Esta semana se dieron diferentes acontecimientos noticiosos de diversa índole, básicamente relacionados con la seguridad y la impunidad.

Por una parte, por primera vez se aborda a fondo –con acciones jurisdiccionales— el tema más debatido en la corrupción latinoamericana, que tienen que ver con los escándalos del caso Odebrecht, cuyos resultados han descabezado gobiernos, han provocado el suicidio lamentable del ex presidente de Perú, Alan García, el encarcelamiento de líderes sociales de gran importancia –por su trayectoria política— como el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva y, en general, sacudió las estructuras políticas y financieras, cuando menos de América Latina.

En México, a pesar de las últimas declaraciones que formuló al presentar su renuncia el ex Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se guardó un largo silencio en este tema y, finalmente, el pasado martes 28 de mayo se dio a conocer dos órdenes de aprensión: una, en España, con objeto de extradición, en contra del señor Alonso Ancira, polémico empresario y principal accionista de Altos Hornos de México y el congelamiento de cuentas de esa empresa; y la otra orden de aprensión, contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex. Lo menos que espera la opinión pública en este tema, es que exista claridad en los procesos jurídicos, que no permitan ni chivos expiatorios, ni impunidad flagrante.

En Michoacán se dieron dos acontecimientos que vale la pena enunciarlos: uno, relacionado con el descaro y cinismo del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes –en un acto de soberbia y de impunidad— irrumpieron en la población de Zamora, Michoacán, con un contingente de camionetas con hombres armados que, inclusive, llevaban pintados ostensiblemente los logos de su organización criminal “CJNG”. Es verdaderamente indígnate que estas acciones sucedan a la luz de todos y no exista el mínimo intento de las autoridades federales y locales, de detener este tipo de obscenidades, que lo único que logran es que el pánico, la desesperación y el miedo, se apodere de la mayoría de los ciudadanos, que pacíficamente se dedican a sus labores cotidianas. Y, el segundo acontecimiento, se dio en la población de “La Huacana” donde se ofendió al ejército nacional, deteniendo a algunos de sus integrantes que –estoica y dignamente— tuvieron que aceptar una agresión absurda, que inclusive los privó de sus armas y de su libertad. Nadie está pidiendo que ellos optaran por la violencia, pues, si lo hubieran hecho, se habrían atenido a la doctrina militar de destruir al enemigo y, esto, hubiera provocado una matanza de la población civil de proporciones impensables. En este hecho podemos precisar la diferencia entre la doctrina policial, que tiene que ver con la seguridad pública y la acción militar, que afortunadamente no se dio.

Sin embargo, no puede ser que las fuerzas del ejército y la armada nacionales sigan actuando bajo este principio, de no reprimir, ni siquiera en defensa propia. En estos temas es donde debe entrar –a plenitud— la Guardia Nacional, con una política apegada a los derechos humanos, pero al mismo tiempo, con energía, estrategia y decisión, para detener y corregir y a la criminalidad.

Es urgente que la política de seguridad pública contenga a la ola criminal que, en diferentes niveles –pero en todo el territorio nacional— nos amenaza.

Las acciones de la Fiscalía General de la Nación y de la nueva Guardia Nacional son fundamentales en este momento, donde el gobierno no debe rendirse, ni pedir tiempo, sino actuar en consecuencia con lo que está sucediendo.

Esta política será fundamental para definir el éxito, o el fracaso, del nuevo gobierno.