Texcoco, hasta que se resuelvan los juicios de amparo.
“Estas resoluciones de suspensión definitiva pueden ser impugnadas por parte de las autoridades –la Secretaría de Comunicaciones y Transportes– y se resolverá por parte de un tribunal Colegiado de Circuito en última instancia si las sentencias fueron dictadas de manera correcta o no.
“Déjame ahondar en los estudios que se requieren. A final de cuentas las autoridades tiene la potestad de decidir en dónde y cómo se realiza el proyecto de infraestructura, sin embargo, se requieren estudios mínimos necesarios para la seguridad de todos. Hasta el día de hoy, no se cuenta con un solo estudio que avale el proyecto de Santa Lucía, hablo de un estudio completo y complejo exigido por la leyes.
“En primer lugar, se requieren autorizaciones en materia de impacto ambiental no solo por parte de SEMARNAT sino también por parte del Gobierno del Estado de México porque las áreas naturales protegidas aledañas al terreno de Santa Lucía son de índole estatal; en segundo lugar, autorizaciones en materia de prospección arqueológica porque se ha estado descubriendo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de los años, una serie de vestigios arqueológicos prehispánicos, incluso huesos y molares de mamuts, restos de dientes de tigres de sable, peces y restos mega fauna prehistórica. Ahí también se encuentra la ex hacienda de Santa Lucía que fue declarada monumento histórico por parte del INAH, eso desde el punto de vista del derecho a la cultura”.
Seguridad, no se construye un edificio
El vocero de #NoMásDerroches explica que aún más importante son los estudios en materia de seguridad aérea, ya que no se construye un edificio o una fábrica, se construye un aeródromo al que se le pretende dar el carácter de aeropuerto civil-internacional.
“Como requisito debe tener un mínimo de seguridad, que exigen no solo las leyes mexicanas sino también los tratados internacionales adoptados por México.
“En materia aeronáutica, se requieren estudios respecto a la reorganización del espacio aéreo debido a los tres aeropuertos de la zona metropolitana que se pretenden operar de manera simultánea, así como estudios de impacto social. Decía la sentencia que se necesitan estudios o gestiones de viabilidad política interinstitucional, es decir, son muchas las materias sobre las que deben de versar los estudios, exámenes, autorizaciones, y no será como se están decididos al día de hoy en los tribunales. Hasta que se tengan todos estos estudios se pueda empezar a construir Santa Lucía”.
Se señala que al gobierno federal no le ha gustado la orden del juez respecto de no alterar las obras ya construidas…
No sé que sentimiento haya, no he platicado con ningún funcionario público al respecto. Creemos que es algo positivo para ambos, al final la inversión que ya se ha hecho en ese aeropuerto, es bastante importante y que por lo menos no se destruya o sea inundada hasta que se resuelvan los juicios de amparos, esa es la pretensión. En el caso de que se destruyan, quizá pueden llegar a quedar sin materia algunos de los juicios, lo que no sería positivo para la estrategia jurídica.
Nosotros no defendemos Texcoco, defendemos la legalidad en cualquier proyecto de infraestructura. Tenemos elementos suficientes para afirmar que el área de Texcoco es donde debiera quedar un aeropuerto nuevo metropolitano. El cómo se realizó el tema de Texcoco no lo conocemos y no podemos avalarlo, no sabemos cómo se dio el contexto de las adjudicaciones contractuales en Texcoco, pero en este punto no debe centrarse la discusión.
Lo fundamental es si es o no legal y constitucional que se construya un aeropuerto, sin que se cuente con los estudios técnicos, económicos, financieros, jurídicos, ambientales, aeronáuticos que lo avalen.
No estamos en contra de nadie, no somos adversarios, ni tenemos ningún tipo de interés político, mucho menos económico. Estamos a favor de que el Poder Judicial revise las decisiones del poder Ejecutivo que pueden ser cuestionables desde el punto de vista legal. Lo que se diga en los foros, en el debate público o en el mediático, es irrelevante para lo que sucede en los expedientes, porque quien decidirá será el juez.
Tenemos mucha confianza en nuestro Poder Judicial, que es quien va a decidir con base en los expediente. La mayoría de los jueces y magistrados son personas correctas, honestas, imparciales, autónomas en los procesos que resuelven. No se fijan en las cuestiones mediáticas o políticas alrededor de los asuntos y nosotros nos concentramos en robustecer nuestra defensa, nuestros argumentos y tratar de probar todo lo que estamos afirmando. Será el Poder Judicial quien tenga la última palabra.
La respuesta del Presidente ha sido que hay intereses de grupos políticos, económicos en Texcoco…
El gobierno tendrá su estrategia de comunicación, pueden estar en su derecho de expresarse pero creo que se tiene que velar por cuidar la confidencialidad dentro de los expedientes, al final de cuentas no se justifica el exhibir a una persona cuando simplemente está ejerciendo su derecho de acceso a la justicia.
Esperarían que este caso fuera atraído por la Corte?
Es posible, no podemos anticipar nada. La Corte está facultada para atraer asuntos que tengan jurídicamente un interés, una importancia y una trascendencia jurídicamente hablando. Cualquier litigio puede ser trascendente políticamente hablando pero jurídicamente –ya se han resuelto casos similares– no tendría porque ser analizado por la Corte. Sin embargo creemos que este asunto tiene una importancia relevante desde el punto de vista constitucional, es decir, si es revisable o no por parte del Poder Judicial de la Federación el uso eficiente de los recursos conforme a los principios del artículo 134 constitucional.
Será decisión de la Suprema Corte, si en segunda instancia decide atraer alguno de estos procedimientos de amparo. Insisto nos concentramos en el expediente, en anticiparnos a ciertas estrategias legales, robustecer pruebas con independencia de las descalificaciones o decisiones que se puedan llegar a dar en temas de comunicación. Al final, lo único que queremos es que se respete la ley en este tipo de proyectos de infraestructura.